El Departamento de Estado ha impuesto restricciones de visas a 50 familiares directos de representantes de la Asamblea Nacional de Nicaragua y fiscales y jueces de nicaragüenses. Como lo demuestran estas medidas, Estados Unidos tiene el compromiso de promover una rendición de cuentas amplia de quienes sean responsables o se beneficien de los ataques del régimen de Ortega-Murillo a las instituciones democráticas.
Tan solo en los dos últimos meses, el régimen ha detenido a 32 opositores políticos y actores que promueven la democracia, incluidos siete candidatos a la presidencia, una candidata a la vicepresidencia, activistas estudiantiles, líderes del sector privado, abogados defensores y otras personas. Esto incluye la detención esta semana de Berenice Quezada, de 27 años, una valiente nicaragüense que valerosamente se postuló a la vicepresidencia como candidata de la oposición, pese al aumento de la represión. Ortega y Murillo demostraron nuevamente que temen postularse contra cualquiera que consideren que pueda conseguir el apoyo del pueblo nicaragüense.
En respuesta, el 12 de julio el Secretario de Estado anunció restricciones de visas contra 100 legisladores, jueces, fiscales y familiares de esos funcionarios nicaragüenses, en el marco de una política de restricción de visas que se aplica a ciudadanos de Nicaragua que se considera que son responsables o cómplices de acciones que socavan la democracia, incluidos aquellos responsables o cómplices de la represión de protestas pacíficas o violaciones de derechos humanos, y los familiares directos de tales personas. En el día de hoy, anunciamos restricciones a visas contra otras 50 personas, todas ellas familiares directos de funcionarios vinculados al régimen que han contribuido de manera directa con medidas que adoptó el Gobierno de Nicaragua que no reúnen las condiciones necesarias para que se desarrollen las elecciones transparentes, libres y justas a las cuales se han comprometido todos los Estados Miembros de la OEA en virtud de la Carta Democrática Interamericana.
Como lo demuestran estas medidas relacionadas con visas y las sanciones recientes, Estados Unidos seguirá empleando las herramientas diplomáticas y económicas para promover la rendición de cuentas de quienes posibiliten las acciones represivas de Ortega y Murillo.
