Buenas tardes,
Excelentísima señora Raquel Peña, vicepresidenta de la República,
Señoras y Señores,
Todo lo que voy a decir hoy, pudiera resumirse en una sola oración: El gobierno tiene la intención de que el país alcance el Grado de Inversión en un plazo no mayor de diez años.
Lograr este objetivo traerá beneficios tangibles para nuestro país. Por un lado, podremos atraer mayor inversión extranjera. El sector privado podrá acceder a menores tasas de interés para financiar sus expansiones. La población en general podrá hacer lo mismo para la compra de su vivienda. Y el sector público podrá obtener mejores condiciones en sus financiamientos y, por lo tanto, podrá destinar más recursos para financiar la transformación integral de la República Dominicana.Lograr ser “grado de inversión” es llegar más rápido y con un menor costo al desarrollo social y económico que todos deseamos.
Esta meta no se logra de la noche a la mañana. Sin embargo, ya estamos trabajando para lograrlo. La gran estabilidad macroeconómica, el sostenidamente alto crecimiento del PIB, la confianza en la gestión fiscal que transmite este gobierno son puntos muy fuertes a nuestro favor. Son los primeros pasos de este maratón. Y es un maratón esto va a implicar más de un gobierno.
Una afirmación como esta implica un profundo entendimiento de cuáles son los indicadores que debemos mejorar y de los retos que tendremos que enfrentar. Hablemos primero de qué debemos mejorar.
La calificación de riesgo es una puntuación que las agencias calificadoras calculan en función de una batería de indicadores económicos. Estos indicadores los podemos agrupar en cuatro grandes grupos, los cuales son: 1) Temas estructurales e institucionales, 2) Desempeño Macroeconómico, 3) Finanzas Externas y por último Finanzas Públicas.
A pesar de ser un país relativamente pequeño, tenemos muchas fortalezas y puntos a favor. Por ejemplo, somos uno de los países que consistentemente exhibe un crecimiento económico importante, nuestra inflación, a pesar de estar actualmente por encima de la meta, no está fuera de control, tenemos una base muy diversificada de nuestras exportaciones, la confianza en el país ha permitido influjos de inversión extranjera por encima de nuestros pares en Latinoamérica, permitiendocubrir adecuadamente el déficit de la cuenta corriente y, por último, nuestras reservas internacionales han ido creciendo sostenidamente y se encuentran en un nivel que actualmente nos permite maniobrar el actual choque externoadecuadamente.
Ahora bien, existen dos elementos que constituyen un ancla de nuestra calificación: El primero es el aspecto institucional, y el segundo, el estado de las Finanzas Públicas.
Uno de los indicadores que más negativamente está impactando en nuestra calificación de riesgo es el relacionado a nuestro desarrollo institucional. Concretamente, esto se mide a través deindicadores relacionados con el control de la corrupción, el imperio de la ley y la efectividad del gobierno.
Actualmente nuestro país se encuentra en la posición #125 de los indicadores de gobernanza publicados por el Banco Mundial. Nuestra meta para lograr ese Grado de Inversión debería de ser alcanzar el nivel de Costa Rica en un plazo no mayor a diez años. Alcanzar esta meta aportaría aproximadamente la mitad del esfuerzo que se requiere para lograr el Grado de Inversión.
Puedo afirmar como testigo de excepción que este Gobierno y particularmente nuestro Presidente, somos intransigentes con todo lo que implique violación de leyes. En el caso de las finanzas públicas, hemos descontinuado la mala práctica de registrar gastos “por debajo de la línea” aun cuando eso implique registrar un mayor déficit fiscal. Ejemplo de esto lo pueden observar en el tratamiento que le estamos dando al subsidio eléctrico. Se acabaron las operaciones financieras de final de año para aumentar la deuda pública y no registrar el gasto. Mi lema en el Ministerio de Hacienda es: Si es un gasto, como gasto se registrará.
Las recientes muestras que ha dado el país hacia una mayor independencia del Ministerio Público, control de la corrupción y fin de la impunidad, son elementos indispensables para la mejora del indicador institucional. Por eso no podemos permitir que estos logros puedan ser revertidos por razones políticas o por falta de visión de futuros gobiernos. Y por eso es nuestra insistencia por dejar cimentado todo lo relativo a la independencia del Ministerio Público.
Pasemos a hablar ahora de las Finanzas Públicas.
Nuestra meta de ser Grado de Inversión viene desde antes de asumir el gobierno. Naturalmenteque la pandemia impuso una pausa temporal sobre este objetivo.
En la historia reciente de nuestro país, ningún gobierno había asumido el mando en condiciones más adversas, obligándolo a tomar decisiones tan urgentes y trascendentes para la salud, la economía y la vitalidad del país, como al gobierno que pertenezco.
La pandemia se unió a una larga lista de problemas heredados, incluyendo los inmensos desequilibrios sociales y la marcada debilidad institucional, cuya más visible expresión es la corrupción y la impunidad.
Como en gran parte del mundo, la recuperación de nuestro país ha sido impulsada por agresivas políticas monetarias y fiscales. Los resultados demuestran que la política aplicada fue la correcta. En el 2020, con la pandemia y el confinamiento, la caída del PIB real fue de 6.7 %; pero a finales de ese mismo año iniciamos la recuperación. Esta recuperación fue tan rápida e intensa que nuestro país no solo fue uno de los pocos en América Latina en recuperar en el 2021 todo lo perdido en el 2020, sino que volvió a colocarse en un nivel muy superior al período pre-pandemia, al generarse un crecimiento de 12.3 %.
Es más, fuimos el quinto país con mayor crecimiento de 2021 respecto a 2019 en Latinoamérica, aislando el efecto rebote que surge del bajo crecimiento del 2020.
Estos resultados no se lograron por suerte, ni por magia, ni porque tengamos super poderes. Se lograron por la vocación y capacidad de trabajo de un equipo de Gobierno comprometido con cambiar para mejor el porvenir de la República Dominicana. Estamos haciendo lo que hay que hacer y un poco más.
Naturalmente, es imposible hacer política económica ignorando los posibles efectos negativos que pudieran ocurrir, e igual que la pandemia, esto sucedió en todo el mundo.
Lo primero es que los gobiernos están ahora más endeudados; lo segundo es que dichas políticas generaron una sobre liquidez mundial, provocando un ambiente inflacionario global, debido a la combinación de las grandes emisiones monetarias, reducción de las tasas de interés y programas masivos de gastos públicos.
En los Estados Unidos, la inflación promedio de los últimos 30 años es de aproximadamente 2.2 %. La inflación interanual americana de marzo de este añofue de 8.5%. En nuestro país cerramos marzo con una inflación interanual de 9.05 %. Es decir, ligeramente superior a la de Estados Unidos.
Nuestro país está siendo severamente castigado porque somos uno de los pocos de América Latina que depende casi por completo de los combustibles importados. Cuando el mundo esperaba volver a la normalidad, ocurre la invasión rusa a Ucrania y con ello se producen nuevos incrementos en los precios internacionales de combustibles, materias primas y cereales. Este nuevo panorama impone al gobierno mayores sacrificios presupuestarios, para atenuar sus efectos sobre la población, especialmente la más pobre.
El gobierno está haciendo un enorme esfuerzo para mitigar los efectos inflacionarios causados por el aumento de los precios internacionales del petróleoy para proteger a la ciudadanía.
Si tomamos el precio del gasoil regular y hacemos una comparación con 169 países del mundo, el precio promedio de todos los países, incluyendo productores de petróleo, de la semana pasada fue de RD$269 por galón. Aquí lo tenemos a RD$221. Es decir, 48 pesos menos que el promedio de todos los países.
En el caso del GLP, el cual es consumidomayormente por los hogares de bajos recursos, el precio promedio de los países que usan este combustible fue de RD$177 por galón. Aquí lo tenemos en RD$147 por galón. Es decir 30 pesos menos.
De acuerdo con nuestras estimaciones, este subsidio ha amortiguado cerca de 200 puntos básicos de la inflación mensual de los primeros tres meses del presente año.
Este esfuerzo viene acompañado de un gran costo fiscal. En las primeras 15 semanas del año, el gobierno ha tenido que asumir mediante subsidios más de RD$9,000 millones para evitar que los precios al consumidor reflejen sus verdaderos precios de mercado. Señoras y señores, eso es más que el presupuesto combinado de este año del Ministerio de Turismo y del Ministerio de Trabajo.
Tomando en consideración que el 47 % de la inflación de marzo provino de los incrementos en los precios de los derivados del petróleo y de los alimentos y bebidas no alcohólicas, es decir de productos que no controlamos, yo diría que, dentro de las circunstancias, estamos atendiendo de forma muy efectiva la coyuntura actual.
La pandemia tuvo un fuerte impacto en las cuentas fiscales y la permanencia de este impacto y sus efectos sobre la sostenibilidad, chocan con el infranqueable muro impuesto por la baja carga fiscal y el nivel de deuda del país.
Resolver este problema estructural en medio de una pandemia era muy difícil, y mucho más en un ambiente caracterizado por una opinión pública adversa a cualquier reforma tributaria y un entendible rechazo al endeudamiento. Históricamente los gobiernos han gastado mal y han sido tolerantes con la corrupción.
El Gobierno tomó la decisión de continuar operando con una carga tributaria anormalmente baja, y en el corto plazo, la mejora de la cobertura y la calidad de los servicios públicos tendría que descansar exclusivamente en los esfuerzos por racionalizar el nivel de gasto, en vez de incrementarlos.
En el 2021 el Gobierno aplicó una estricta política de contención de gasto. En junio de ese mismo año, el presidente dictó el decreto 396-21 que estableció la reducción de gastos superficiales, a fin de disminuir el impacto de la pandemia del COVID-19 en las cuentas fiscales.
De esta forma, se economizaron más de RD$11,000 millones en asignaciones consideradas no prioritarias dentro del gasto de consumo. El notable recorte fue realizado en asignaciones especificas dentro de partidas de remuneraciones, contratación de servicios y materiales y suministros, lo que permitió acomodar parcialmente la creciente demanda de recursos asociados para enfrentar la pandemia y amortiguar el alza en los productos de consumo masivo.
El pasado mes de enero de 2022, por medio del decreto 03-22, el presidente Abinader ratificó la racionalización del gasto público con el objetivo de continuar la necesaria priorización. Las partidas que son afectadas por dicho decreto tienen un presupuesto para este año de RD$29,792 millones. Al 13 de abril, solo se han ejecutado RD$2,042 millones del monto presupuestado, es decir solamente un 6.9 % del total presupuestado. Estos ahorros serán destinados a cubrir las necesidades de subsidios a los combustibles que describí anteriormente.
En el 2021, el gasto público estuvo en niveles similares a los del 2020, ejecutándose incluso menos de lo que había sido aprobado por el Congreso, lo que, descontado el efecto de la inflación, implicó una disminución real del gasto superior al 6 %, aún con pandemia. El coeficiente de gasto fue reducido de un 22 % a un 18 % del PIB.
En medio de toda esta turbulencia, los ingresos fiscales aumentaron un 33 % con respecto al 2020 yun 27.4 % con respecto al 2019. Lo anterior fue conjugado con una también exitosa reestructuración de pasivos que permitió al fisco recortar el pago de intereses y aliviar el flujo de caja de los años venideros. Las recaudaciones continúan exhibiendo un ritmo muy positivo durante en este año 2022. A la fecha, la Dirección General de Aduanas, la DGII y la Tesorería han logrado recaudar RD$24,332 millones por encima de su presupuesto. Y estos recursos, unidos a los recortes, son los que estamos utilizando para ir navegando en esta ola que estamos surfeando.
El conjunto de estos tres factores, 1) dinamismo de los ingresos, 2) racionalización del gasto y 3) reestructuración de pasivos, dio lugar a que el déficit financiero del Gobierno se redujera, desde los RD$352 mil millones en el 2020, a sólo RD$158 mil millones en el 2021. Y esto implicó un apreciable superávit primario en medio de un ambiente completamente adverso.
La deuda pública consolidada se redujo en el 2021, de 69.1 % del PIB a 62.7 %, logro alcanzado por pocos países en el mundo. Esto ha sido fundamental para que el país pudiera ganar la simpatía y la confianza en los mercados internacionales. Las agencias calificadoras de riesgos y los medios especializados internacionales han reconocido públicamente la gestión fiscal del Gobierno dominicano.
Pero es muy importante que la sociedad dominicana no pierda de vista la responsabilidad que el Estado tiene con la ciudadanía y la comunidad internacional, por lo que, de ninguna manera se puede interpretar que la solución a los problemas está siempre en bajar los gastos públicos. Recordemos que vivimos en un país caracterizado por tener uno de los niveles de gasto como porcentaje del PIB más bajos del mundo.
En el 2021 el gasto público fue de 18.5 % del PIB, casi la mitad del promedio de 31 % de los países latinoamericanos de ingreso medio y poco más de un tercio del 45 % correspondiente a los países de alto ingreso. No se trata de bajar el gasto como política de Estado, sino mejorar la calidad y el destino del gasto. Para ser más claro: no se trata de gastar menos, se trata de gastar mejor.
En medio de esta miniconsolidación fiscal, el papel del sector privado fue fundamental para alcanzar estos logros. Durante el 2021, primer año completo de nuestra gestión, la proporción del crecimiento experimentado por el PIB fue gracias al impulso de la inversión y las exportaciones del sector privado.Este es un gobierno pro-inversión. Todo el que quiera invertir, crear empleos y cumplir con las normativas existentes tendrá el apoyo del gobierno.
La sociedad requiere de una adecuada combinación entre gastos públicos y privados. Particularmente, hay que comprender que el dinero recaudado del contribuyente es para suministrar bienes y servicios públicos a los ciudadanos. Es importante comprender que la inversión debe responder a los roles que cada uno juega en la nación. El gobierno debe garantizar los derechos y las oportunidades para que el sector privado pueda crear riquezas. En otras palabras, afrontar la solución a los mayores problemas del país no comienza por reducir el gasto público.
Este gobierno ha dado señales concretas de su convicción de eliminar gastos superfluos, sin embargo, hay una serie de áreas en las cuales es urgente invertir más y mejor, como lo son salud pública, agua, saneamiento ambiental, justicia, la calidad de la policía y infraestructura de transporte, entre otros. Nos enfrentamos a la necesidad de conciliar el esfuerzo social con la sostenibilidad macroeconómica.
Con la presión tributaria promedio actual de menos del 15 % del PIB y el nivel de rigidez del gasto en donde el servicio de la deuda pública absorbe habitualmente un 6 % del PIB, se destina alrededor de un 4.2 %, a la educación total, incluyendo la universitaria; los diversos subsidios a la clase más necesitada rondan el 0.8 % del PIB y el sector eléctrico absorbe en promedio un 1 % del PIB, es poco lo que resta para las demás funciones de un Estado moderno. Todos queremos que el gobierno provea servicios de calidad, más seguridad, mejor justicia y más infraestructura, pero también somos alérgicos al endeudamiento.
Todos concordarán conmigo en que solamente gastando más no hay garantías de solución de los problemas, como demuestran los pobres resultados del sector educativo luego de 10 años de un presupuesto privilegiado. También es cierto que no se pueden alcanzar los niveles de cobertura y calidad de los servicios públicos sin un incremento importante del gasto. Sin más recursos dicha mejoría será siempre un sueño lejano.
Nuestro gobierno está enfocado en elevar la calidad del gasto para romper con la entendible aprensión de dar más recursos al sector público. Esto lo hacemos porque estamos conscientes que es necesario recuperar la confianza de la población de que los recursos públicos serán bien administrados. Ejemplo de esto son las decisiones que se han tomado de eliminación de instituciones: la CDEEE, la OISOE, el despacho de la primera dama, CORDE, entre otras.
Comprendiendo las limitaciones fiscales a las que nos enfrentamos y con las cuales tendremos que aprender a convivir, el gobierno se ha trazado la línea de incrementar la inversión en infraestructura pública por medio de mecanismos de alianzas público-privadas. Los dos proyectos estratégicos más importantes que tiene el país son los planes integrales de Manzanillo y Pedernales, ambos impulsados auspiciando la inversión privada con fuerte apoyo público. Los mismos impactarán activamente el crecimiento económico del país en la presente década, a la vez de estar orientados a los múltiples objetivos de contribuir al desarrollo de las regiones más deprimidas en la zona fronteriza, la cohesión social, la integración geográfica de la economía y su inserción al mercado internacional de manera moderna y competitiva.
Similarmente, se han lanzado propuestas encaminadas a la atracción de capitales privados para ampliar y diversificar el parque de generación eléctrica, sobre todo mediante el uso de los recursos renovables. Actualmente existen tres grandes licitaciones de energía, incluyendo la de nueva generación de 800 MW de Manzanillo. ¡La última vez que se hizo una licitación de nueva generación, antes de nuestra llegada al gobierno, fue en el 2003, hace 19 años!
Aprovechando la imagen positiva que nuestragestión fiscal ha logrado forjar en el mercado financiero internacional, desde que llegamos al Ministerio de Hacienda hemos realizado tres operaciones de manejo de pasivos con resultados positivos para las finanzas públicas. Hemos re-programado vencimientos de forma ordenada por montos de US$2,422 y RD$92,427 millones(alrededor de US$4,000 en total) en las tres operaciones de pasivos que hemos realizado.
Ante un ambiente internacional tan volátil e incierto, desde el Ministerio de Hacienda decidimos reducir los riesgos de refinanciamiento de nuestro país en el corto plazo. Y hoy les puedo decir, lo que personalmente le comenté a las agencias calificadoras en octubre del año pasado: “El país no tiene riesgos de refinanciamiento en el corto plazo”. No todos los países pueden afirmar esto con tanta firmeza.
En nuestra gestión de las finanzas públicas, la República Dominicana se ha hecho acreedora de la simpatía y la confianza en los mercados internacionales. El banco de inversión Morgan Stanley considera el país como uno de los mercados emergentes más atractivos, y se refiere al país como “un punto brillante en los mercados emergentes”. Por su parte, tanto Standard and Poor’s como Fitch Ratings han cambiado de “negativa” a “estable” la perspectiva del país.
Lo ideal sería que nuestro país disfrutara de un superávit fiscal, y que no fuera necesario recurrir a los mercados financieros para cubrir parte de los gastos del presupuesto. Para el presupuesto inicial del 2021, el 51.4 % de las fuentes financieras fueronpara pagos de deuda vieja. Para el presupuesto de 2022, se estima que esta proporción se ubicará en torno al 36 % y esta menor proporción es gracias a las operaciones de manejo de pasivos que he mencionado anteriormente.
Al asumir este gobierno, lo que enfrentábamos era la degradación de la calificación de riesgo de la deuda dominicana y, por consiguiente, el encarecimiento del crédito y una mayor dificultad o imposibilidad de acceder al mismo. Recordemos que en América Latina hay países que tienen las puertas cerradas al financiamiento internacional. Por los esfuerzos desplegados en nuestra gestión, ese peligro fue eliminado, y en este momento el país se encuentra en una mejor posición que antes, incluso sin la reforma fiscal.
Pero no todo depende de lo que hagamos en el Ministerio de Hacienda, y ni siquiera en el Gabinete Económico, pues influyen también desequilibrios acumulados en el pasado y la debilidad de nuestras instituciones que tenemos que enfrentar.
Y ahora vuelvo al mensaje de inicio de este discurso.
El otro elemento indispensable para lograr el Grado de Inversión es la mejoría sustancial de las finanzas públicas. Específicamente hay dos indicadores: la deuda como porcentaje del PIB y los intereses como porcentaje de los ingresos. Nuestra meta es la de reducir la deuda en por lo menos 800 puntos básicos y los intereses como porcentaje de los ingresos en por lo menos 500 puntos básicos durante los próximos diez años.
Si todos los demás indicadores permanecen constantes, estos objetivos pueden aportar esa otra mitad del esfuerzo que se requiere para lograr el Grado de Inversión.
No nos engañemos, solo hay una forma para bajar el nivel de estos indicadores, y esto es a través de la materialización de superávits primarios. El ambiente externo actual no nos permite mucho espacio de movimiento, pero aprovecharemos todas las oportunidades que se nos presenten.
Mientras se dan las condiciones propicias para atender el elefante en la sala, el gobierno continuarámejorando la administración tributaria para seguir aumentando las recaudaciones, hacer más justo el sistema, atacando la evasión y la elusión y al mismo tiempo aliviando complicaciones a la vida de los contribuyentes.
La iniciativa de la ley de facturación electrónica y el despacho en 24 horas de aduanas, son los ejemplos más a la vista de las acciones que estamos tomando. La digitalización de los procesos fiscales contribuirá a modernizar el gobierno, reducir la evasión de impuestos, los costos operativos al contribuyente y facilitar el cumplimiento tributario.
Para afianzar las expectativas fiscales, en marzo del presente año, el Ministerio de Hacienda y una misión del Fondo Monetario Internacional -a solicitud del Ministerio de Hacienda- sostuvieron reuniones para tratar temas relacionados con los requisitos necesarios para la implementación exitosa de una Ley de Responsabilidad Fiscal. La idea es contar con una herramienta que permita tener un control más eficiente de los gastos e ingresos públicos. La asistencia técnica tiene como objetivo evaluar los sistemas e instituciones de la gestión financiera pública, a fin de proponer compromisos firmes y duraderos que no dependan de las coyunturas políticas o de los cambios de funcionarios, en pro de una gestión más responsable y sostenible.
Señoras y señores, desde inicios de la década pasada la sociedad dominicana concibió, gracias al consenso de todos los sectores, algo que se denominó “Un viaje de transformación hacia un mejor país” plasmado en la Ley 1-12 de la Estrategia Nacional de Desarrollo 2010-2030.
A los fines de atender las crecientes necesidades públicas, dicha estrategia propone un incremento gradual del coeficiente de gasto público, y para financiarlo se propuso una serie de metas, entre las cuales la presión tributaria debía alcanzar el 19 % del PIB en el año 2020, el 21.5 % para el 2025 y llegar al 24 % en el 2030.
Hasta ahora, es poco lo que se ha podido avanzarhacia su cumplimiento, y como no se ha materializado el aumento de las recaudaciones, tampoco se ha materializado todo el aumento acordado del gasto.
Pero si esto fue el fruto de un gran acuerdo nacional, es porque el país se convenció de que con las precariedades de la carga tributaria histórica siempre será limitado lo que se pueda hacer en pro de un país más justo, próspero y competitivo.
El promedio de presión tributaria de los países con una calificación de BBB- (la menor del grupo de Grado de Inversión y a la que aspiramos llegar) es de 27.1 %. Para los países, en nuestra calificación de riesgo, es decir BB-, es de un 21 %. Como dije anteriormente, nosotros tenemos una presión tributaria de menos del 15 %.
A pesar de tantos estudios técnicos, de tantas propuestas cargadas de las mejores intenciones, todavía la carga tributaria es, no solo anormalmente baja, sino que depende demasiado de los impuestos indirectos, recaudados habitualmente por medio de un limitado número de grandes empresas productoras o distribuidoras de algunos bienes y servicios de amplio consumo, en virtud de que resultan de fácil control.
Nuestra sociedad debe alcanzar las metas establecidas en la Estrategia Nacional de Desarrollo y lograr el deseado Grado de Inversión. Para esto, es necesario entender que el gobierno debe aplicar controles administrativos que garanticen recaudar los tributos existentes.
No hay impuestos buenos, todos son malos. Yo le salgo a preguntar cuál impuesto es bueno y ninguno me va a contestar.
Si lo que queremos es encontrar algún defecto a cualquier iniciativa, nunca habrá que ir muy lejos para encontrarlos y siempre aparecerán razones para rechazarlos. Sin embargo, el Estado tiene que proveer los bienes públicos que demanda la gente y para hacerlo, depende de la recaudación tributaria.
Llegará el momento donde la sociedad tendrá que sentarse a discutir la forma en que, en conjunto,vamos a implementar el cambio que se requiere.
Mientras ese momento llega, vamos a aprovechar los vientos a favor que tenemos. Este gobierno está comprometido con el éxito de la República Dominicana. Tenemos una economía pujante y resiliente. Poseemos una estabilidad política y social envidiable por muchos de nuestros vecinos.
Termino este discurso citando a Gary Kasparov, campeón mundial de ajedrez. Kasparov definió el concepto de estrategia como el impacto futuro de nuestras decisiones presentes. La estrategia del Ministerio de Hacienda es sentar las bases para lograr en el menor tiempo posible el Grado de Inversión mediante políticas que permitan la mejora de nuestros indicadores fiscales.
