Cada 25 de noviembre, el mundo detiene su ritmo para mirar una herida que aún no cierra: la violencia contra las mujeres. No es una fecha simbólica ni conmemorativa en el sentido tradicional; es una jornada para recordar vidas arrebatadas, para exigir justicia y para reafirmar la urgencia de transformar las estructuras que siguen permitiendo que tantas mujeres vivan con miedo.
Lo que muchas personas fuera del país desconocen —y que en la República Dominicana llevamos en la memoria colectiva— es que esta fecha tiene un origen profundamente dominicano. El 25 de noviembre de 1960, las hermanas Patria, Minerva y María Teresa Mirabal fueron brutalmente asesinadas por el régimen de Rafael Leónidas Trujillo. Su crimen no fue otro que la valentía: resistir a una dictadura que, además de autoritaria, ejercía un poder violentamente patriarcal.
Aquel asesinato, disfrazado entonces como un “accidente”, se convirtió en un acto que estremeció al país y que aceleró el derrumbe moral del trujillato. Las Mirabal, convertidas en símbolo de resistencia, marcaron un precedente que traspasó fronteras. En 1981, en el Primer Encuentro Feminista Latinoamericano y del Caribe celebrado en Bogotá, activistas de la región propusieron el 25 de noviembre como un día para denunciar la violencia contra las mujeres.
Y, en 1999, la Organización de las Naciones Unidas adoptó oficialmente la fecha como el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Desde entonces, el mundo entero reconoce lo que nació en nuestra historia: que la violencia machista no es un asunto privado, sino un problema estructural y global.
Hoy, más de seis décadas después del asesinato de las Mirabal, la violencia contra las mujeres sigue siendo una de las violaciones de derechos humanos más extendidas. La ONU estima que 1 de cada 3 mujeres en el mundo ha sufrido violencia física o sexual en algún momento de su vida. Y en América Latina, una de las regiones más letales para las mujeres, miles de feminicidios se registran cada año sin que la mayoría logre justicia.
La República Dominicana, lamentablemente, no está exenta. A pesar de los esfuerzos institucionales, legislativos y comunitarios, seguimos figurando entre los países con mayores tasas de feminicidios en la región. Cada caso es un recordatorio doloroso de que aún debemos reforzar políticas públicas, mejorar sistemas de protección y garantizar intervenciones oportunas, integrales y sostenibles.
Pero el 25 de noviembre no es solo un día para denunciar. Es también una oportunidad para reconocer avances y fortalecer compromisos. En nuestro país existen instituciones, organizaciones y colectivos que trabajan incansablemente por la prevención, la atención, la protección y la justicia para las mujeres sobrevivientes. Se ha avanzado en articulación interinstitucional, en programas educativos, en campañas de sensibilización, en mesas de trabajo, en observatorios de violencia y en iniciativas comunitarias.
Sin embargo, la violencia no se erradica con voluntad aislada: requiere Estado, sociedad, sector privado, comunidad educativa, medios de comunicación y ciudadanía comprometida.
Hablar del 25 de noviembre desde República Dominicana es hablar de historia viva. Es recordar que el mundo entero mira hacia Salcedo cuando piensa en resistencia femenina. Es asumir que llevamos la responsabilidad —y el honor— de haber dado origen a esta fecha, pero también la obligación de construir un país donde las mujeres puedan vivir sin miedo, con derechos garantizados y con oportunidades reales de desarrollo.
Las Mirabal no murieron en vano. Su legado se refleja cada vez que una mujer alza la voz, cada vez que una comunidad acompaña a una sobreviviente, cada vez que una niña crece sabiendo que tiene derechos inviolables.
El 25 de noviembre no es solo una efeméride: es un llamado urgente a la acción. Porque mientras una sola mujer esté en peligro, la tarea sigue inconclusa.
