martes, abril 23, 2024
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Consejo de Defensa ex procurador Jean Alain Rodríguez afirma que concluido el proceso de investigación deben otorgar la libertad como lo establece la ley

El Tribunal otorgó prisión para evitar supuesta obstaculización a la investigación y al culminar la misma se elimina la razón para privarlo de su libertad. La PEPCA dilata el proceso de investigación que siguen a nuestro cliente al no existir pruebas en su contra con el objetivo de prolongar prisión ilegal como trama dilatoria

Santo Domingo, DN.- El Consejo de Defensa del ex procurador Jean Alain Rodríguez informó hoy en rueda de prensa, que el plazo establecido por la Ley culminó, incluyendo el tiempo otorgado de prórroga solicitado por el Ministerio Público, por lo que es improcedente que dicho órgano continué acciones violatorias en los próximos días.

El Consejo de Defensa recordó que “hace así un año la PEPCA le dijo al tribunal, al país y al mundo que tenían un “expediente blindado” por falsos sobornos y sobreevaluación de obras y solicitaron más tiempo para finalizar su manipulada investigación, la cual venció el jueves pasado”, expresaron los destacados juristas. La PEPCA no cumplió con el depósito de la acusación y ahora como buen mala paga será intimada para hacer el depósito en un plazo máximo de 15 días calendario, estando prohibido todo acto investigativo como allanamientos, incautaciones, solicitudes, entrevistas e interrogatorios.

“Al concluir el plazo de investigación el Ministerio Público no puede continuar investigando, realizando allanamientos e incautaciones ilegales, entrevistas o interrogatorios agresivos a testigos como lo han realizado hasta la fecha y peor aún, obstaculizando la entrega de los documentos solicitados en numerables ocasiones relativos al proceso. La PEPCA dilata el proceso de investigación que siguen a nuestro cliente al no existir pruebas en su contra con el objetivo de prolongar prisión ilegal como trama dilatoria” expresó el Dr. Carlos Balcácer.

EL “expediente blindado” por falsos sobornos y sobreevaluación de obras no estaba tan sólido, se han valido de trabas para finalizar su manipulada investigación. Han causado daños morales sobre familias, han apresado a inocentes, usurpado sus bienes, y se han valido de artimañas mediáticas para manipular a la opinión pública.

El caso construido por parte del Ministerio Público llegó a su etapa final de investigación establecida por ley, el pasado jueves 9 de junio, y con la finalización se agota la única excusa de la PEPCA y el Tribunal de mantenerlo en prisión para que no obstaculizara la investigación dado su alto cargo pasado.

Afirmaron que es por eso que el ex Procurador solicita nuevamente que su audiencia sea pública y abierta para los medios de comunicación ya que el Ministerio Público objeta acceso a prensa para ocultar montaje de la trama pues han mentido bajo el falso argumento de tener “expediente blindado” cuando no existen pruebas suficientes para privarlo de libertad.

Reiteran que la PEPCA atribuye mayor peso al Plan de Humanización del Sistema Penitenciario, en específico La Nueva Victoria. Al hacerlo, realmente lo que ha hecho es minimizar el mayor legado de transformación al sistema penitenciario nacional, que fue iniciado por su cliente y ratificado por la actual Procuraduría General, con pagos adicionales de más de 220 millones no contemplados inicialmente, cuya eventual responsabilidad por daños y reclamos les corresponde realizarlos a la actual gestión lo que la PEPCA ha entorpecido con una falsa acusación.

A casi 12 meses del sometimiento a la justicia sin sustento y apresamiento del ex procurador, cuando el Ministerio Público aseguró estar listo para formalizar la acusación, informando y mintiendo que el expediente era sólido y estaba blindado de nuevo, incumplen y no presentan acusación. Esto demuestra que ni tienen pruebas reales ni han tenido más capacidad para seguir construyendo falsedades. A su vez aseguran que el informe sometido por la Cámara de Cuentas demuestra que no hubo tal sobreevaluación ni sobornos.

Reiteraron que fue el Asesor del Poder Ejecutivo en materia penitenciaria, Roberto Santana, afirmó que “en la Procuraduría tiene una visión equivocada, al creer que La Nueva Victoria tiene que mantenerse cerrada hasta que se audite la última varilla y es totalmente incorrecto. Hay una gran cantidad de edificios que tienen más de ocho meses que están listos y que fueron entregados, y que la Procuraduría, el área técnica, los recibió bien. Entonces no hay un tema técnico de ingeniería, hay un tema político.”

“Las seis empresas elegidas constan de alto reconocimiento, vasta experiencia y aval de cumplimiento en el ramo. No son empresas que surgieron al vapor para estos fines, ni las componen ingenieros o familiares relacionados. Fueron seis contratistas aprobados bajo el marco de licitaciones regulares, donde ganaron las mejores empresas y ofertas con cientos de participantes y ninguna impugnación de las demás decenas de empresas que participaron en el proceso por eso la Procuradora General, Miriam Germán Brito ratificó todos los contratos y les pagó 220 millones adicionales. Estas construcciones cuentan con los debidos estudios de suelo realizados por prestigiosas empresas del país, contemplando que los terrenos si son aptos para construir al igual que en los alrededores se construyeron importantes zonas francas, el desarrollo pluvial, estancamiento de agua y demás requisitos para este tipo de estructuras”, expresó Biaggi Pumarol.

El Lic. Francisco Franco, miembro del Consejo de Defensa, señaló “Jean Alain Rodríguez se presentó de manera voluntaria el pasado 29 de junio del 2021, fue privado de su libertad sin explicación, sin delitos, sin pruebas, sin auditorías, sin testigos, sin peligro de fuga, sin obstaculizar la investigación por construcciones sin ser ingeniero. A la PEPCA se le otorgó (3) meses más de plazo y no hay una sola prueba de existencia ni de sobreevaluación ni sobornos, razón principal por la que ahora un juez en una próxima audiencia debe otorgarle la libertad, al ya haber concluido el proceso de investigación como lo establece el Código Procesal Penal”.

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