La Senadora del Distrito Nacional Faride Raful durante la última sesión ordinaria del Senado de la República puntualizó que las discusiones en torno al Proyecto de Ley de Fideicomiso Público son legítimas y necesarias, al tratarse de una estructura financiera innovadora que viene siendo utilizada desde hace varios años sin un marco jurídico propio, y que hoy está siendo regulada por esta ley.
Raful resaltó que cuando presidió la Comisión de Hacienda a principios del 2022, el proyecto de fideicomiso público fue una iniciativa presentada por el Poder Ejecutivo. Los integrantes a solicitud de la presidenta de la comisión procedieron a debatir y consultar, integrando notables modificaciones al proyecto original para establecer controles. «Esa ley fue estudiada y modificada de cabo a rabo, de cómo la recibimos del Poder Ejecutivo, eso dista mucho de aquellos que dicen que somos un sello gomígrafo, quien les habla es la senadora de la capital del partido de gobierno, una persona que es crítica con las cosas que llegan, perfeccionando incluso las iniciativas que vienen del Poder Ejecutivo, discutiendo con la consultoría jurídica del Poder Ejecutivo que estuvo presente en la comisión durante más de seis meses.»
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La Senadora por el Distrito Nacional aclaró que no hay una transferencia de propiedad, pero sí a un compromiso de administración de bienes del Estado y para eso los legisladores establecen controles siguiendo el mandato de la Constitución Dominicana que a partir del 2010 establece el principio de subsidiariedad donde se permite la entrada del sector privado en conjunto con la administración pública estableciendo límites de hasta dónde llega el primero.
Enfatizó que no cree que los fideicomisos públicos sean la panacea de la Administración Pública, porque toda estructura donde estén hombres y mujeres, es falible, pero sí da testimonio del trabajo de la Comisión de Hacienda en establecer los controles para que esta sea viable. Entiende que esta figura que proviene del sector privado al introducirlo al sector público no puede fusionarse completamente al Sistema de Compras y Contrataciones, por su naturaleza distinta a otros tipos de instrumentos. Se sostuvieron largas conversaciones con la dirección de Alianzas Público-Privada que estuvo presente, y el poder ejecutivo consensuando un mecanismo de control que el proyecto original no traía consigo. No eximiendo de que sea observado bajo los principios de la ley de Compras y Contrataciones.
«Aquí estamos construyendo un marco legal para que todos los fideicomisos, a partir de ahora, tengan criterios únicos sobre los cuales los contratos puedan establecerse según su naturaleza y eso es un gran aporte a la estructura financiera dominicana. Un gran aporte a todo el ordenamiento jurídico nacional. Antes se hacía por decreto, sin regulación, ahora estamos regulando, trabajando para transformar e incluir mecanismos de control que garanticen los bienes del Estado dominicano, a través de organismo de la Contraloría, de la Cámara de Cuentas, de la Ley de Libre Acceso a la Administración Pública y del Órgano Rector de la Superintendencia de Bancos, pueden ser veedores a parte del Congreso Nacional, que tiene que aprobar esos contratos.» recordó Faride Raful «…y fiscalizar cuáles no están funcionando.»
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