Por Mayrelin García
De cara al 2026 y a los años que restan de gobierno de nuestro presidente, existe una oportunidad valiosa: continuar fortaleciendo las instituciones mediante una apuesta decidida por el talento, la experiencia y la integridad de las personas que las dirigen. Más allá de debates coyunturales que suelen dominar la agenda pública, el verdadero salto cualitativo del Estado dominicano reside en consolidar una administración pública cada vez más profesional, ética y orientada a resultados.
En ese proceso, dos pilares resultan determinantes para la solidez institucional: el talento, entendido como capacidad técnica, experiencia y formación; y la ética, asumida como vocación de servicio, coherencia y compromiso con el interés general. Fortalecer uno sin el otro limita el alcance de cualquier política pública y debilita la confianza ciudadana.
Colocar personas capacitadas al frente de las instituciones no es solo una buena práctica; es una estrategia de desarrollo. La gestión pública moderna exige conocimientos técnicos, comprensión del marco normativo, capacidad de planificación y criterio para tomar decisiones que impactan directamente en la vida de los ciudadanos. Cuando el Estado incorpora perfiles formados y con experiencia pública/privada, se fortalece la eficiencia institucional y se eleva la calidad de los servicios.
La experiencia en la función pública aporta un valor fundamental: continuidad y aprendizaje. Permite rescatar y aprovechar la memoria institucional, optimizar procesos y diseñar políticas públicas con visión de largo plazo. Apostar por equipos con trayectoria profesional, tanto en el ámbito público como en el privado, y con preparación comprobada, facilita que los avances se consoliden y que las instituciones evolucionen de manera ordenada y sostenible.
Junto a la capacidad técnica, la calidad moral se erige como un pilar esencial del buen gobierno. La ética pública, entendida como vocación de servicio, responsabilidad y transparencia, genera entornos de trabajo sanos y decisiones alineadas con el interés general. Funcionarios íntegros inspiran confianza, fortalecen a sus equipos y proyectan una imagen institucional coherente con los valores democráticos.
La integridad en el ejercicio de la función pública tiene, además, un efecto positivo en cadena. Cuando los liderazgos actúan con coherencia y sentido de responsabilidad, se promueve una cultura organizacional basada en el respeto, la rendición de cuentas y el cumplimiento. Esto no solo mejora el desempeño interno, sino que también refuerza la percepción ciudadana sobre la seriedad y credibilidad de las instituciones.
El reto hacia el 2026 es profundizar una visión de Estado en la que el mérito profesional —más allá de consideraciones políticas—, la formación probada y la ética sean criterios centrales para la toma de decisiones. Avanzar en la profesionalización del servicio público es avanzar en gobernabilidad, en confianza ciudadana y en desarrollo sostenible. No se trata únicamente de ocupar cargos como hacen algunos, sino de ejercerlos con competencia y compromiso.
Fortalecer las instituciones a través de personas capaces y con valores es una inversión de largo plazo, pero también un legado y una muestra clara de compromiso con el desarrollo del país. Cuando el talento y la ética se asumen como pilares del Estado, se consolida una administración pública más cercana, más eficiente y más confiable, sentando bases firmes para un futuro en el que el servicio público sea sinónimo de excelencia y responsabilidad compartida.
La articulista es experta en Planificación, Estrategia y Políticas Públicas. Actualmente Subsecretaria General de la LMD y Directora de Planificación del PRM.
