Por Mayrelin García
La igualdad de género en los espacios de decisión política continúa siendo uno de los retos más urgentes de las democracias contemporáneas. A pesar de avances significativos, las cifras globales evidencian que la paridad plena aún está lejos de alcanzarse. De acuerdo con ONU Mujeres, al 1 de enero de 2025, solo el 22.9% de los miembros de gabinete en el mundo eran mujeres, y únicamente 25 de 193 países contaban con jefas de Estado o de Gobierno. Al ritmo actual, la igualdad en las más altas esferas de decisión no se logrará hasta dentro de 130 años, espero que esta proyección se equivoque.
El panorama legislativo no es más alentador. La Unión Interparlamentaria (IPU) señala que apenas el 27.2% de los escaños en los parlamentos nacionales están ocupados por mujeres, a pesar de que el porcentaje era de apenas 11% en 1995. La proyección de la CEPAL indica que la paridad en estos cuerpos legislativos no se alcanzará antes del año 2063.
En América Latina y el Caribe, la región ha mostrado avances relevantes gracias a la implementación de leyes de cuota y paridad: 18 países han adoptado medidas afirmativas que han permitido triplicar el número de legisladoras en las últimas tres décadas, alcanzando un promedio regional cercano al 36%. Sin embargo, persisten brechas significativas, en especial en los gobiernos locales, donde las mujeres constituyen apenas el 25% de los representantes en los órganos deliberativos.
La República Dominicana forma parte de este escenario regional. Aunque la Ley de Partidos y la Ley Electoral contemplan disposiciones de cuota, la representación femenina sigue siendo desigual tanto en el Congreso como en los ayuntamientos. En los municipios, donde se gestiona la vida cotidiana de la ciudadanía, los espacios de decisión siguen estando en su mayoría en manos de hombres, solo 16 mujeres entre un total de 158 alcaldías en las elecciones de 2024, lo que limita que la perspectiva de género tenga el peso que requiere en la definición de políticas locales.
La importancia de la presencia de mujeres en la política no es solo una cuestión de equidad, sino de eficacia. ONU Mujeres ha documentado que la participación femenina en procesos de decisión política contribuye a una mayor atención a políticas de salud, educación, cuidado y protección social, así como a una gestión más sensible a la sostenibilidad ambiental.
El Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (CEDAW), en su Recomendación General N°40 adoptada en 2024, es enfático: los Estados tienen la obligación de garantizar una representación igualitaria e inclusiva en los sistemas de toma de decisiones. El documento plantea siete pilares fundamentales, entre ellos la paridad total 50/50 como norma universal, el liderazgo juvenil con enfoque de género, la inclusión de la diversidad de mujeres en los sistemas de decisión y la transformación estructural de las instituciones para eliminar las barreras que impiden la igualdad real.
Para la República Dominicana, este compromiso con la democracia paritaria debe traducirse en acciones concretas. Las instituciones públicas tienen el deber de crear condiciones que permitan a las mujeres no solo acceder a candidaturas, sino ejercer cargos de poder en igualdad de condiciones (cosa que muy raro sucede). Esto implica revisar marcos normativos, fortalecer mecanismos de transparencia en los procesos electorales internos de los partidos, y garantizar que las políticas de Estado incluyan medidas de conciliación, cuidado y eliminación de estereotipos que hoy siguen limitando la participación plena de las mujeres.
Dar espacio a las mujeres y permitir que una de nosotras represente a la sociedad desde las más altas esferas del poder no es un gesto de cortesía política, es una deuda democrática y un acto de justicia. La igualdad sustantiva, como recuerda ONU Mujeres, no consiste únicamente en la igualdad formal en las leyes, sino en la creación de contextos propicios para que esa igualdad se refleje en los hechos.
Personalmente, aspiro a que la República Dominicana pueda ver, en un futuro muy cercano, a una mujer al frente de la titularidad del Estado, liderando con visión, firmeza y sensibilidad social. Aspiro también a que más mujeres dirijan instituciones de primer nivel, marcando con su impronta la gestión pública y demostrando que la democracia dominicana será más fuerte, más inclusiva y más justa cuando sea plenamente paritaria.
