Por Rafael Guerrero Peralta
La reciente decisión de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) de transformar su misión en Haití hacia una fuerza de supresión de pandillas constituye un hito en la manera en que la comunidad internacional enfrenta la criminalidad organizada. Este cambio de enfoque refleja que la violencia haitiana no puede seguir siendo interpretada como un problema local, sino como una amenaza transnacional que repercute directamente en la seguridad regional y hemisférica.
El vacío de poder en Haití es absoluto…Sin Presidente, con un gobierno de transición debilitado y una Policía Nacional colapsada, las pandillas ejercen un control territorial inédito, dominando puertos, carreteras y barrios enteros, imponiendo un régimen de terror a través de secuestros, masacres, violencia sexual y reclutamiento forzado de menores.
Este escenario configura un patrón que podría ser interpretado como crímenes de lesa humanidad, vinculando directamente el caso haitiano con el Estatuto de Roma y la posible jurisdicción de la Corte Penal Internacional (CPI).
Para nuestro país, esta situación representa un desafío estratégico inmediato! Genera una migración masiva y presión social ya que miles de haitianos cruzan la frontera diariamente en busca de refugio, generando sobrecarga en salud, educación, empleo e infraestructura.
Nos crea un inminente riesgo de infiltración criminal ya que la porosidad fronteriza facilita el ingreso de actores vinculados a las pandillas haitianas y a redes internacionales.
La política migratoria dominicana debe equilibrar su deber soberano con los compromisos internacionales en materia de derechos humanos. El deterioro haitiano proyecta a las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional como actores claves en la contención y defensa territorial.
El colapso de Haití no es un problema aislado; su eco pudiese resonar en todo el hemisferio. En el Caribe y Centroamérica las pandillas haitianas podrían enlazarse con rutas de narcotráfico y contrabando afectando directamente a Jamaica, Bahamas y Puerto Rico.
Y con respecto a Estados Unidos y Canadá, la migración haitiana ya es considerada un asunto de seguridad nacional en ambos países.
El caso haitiano evidencia la vulnerabilidad de los Estados frente a estructuras criminales con control territorial, planteando el debate sobre si el crimen organizado debe ser equiparado jurídicamente al terrorismo internacional.
La ONU inaugura con este paso una visión donde el crimen transnacional deja de ser delito común y se asume como factor de inestabilidad geopolítica.
Haití demostró que el crimen organizado tiene la capacidad de desintegrar un Estado, superando incluso la amenaza de una guerra convencional. La decisión de la ONU abre un precedente jurídico y político de gran trascendencia (Reconocer que, en ciertos contextos, el crimen transnacional debe ser analizado bajo la óptica de crímenes de lesa humanidad y abordado desde la justicia global)
Para la República Dominicana, la estrategia debe ser integral, reforzar la frontera, ordenar la política migratoria, fortalecer la cooperación internacional y salvaguardar la soberanía nacional.
En el hemisferio, el caso haitiano se erige como una advertencia y al mismo tiempo como la oportunidad para redefinir la arquitectura de seguridad colectiva en el siglo XXI. Respaldamos la resolución adoptada por el Consejo de Seguridad de la ONU en procura de la estabilidad del vecino País de Haití y los esfuerzos realizados desde la República Dominicana
