En la República Dominicana, la necesidad de una reforma profunda en el sistema judicial ha sido un tema recurrente en las discusiones públicas.
La sociedad dominicana enfrenta un desafío que exige una articulación madura y constructiva en torno a cómo mejorar el acceso a la justicia, su celeridad y su equidad. Las soluciones deben enfocarse en brindar a los ciudadanos un servicio más eficiente y accesible, y en garantizar que los más capaces y brillantes ingresen a la carrera judicial. Para que este proceso sea verdaderamente transformador, es esencial que todos los actores sociales, políticos y económicos participen activamente en el debate.
El Poder Judicial tiene el rol estelar
El Poder Judicial, como guardián de los derechos y las libertades de los ciudadanos, debe ser uno de los principales protagonistas en esta conversación. Los jueces, magistrados y funcionarios judiciales conocen de primera mano las debilidades estructurales del sistema y, por lo tanto, son los más indicados para aportar soluciones viables. El sector judicial debe estar abierto a una autoevaluación crítica que permita identificar las áreas donde se requiere mayor eficiencia, transparencia y profesionalización.
Una justicia más rápida y económica es posible si se implementan mejoras tecnológicas, como la digitalización de los procesos, la reducción de la burocracia y la adopción de mecanismos alternativos de resolución de conflictos. Pero, sobre todo, es fundamental garantizar que quienes ingresan a la carrera judicial lo hagan por mérito, basados en su capacidad y no por intereses externos.
El Gobierno dominicano tiene la responsabilidad de liderar esta conversación, estableciendo políticas públicas que promuevan un sistema de justicia más inclusivo y eficiente. Para esto, es fundamental la inversión en infraestructuras judiciales, en la capacitación continua de los jueces y en la mejora de los mecanismos de control y supervisión del desempeño judicial.
El Congreso Nacional, por su parte, debe asegurar que las leyes que se discutan y aprueben estén orientadas hacia la modernización y democratización del sistema de justicia. Las reformas legales necesarias incluyen modificaciones al Código Penal, así como la revisión de las leyes que regulan el acceso a la carrera judicial, asegurando que estas normas respondan a las necesidades actuales de la sociedad y no a los intereses de grupos específicos.
El aporte del empresariado dominicano
El empresariado dominicano juega un papel clave en este debate, no solo como usuario del sistema de justicia, sino también como uno de sus principales beneficiarios. Un sistema de justicia eficiente y justo crea un clima de inversión más estable y predecible, lo que es esencial para el desarrollo económico del país.
Las empresas pueden contribuir a la discusión abogando por reformas que reduzcan la incertidumbre jurídica y promuevan la resolución rápida de conflictos comerciales. Al mismo tiempo, deben asumir la responsabilidad de cumplir con las leyes y respetar los derechos de los trabajadores, consumidores y el medio ambiente, lo cual reduce la carga de litigios innecesarios y promueve una justicia más eficiente.
Los partidos políticos
Los partidos políticos dominicanos tienen la obligación de fomentar una discusión seria y despolitizada sobre las reformas que necesita el sistema judicial. En lugar de utilizar la justicia como un campo de batalla para disputas partidarias, deben trabajar en conjunto para diseñar soluciones que beneficien a toda la sociedad.
Es esencial que los partidos políticos promuevan la independencia del Poder Judicial, evitando interferencias indebidas y garantizando que los nombramientos judiciales se basen en méritos y no en lealtades partidarias. Asimismo, deben comprometerse con la transparencia y rendición de cuentas, exigiendo mecanismos de control que supervisen el desempeño de jueces y funcionarios judiciales.
La sociedad civil como pilar de la reforma
La participación activa de la sociedad civil es crucial para lograr una reforma judicial efectiva. Organizaciones no gubernamentales, asociaciones de derechos humanos y colectivos ciudadanos deben ser parte del debate, aportando una visión crítica y constructiva que garantice que las reformas no solo beneficien a las élites, sino también a los sectores más vulnerables de la población.
La sociedad civil puede desempeñar un rol de vigilancia para asegurar que las reformas se implementen de manera efectiva y que los cambios legislativos y administrativos no se queden solo en el papel. Además, debe fomentar una cultura de respeto a las leyes y al Estado de Derecho, promoviendo la educación cívica y legal en todos los niveles.
La reforma del sistema de justicia en la República Dominicana no es solo una tarea de los jueces o los políticos; es una responsabilidad compartida por toda la sociedad. Todos los sectores —Poder Judicial, Gobierno, Congreso, empresarios, partidos políticos y sociedad civil— tienen algo valioso que aportar a esta conversación.
Las soluciones que se propongan deben estar orientadas a mejorar el acceso a la justicia de manera rápida y económica, con el fin de que los ciudadanos reciban un servicio eficiente que garantice sus derechos. Al mismo tiempo, es vital que se establezcan mecanismos para atraer a los profesionales más capaces y comprometidos a la carrera judicial, porque la justicia es el servicio público más importante para mantener la convivencia pacífica, defender los derechos de las mayorías y promover el desarrollo social.
El éxito de estas reformas dependerá de la capacidad de los dominicanos para articular un debate inclusivo y de gran madurez política, que deje a un lado los intereses particulares y se enfoque en el bien común. Solo así se podrá construir un sistema de justicia que realmente sirva a los intereses de la sociedad y que promueva la paz y el bienestar para todos.
Por Guillermo Julián Jiménez
El autor es Abogado y MBA
