Por Mayrelin García
El consenso, entendido como un acuerdo alcanzado por consentimiento mutuo entre diferentes partes, es una herramienta fundamental en los sistemas democráticos, como el sistema que disfrutamos en nuestro país. El consenso, no implica unanimidad absoluta, pero sí un esfuerzo por incluir las voces y perspectivas de todos los sectores involucrados, logrando así decisiones más sólidas, decisiones representativas y que sean sostenibles en el tiempo, o al menos en un plazo de tiempo razonable. En el contexto de la democracia dominicana, el consenso se debería por norma convertir en un medio indispensable para construir políticas públicas que respondan a las necesidades reales de todos, y por todos me refiero a los ciudadanos y los sectores productivos, no sólo a visiones sesgadas o particulares, el consenso debe ser la herramienta imperante que fomente la gobernabilidad y la justicia social.
La reciente aprobación en el Senado del proyecto de modificación de la Ley General de Gestión Integral y Coprocesamiento de Residuos Sólidos (Ley 225-20) plantea interrogantes importantes sobre la ausencia de un proceso participativo, según diversas fuentes y actores han denunciado abiertamente de manera pública. Actores clave como el Ministerio de Medio Ambiente, los ayuntamientos de forma individual, las organizaciones de la sociedad civil y el sector privado, actor muy importante, no fueron supuestamente consultados sobre todo lo que plantea la propuesta de modificación de la referida ley, esto ha generado inquietud en múltiples sectores de la sociedad. Esta situación evidencia la importancia del consenso y también los riesgos asociados a su omisión.
Los residuos sólidos son un tema transversal que afecta a todos los sectores de la sociedad. Los ayuntamientos, como gobiernos locales, son los principales responsables de la recolección, transporte y disposición final de estos residuos. Su experiencia en la implementación de la Ley 225-20 en los últimos años es invaluable para identificar desafíos, costos reales y oportunidades de mejora. Sin embargo, su posible exclusión de manera técnica del debate legislativo debilita el fundamento técnico y social de las modificaciones propuestas.
Si bien la propuesta incluye la contribución y recaudación de fondos destinados a los ayuntamientos a través del fideicomiso, recursos que podrían mejorar la eficiencia del servicio a la ciudadanía, surgen preguntas como las siguientes: ¿Es esta la vía ideal para incrementar los ingresos municipales? ¿Por qué no explorar la asignación del 10% de los ingresos del Estado a los ayuntamientos (aunque se viene haciendo poco a poco de manera escalonada)? ¿Se podría implementar un esquema progresivo de cobro por servicio en alianza con las empresas distribuidoras de electricidad (EDEs) o a través de otros mecanismos evaluados técnicamente? También es oportuno valorar las transferencias extraordinarias y el decisivo apoyo presidencial a proyectos locales, que han demostrado ser herramientas de gran desarrollo para los territorios y sus munícipes.
Un aspecto preocupante de la propuesta es la centralización de recursos en el fideicomiso DO Sostenible, lo que podría limitar la capacidad de gestión local y comprometer la autonomía municipal. Este enfoque no solo contraviene los principios de descentralización, sino que también podría debilitar los avances logrados en la mejora de las competencias y capacidades de los gobiernos locales. La ampliación del rol del fideicomiso, incluyendo la recaudación de pagos y la gestión directa de proyectos, desvía su función original, lleva a robustecer su estructura física y humana y puede plantear riesgos operativos significativos.
El Ministerio de Medio Ambiente, como órgano rector de la política ambiental, no fue aparentemente convocado al proceso de discusión integral. Su experiencia es esencial para garantizar que cualquier reforma sea coherente con los objetivos de sostenibilidad ambiental. De manera similar, el sector privado, representado por asociaciones como la AIRD, AMCHAMDR, ECORED y otras, ha expresado preocupación por el impacto económico de las modificaciones a las contribuciones, las que afectan a todas las empresas especialmente a las MiPymes, que por su naturaleza enfrentan desafíos en una economía dinámica con la nuestra y en un entorno global cambiante.
La falta de publicación de estudios técnicos visibles para justificar las nuevas tarifas y contribuciones impositivas es otro punto crítico a tomar en cuenta. Presentar estos análisis no solo fortalecería la transparencia, sino que también permitiría conocer la proyección del uso de los recursos que pretenden ser recaudados.
La Cámara de Diputados tiene ahora la maravillosa, encomiable e invaluable oportunidad de recanalizar este proceso al abrir un espacio de diálogo inclusivo con todos los sectores. Este enfoque garantizaría que las modificaciones propuestas a la Ley 225-20 respondan a las necesidades y realidades del país. Es fundamental que el debate en esta etapa se lleve a cabo con la participación activa de los gobiernos locales, el Ministerio de Medio Ambiente, la Liga Municipal Dominicana, el sector privado y la ciudadanía. No tengo la menor duda de que así será.
El consenso no solo es un requisito democrático, sino una herramienta indispensable para construir políticas públicas que generen confianza, legitimidad y resultados sostenibles para seguir avanzando hacia el desarrollo. Tengo la certeza de que en la cámara existe la escucha prudente, la inclusión de perspectivas diversas y el compromiso con el bien común, el bien colectivo. La modificación de la Ley 225-20 se logrará con la participación técnica y abierta de todos.
