Andrés Van Der Horst Álvarez
Santo Domingo, RD
Todo parece indicar que el 2023 será un año de grandes precariadades económicas para el mundo. Todos los analistas, tanto oficiales como de instituciones privadas, apuntan a una recesión en los Estados Unidos. Los pronósticos europeos en el mejor de los escenarios generan incertidumbre por usar una palabra cautelosa. China y sus vecinos por primera vez en decadas decrecen en sus proyecciones. Es indudable que se comienzan a pagar los errores de las políticas tomadas a raíz de la pandemia donde el miedo y la falta de liderazgo político global predominaron.
Por lo pronto, se acabó la epoca de “dinero barato”. Esas tasas cercanas al 1% de interés que movilizaban la economia vía préstamos ya es cosa del pasado y no parece que por vuelvan esos tiempos.
Según las proyecciones del FMI, el Banco Mundial y los bancos privados de inversión, coinciden en advertir la amenaza latente de inflación lo cual conllevará un aumento del desempleo. Dentro de las pocas excepciones citan a la República Dominicana, junto a la India, Japón, Arabia Saudita y Surinam entre otros, que no superan una decena de países dentro casi 200 economías. Esta buena noticia no puede bajo ningún concepto colocarnos en un estado de celebración sino de cautela. Es el momento de planificar y aprovechar la transitoria bonanza para trazarnos metas de mediano y largo plazo y ejecutarlas.
No hay dudas que el actual gobierno ha desplegado grandes esfuerzos por cumplir sus promesas electorales, principalmente el saneamiento de la justicia, la falta de transparencia, la lucha contra la impunidad y la corrupción que fue la bandera de una población que voto abrumadoramente por el Presidente Abinader. Nadie puede dejar de reconocer su trabajo tesonero y su compromiso con ese legado de transparencia e institucionalidad.
Pero al mismo tiempo ha tenido que enfrentar una crisis que se ha llevado de encuentro más de cien gobiernos en el mundo luego de una forzada cuarentena global, que detuvo al mundo y redujo a casi la mitad el porcentaje del PIB destinado a la inversión pública para infraestructuras. Es ya demostrado que los países en vías de desarrollo deben invertir entre un 4 y 5% de su PIB durante toda una generación para poder transformar su aparato productivo. Esa ha sido, junto a las inversiones en educación y salud, la clave del éxito de países nórdicos y asiáticos que han dado el salto al desarrollo.
Entonces, viene la pregunta: ¿sin capacidad de aumentar los impuestos en una época de poco crecimiento e inflación global; sin dinero barato para seguir tomando prestado y con menos dinero para la inversión pública, cómo lograremos invertir ese 4 o 5% necesario para satisfacer las necesidades de infraestructura y servicios públicos largamente demandados y esperados por la población?
La respuesta está en dos instrumentos fundamentales que deben canalizarse para ejecutar proyectos bajo la modalidad de alianza público-privada: el ahorro interno que se genera a través de los aportes que realizan trabajadores y empleadores a sus fondos de pensiones y los recursos del sector privado, nacional e internacional que busca oportunidades de inversión.
Es el momento de incrementar la inversión pública utilizando el capital privado y de los ahorrantes para desarrollar los puertos, acueductos, carreteras, hospitales y soluciones habitacionales. Desde el litoral opositor siempre habrá críticas y se pedirá al gobierno que se enfoque en el ahorro. Esa es la receta del estancamiento económico y del fracaso al que en política se apuesta.
Nuestra apuesta es con el crecimiento sostenido y con el desarrollo nacional lo cual obliga a la determinación y a la acción si queremos seguir siendo una economía resiliente más allá del 2023. Contamos con los recursos, la capacidad y los instrumentos financieros y legales.
