República Dominicana, 20 de mayo de 2025. – El más reciente Informe Estado de la Región del Programa Estado de la Nación confirma que el cambio climático ya tiene efectos visibles y significativos en Centroamérica y República Dominicana (CARD), agudizando problemas estructurales que comprometen las condiciones para el desarrollo humano sostenible.
La región enfrenta una creciente vulnerabilidad climática que afecta directamente a las personas, medios de vida, ecosistemas, infraestructuras y economías locales. Esta situación se agrava por patrones de crecimiento urbano desordenado, desigualdades sociales, asimetrías territoriales y fragilidades productivas.
El estudio reflejó hallazgos importantes como el aumento de la temperatura promedio que Bajo el escenario climático más pesimista analizado en el informe, se proyecta un incremento entre 2 °C y 4 °C en casi todos los municipios de la región hacia finales del siglo.
Igualmente, la disminución de precipitaciones se están anticipando una reducción del 5 % al 31 %, dependiendo del país, con mayor impacto en el Corredor Seco Centroamericano (Costa Rica, Nicaragua, Honduras, El Salvador y Guatemala) y las zonas costeras de República Dominicana.
Estimaron que, los eventos extremos en los próximos años tendrán un aumento de las lluvias intensas que provocan inundaciones y deslizamientos, en paralelo con sequías prolongadas, acentuando la vulnerabilidad histórica de la población e infraestructuras de la región CARD en un contexto de desarrollo humano sostenible limitado.
El estudio resalta que hay impactos en sectores clave que con el cambio climático afecta los cultivos, la cobertura forestal, la generación hidroeléctrica y el acceso al agua, este último afectando en especial zonas densamente pobladas. La mayoría de las centrales hidroeléctricas están ubicadas en municipios con pronóstico de menor precipitación.
Así mismo que existen Riesgos en zonas costeras con el aumento del nivel del mar y ciclones más intensos amenazan especialmente a Belice, Honduras, Panamá y el Caribe en general, en donde se estima que 17 de cada 100 habitantes que viven en zonas costeras de baja elevación serían directamente afectadas.
La región ya presenta evidencia de movilidad climática y desplazamientos forzados por desastres, como ha sucedido con cerca de 2,1 millones de personas desplazadas en América Latina y el Caribe solo en 2023. Se estima que para 2050, hasta 17 millones de personas podrían verse desplazadas en la región por causas climáticas y ambientales. Es decir, los efectos asociados al cambio climático tienden a agravarse en el tiempo si no se toman medidas de adaptación a profundidad.
A partir de la evidencia recopilada en el Sétimo Informe Estado de la Región, se han delineado escenarios probables. En República Dominicana, entre 2020 y 2030, la aridez impacta el suroeste (Pedernales, Barahona, Azua), afectando agricultura y disponibilidad de agua. De 2040 a 2060, se expande hacia el norte y este (San Juan, Elías Piña), intensificando los riesgos hídricos y desplazamientos poblacionales. Para 2079-2099, gran parte del sur y este, incluyendo Santo Domingo, enfrenta aridez extrema que amenaza seguridad alimentaria y estabilidad socioeconómica. Municipios como Matanzas (17.044 hab.) y Pueblo Viejo, con alta proporción de pastizales o cultivos, son muy vulnerables. Aunque la incidencia histórica de desastres es baja, se requieren urgentes medidas de adaptación, riego eficiente y diversificación económica.
Ante ese y otros escenarios el informe alerta que, si bien las políticas de adaptación han avanzado, no lo han hecho con la escala, ni con las condiciones necesarias para garantizar la sostenibilidad de las acciones o reducir los riesgos. El análisis de 269 experiencias de adaptación en los países de Centroamérica y República Dominicana (sin Nicaragua) revela que el 88 % de ellas han contado con participación estatal, aunque casi todas han requerido alianzas estratégicas con el sector privado, sociedad civil, organismos cooperantes, ONG y academia. Sin embargo, el estudio identifica importantes limitaciones:
- Alta dependencia de financiamiento internacional.
- Limitada capacidad institucional en algunos territorios.
- Necesidad de una mayor articulación territorial y multisectorial.
Actualmente, el 55 % de las acciones de adaptación en marcha se centran en biodiversidad, conservación y promoción de prácticas agrícolas sostenibles, y el 65 % están alineadas con políticas públicas estatales. Aun así, más de la mitad de las iniciativas que ya han concluido fueron impulsadas por otros actores distintos al Estado, lo que evidencia la necesidad de fortalecer el liderazgo gubernamental para concretar las acciones.
En este contexto, también es crucial identificar los retos ambientales que los países enfrentarán localmente y cómo un enfoque de adaptación puede ofrecer soluciones específicas para mitigar riesgos e identificar nuevas oportunidades.
Una prioridad estratégica para la región
El informe enfatiza que la región CARD tiene una baja participación en las emisiones globales de gases de efecto invernadero, pero una alta exposición a sus efectos. Por ello, la adaptación al cambio climático no es solo una urgencia ambiental, sino una condición imprescindible para garantizar las actividades sociales y productivas en el presente y futuro de la región.
A la luz de los hallazgos identificados en el informe, se hace un llamado a los gobiernos, ciudadanía, sociedad civil y comunidad internacional a redoblar esfuerzos y recursos para impulsar una agenda de interés común de adaptación climática con visión de largo plazo, equidad territorial y sostenibilidad para proteger el patrimonio ambiental, sentando las bases de un modelo de desarrollo más justo e inclusivo.
