El dinero que cada mes miles de migrantes envían a sus familias es el sustento de millones de hogares en América Latina y el Caribe. Sin embargo, un nuevo impuesto aprobado en Estados Unidos amenaza con encarecer estas transferencias y, en consecuencia, disminuir el monto que llega a la región, incluida la República Dominicana.
El Congreso estadounidense ratificó recientemente un gravamen del 1% sobre las remesas enviadas en efectivo. Aunque esta tasa es mucho menor al 5% propuesto inicialmente, supondrá que por cada US$1,000 remitidos, los migrantes deban pagar US$10 adicionales. La medida entrará en vigor en enero de 2026 y, si bien no afectará a las transferencias electrónicas, podría impactar a quienes dependen de envíos en efectivo, como migrantes indocumentados o recién llegados que no tienen acceso a servicios bancarios.
En 2024, América Latina recibió alrededor de US$160,000 millones en remesas, provenientes en su mayoría de Estados Unidos. México encabezó la lista con cerca de US$65,000 millones, pero, en términos relativos, países centroamericanos y caribeños dependen aún más de estos flujos. En naciones como Nicaragua, Honduras, El Salvador o Guatemala, las remesas representan entre el 20% y el 28% de su Producto Interno Bruto (PIB), constituyéndose en un pilar fundamental para sus economías.
La República Dominicana, aunque no alcanza esos niveles de dependencia, es uno de los mayores receptores de remesas en el Caribe. Según cifras oficiales, el país recibió más de US$10,000 millones en remesas en 2024, equivalentes aproximadamente a un 7.5 % de su PIB. Aunque en términos porcentuales la dependencia dominicana es menor que en Centroamérica, el volumen absoluto es significativo y vital para cientos de miles de familias dominicanas.
De acuerdo con estimaciones del Centro para el Desarrollo Global, el impacto del nuevo impuesto para República Dominicana podría rondar los US$234 millones anuales, si se aplica sobre el monto de remesas en efectivo. Para un país donde estos envíos representan la principal fuente de divisas, superando incluso al turismo en algunos años, cualquier reducción en los ingresos familiares puede traducirse en menor consumo, inversión y estabilidad social.
No obstante, expertos señalan que el impacto macroeconómico inmediato sería limitado. Mario Campa, especialista en economía internacional, asegura que un impuesto del 1% no comprometería la estabilidad de las economías latinoamericanas. Sin embargo, advierte que podría reducir el monto de las remesas, obligando a migrantes o sus familias a absorber el costo extra.
Otro posible efecto es el incentivo a utilizar métodos alternativos para evitar el gravamen, como transferencias digitales, tarjetas prepago o incluso criptomonedas. Aunque esto reduciría el impacto directo del impuesto, también podría encarecer los envíos o dificultar el acceso para migrantes sin documentos o sin conocimientos tecnológicos.
En República Dominicana, tanto bancos como empresas remesadoras han comenzado a estudiar cómo adaptarse a la nueva realidad. Las remesas constituyen un sostén económico esencial para miles de hogares, especialmente en sectores vulnerables, y cualquier aumento en sus costos implica un ajuste para las familias receptoras.
Aunque el nuevo impuesto se justifica en Estados Unidos como una medida para reforzar la seguridad fronteriza y el control migratorio, analistas coinciden en que su impacto recaudatorio será limitado comparado con las necesidades presupuestarias. Para muchos, se trata más de un mensaje político que de una fuente efectiva de financiamiento.
Mientras tanto, las familias dominicanas y latinoamericanas siguen pendientes de los cambios que esta medida pueda traer. Para millones, cada dólar cuenta, y cualquier nuevo costo en el envío de remesas representa un desafío adicional para sostener la vida que dejaron atrás y la que construyen en un nuevo país.
