Por Mayrelin García
El cambio climático desde hace un buen tiempo no es un tema reservado a conferencias internacionales ni a proyecciones científicas de futuro. Es una realidad palpable en todo el mundo, y en la República Dominicana golpea de manera directa a nuestros municipios. Sequías que se pueden prolongar, tormentas más intensas, inundaciones en zonas urbanas, erosión costera y deterioro de ecosistemas críticos son manifestaciones de un fenómeno que amenaza no solo la sostenibilidad ambiental, sino también la seguridad y la vida de nuestras comunidades.
En este contexto, los gobiernos locales están llamados a convertirse en actores estratégicos en la lucha contra el cambio climático. La Ley 176-07 del Distrito Nacional y los Municipios establece la responsabilidad de los ayuntamientos en la gestión del territorio, la prestación de servicios básicos y la protección del medioambiente. A su vez, la Ley 64-00 de Medio Ambiente y Recursos Naturales les otorga un mandato legal para articular políticas de protección ambiental y uso sostenible de los recursos. No obstante, el salto de la norma a la acción concreta sigue siendo uno de los principales retos que tenemos como país.
La República Dominicana ocupa uno de los primeros lugares en el Índice de Riesgo Climático Global, lo que refleja su exposición extrema a huracanes, tormentas tropicales y fenómenos asociados. Municipios de las diferentes zonas del país han sido recurrentemente afectados por inundaciones y deslizamientos, mientras que en regiones como Enriquillo y Valdesia en tiempos de sequía se impacta la producción agrícola y se compromete el acceso al agua. A pesar de esta realidad, la mayoría de los ayuntamientos carece de planes de adaptación climática locales. Las razones son diversas: presupuestos limitados, debilidad institucional, ausencia de técnicos especializados y, en muchos casos, una visión de corto plazo centrada en responder a emergencias en lugar de planificar la resiliencia. El resultado es un círculo vicioso, cada desastre o fenómeno natural aumenta la vulnerabilidad y reduce la capacidad de respuesta futura.
Hablar de adaptación municipal implica cambiar la lógica de la reacción por la de la anticipación o prevención. Los planes de ordenamiento territorial deben integrar el riesgo climático, prohibiendo asentamientos en zonas de alto riesgo y promoviendo infraestructura verde. La gestión de residuos sólidos, que sigue siendo uno de los grandes problemas urbanos, debe pensarse desde la economía circular para reducir emisiones y proteger ríos y cañadas. En paralelo, la protección de nuestras cuencas hidrográficas como Yaque del Norte y Ozama-Isabela se vuelve una tarea prioritaria, pues la deforestación acelera tanto las inundaciones como las sequías. Aquí los municipios, en alianza con el Ministerio de Medio Ambiente, el Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos y las corporaciones de acueducto, tienen un papel vital en promover reforestación, monitoreo de caudales y protección de nacientes.
La resiliencia local también pasa por preparar a la población. Protocolos de evacuación, sistemas de alerta temprana comunitarios y brigadas de respuesta rápida coordinadas con el Centro de Operaciones de Emergencias (COE), organismo que hace una labor titánica todo el año, son medidas que pueden salvar vidas. La infraestructura es importante, pero sin comunidades organizadas el impacto de los fenómenos naturales siempre será un riesgo.
La República Dominicana es signataria del Acuerdo de París y ha asumido compromisos de reducción de emisiones y adaptación a través de sus Contribuciones Nacionalmente Determinadas (compromisos climáticos nacionales establecidos por los países, en el marco del citado acuerdo). También hemos incorporado los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030, en particular el ODS 11 sobre ciudades sostenibles y el ODS 13 sobre acción climática. Sin embargo, estos compromisos internacionales deben aterrizar en acciones concretas en cada municipio, que es donde realmente se experimentan los efectos del cambio climático. La creación de planes locales de resiliencia, además, abre la puerta a acceder a cooperación internacional y financiamiento climático, pues los organismos multilaterales privilegian proyectos que nacen de estrategias locales claras. En este sentido, la articulación entre ayuntamientos, la Liga Municipal Dominicana, que debe jugar un rol técnico, y las agencias de cooperación resulta clave para convertir la vulnerabilidad en oportunidad.
El cambio climático es, al mismo tiempo, un reto y una oportunidad para los municipios dominicanos. Si los gobiernos locales logran integrar la resiliencia en su gestión, no solo estarán salvando vidas y protegiendo infraestructuras, sino también garantizando un desarrollo sostenible que trascienda ciclos políticos. Adaptarse al cambio climático no es una opción, es un mandato legal, un deber ético y una necesidad de supervivencia. Cada vaguada, cada huracán que pasa, cada sequía que se prolonga, cada río contaminado nos recuerda que la resiliencia local debe dejar de ser un concepto en papeles para convertirse en una política viva, aplicada y medible. Solo así podremos garantizar que nuestros municipios sean espacios seguros, sostenibles y preparados para enfrentar los desafíos de un planeta en cambio constante.
