Cuando los ciudadanos dominicanos piensan en los servicios de inteligencia del Estado, la figura que emerge en sus mentes es la de un órgano que desconoce los derechos fundamentales y traspasa la intimidad de sus sujetos de investigación.
Sin embargo, esto no les hace justicia a los profesionales de la recolección y análisis de información, tanto civiles como militares, que se enfocan día a día en protegernos de amenazas que se ciernen sobre nuestra vida en sociedad. Los aportes de los organismos de inteligencia del Estado a las garantías de seguridad nacional y justicia a menudo no se resaltan, porque discurren por los anales de la confidencialidad, criterio que caracteriza las labores de estas entidades.
Precisamente la labor de estos organismos se inserta en el debate público, con el anuncio del consultor jurídico del Poder Ejecutivo, Antoliano Peralta, de que remitió al Congreso Nacional un proyecto de ley que busca adecuar el marco normativo del Sistema Nacional de Inteligencia, para que los profesionales de la información confidencial se rijan bajo la rectoría de la Dirección Nacional de Inteligencia, lo que sustituiría al Departamento Nacional de Investigaciones o DNI.
En ese sentido, el espíritu de la iniciativa legislativa que el Poder Ejecutivo introduce por el Senado de la República consiste en fortalecer los aprestos institucionales de la labor de inteligencia, de modo que sus recursos se enfoquen en la detección temprana de anomalías que pueden devenir en asuntos de orden público y criminalidad.
Por descontado, ese fortalecimiento organizacional convertiría en cosa del pasado la percepción que muchos ciudadanos tienen de los servicios de inteligencia, que se utilizan para quebrantar la intimidad de personas que no son sujetos de investigación criminal ni son sindicados, con pruebas fehacientes, como posibles perturbadores del orden público. Igualmente, el Poder Ejecutivo quiere eliminar toda probabilidad de que en el futuro las diferentes entidades de inteligencia se puedan articular como instrumentos de control sociopolítico.
Un detalle que ha trascendido del recién remitido proyecto es que busca concentrar en una sola dirección a todos los estamentos de inteligencia estatal. La calidad del servicio que la nueva institución ofrezca es la que determinará si la concentración será efectiva o no. Ahora bien, observando la experiencia estadounidense, es fácil constatar que las diversas entidades de investigación se han integrado, para evitar lo que ocurrió el 11 de septiembre de 2001.
Aún así, entendemos que la reforma al sistema de inteligencia será objeto de discusión, tanto en el Congreso, como fuera del mismo, por lo que es muy temprano para proyectar la forma en la que estará delineado el quehacer
investigativo de República Dominicana. Justo para aportar a ese debate, propongo cuatro puntos a tomar en cuenta.
Seguridad jurídica
Un nuevo sistema de inteligencia debe responder a la aspiración de un buen clima de negocios, en específico a la seguridad jurídica. La profesionalización del accionar de una posible dirección enviaría a los inversionistas potenciales la señal favorable de que República Dominicana garantiza los derechos de todas las personas ubicadas en su territorio.
Para esto, el aparato de inteligencia debe estrechar, aún más, su relación con el sistema de justicia, apto para autorizar las pesquisas e investigaciones de lugar, en momentos en los que se amerite vigilar a alguna persona, para evitar ilícitos.
Formación constante
La formación profesional de los analistas de inteligencia, civiles y militares, tiene que ser la urgencia de un nuevo sistema de investigaciones. No solo las habilidades técnicas de recolección de información deben primar en los programas de estudio, sino también materias como derechos humanos y derechos civiles.
Una nueva dirección está compelida a fomentar que haya oportunidades de formación, con el propósito de que analistas responsables puedan hacer carrera administrativa en esta labor tan importante.
Rendición de cuentas
Es natural que alguna mala práctica asume a un panorama reformado e institucional, no solo de la comunidad de inteligencia, sino de cualquier sector del gobierno o el empresariado. Para eso, es necesario articular mecanismos de rendición de cuentas, lo que trae consigo un régimen de consecuencias.
Mirar sobre el hombro de las mujeres y los hombres dedicados a la labor de inteligencia es una garantía extra de que sus esfuerzos se mantendrán enfocados en preservar nuestra seguridad.
Institucionalidad
¿Cómo funciona la organización, cual sea que cree una eventual nueva ley? ¿Cuáles funciones tendrán cada uno de los departamentos de la dirección que se pretende crear? ¿Cuáles son los requisitos para que los analistas asciendan en el escalafón de la institución? Responder a estas preguntas, y a otras de pertinencia, será fundamental para cumplir con el espíritu de la ley.
Guillermo Julian Jimenez
El Autor es abogado y MBA
