La propuesta impulsada por Donald Trump introduce un punto de inflexión en la manera en que la comunidad internacional concibe la finalización de los conflictos armados y la reconstrucción de los espacios devastados por la guerra, el colapso institucional o la captura criminal del Estado. No se trata de una doctrina de paz en sentido clásico ni de una arquitectura jurídica multilateral, sino de un enfoque pragmático que parte de la premisa de que el sistema internacional vigente ha demostrado ser incapaz de cerrar conflictos prolongados y de reconstruir sociedades fracturadas en tiempos razonables. Desde esa lógica emergen tres trayectorias posibles, no excluyentes entre sí, pero sí ilustrativas de los riesgos y oportunidades que entraña esta iniciativa.
En un primer escenario, el más favorable, la propuesta logra resultados óptimos porque coincide con contextos de agotamiento bélico, colapso total de las instituciones estatales y ausencia de alternativas viables dentro del marco multilateral tradicional. En estos casos, la imposición de un cese efectivo de hostilidades, acompañada de un control real del territorio y de la neutralización de actores armados no estatales, abre espacio para una reconstrucción acelerada orientada a la estabilidad más que a la perfección democrática. La inyección de recursos económicos, infraestructura básica y empleo inmediato reduce los incentivos para la violencia, recompone mínimamente el tejido social y permite la emergencia de una autoridad funcional, aunque imperfecta. Bajo esta trayectoria, el orden sustituye al caos, la violencia disminuye de manera tangible y la comunidad internacional termina aceptando el resultado por la vía de los hechos consumados. El éxito no se mide en términos ideales, sino en la reducción del sufrimiento humano y en la contención del desbordamiento regional del conflicto. Este escenario, aunque incómodo para el Derecho Internacional clásico, resulta atractivo para Estados y poblaciones que han perdido toda confianza en los procesos interminables de negociación y tutela multilateral.
Un segundo escenario, de carácter intermedio, se desarrolla cuando la iniciativa logra cerrar el conflicto armado visible, pero fracasa en transformar las estructuras profundas que lo originaron. Aquí, la reconstrucción avanza de forma desigual, capturada por élites locales, redes clientelares o actores económicos que convierten el proceso en un nuevo botín. La violencia abierta disminuye, pero es sustituida por formas más sofisticadas de criminalidad, corrupción y autoritarismo funcional. El Estado reaparece, pero como un aparato frágil, dependiente y vulnerable a presiones internas y externas. En este contexto, la propuesta no colapsa, pero tampoco consolida una paz sostenible. Se alcanza una estabilidad superficial que requiere vigilancia constante y recursos permanentes, lo que termina generando fatiga política y financiera en los actores que la impulsan. La comunidad internacional, dividida entre el alivio inmediato y la preocupación por la legitimidad, oscila entre el respaldo tácito y la crítica retórica. Este escenario prolonga la crisis en una forma distinta, menos visible, pero no menos peligrosa, y deja abierta la posibilidad de recaídas futuras.
El tercer escenario, el más crítico, se manifiesta cuando la propuesta se aplica en contextos donde persisten conflictos identitarios profundos, estructuras de poder intactas y ausencia de un garante efectivo de seguridad. En estas condiciones, el fin del conflicto es aparente, la reconstrucción se convierte en un ejercicio simbólico y los recursos destinados al proceso alimentan nuevas dinámicas de confrontación. Sin control territorial real ni desarticulación de los actores armados, la iniciativa pierde credibilidad rápidamente y es percibida como una imposición externa sin legitimidad social. La violencia retorna, a menudo con mayor fragmentación y radicalización, y el fracaso refuerza la narrativa de que las soluciones unilaterales no solo son ilegítimas, sino también ineficaces. En este escenario, la ONU y los organismos regionales no recuperan protagonismo, pero el descrédito del enfoque alternativo deja un vacío aún mayor, profundizando la crisis del sistema internacional y aumentando la probabilidad de respuestas descoordinadas, intervenciones selectivas y conflictos prolongados sin salida clara.
En conjunto, estos tres escenarios revelan que la propuesta no puede evaluarse únicamente por su coherencia normativa, sino por su capacidad real de producir orden en contextos donde el multilateralismo ha quedado paralizado. No estamos ante una sustitución formal del sistema internacional, sino ante una señal inequívoca de su agotamiento funcional. La iniciativa plantea una pregunta incómoda pero inevitable: si las instituciones creadas para preservar la paz ya no logran hacerlo, ¿quién asume la responsabilidad de detener la guerra y reconstruir lo destruido? La respuesta implícita de esta propuesta no es jurídica ni moral, sino estratégica. Y es precisamente en esa tensión entre poder, eficacia y legitimidad donde se juega el futuro del orden internacional contemporáneo.
Dr. Rafael Guerrero Peralta
