Columna de opinión
Haití ya no es un Estado en crisis. Es un territorio en colapso funcional, donde el poder político se ha disuelto, la economía formal ha sido sustituida por dinámicas de supervivencia y el control del espacio público ha quedado en manos de bandas armadas que ejercen una forma sustitutiva de gobernanza criminal. La reciente profundización del vacío de legitimidad política no ha hecho más que confirmar una realidad incómoda: hoy no existe en Haití una autoridad capaz de ejercer el monopolio de la fuerza ni de garantizar un mínimo de orden institucional.
Frente a ese escenario, la postura de los Estados Unidos de sostener al actual Primer Ministro haitiano no responde a una apuesta democrática ni a una ilusión reformista, sino a una lógica de contención estratégica. Washington parece haber concluido que el derrumbe total del último andamiaje formal del Estado abriría la puerta a un santuario criminal sin interlocución posible, con consecuencias directas para el Caribe, Centroamérica y su propia seguridad nacional. La presencia naval, la vigilancia regional y el respaldo político selectivo buscan administrar el caos, no resolverlo.
Las bandas armadas haitianas no son grupos improvisados ni meramente locales. Se trata de estructuras híbridas, con capacidad de financiamiento, control territorial y vínculos transnacionales, que prosperan precisamente en contextos de vacío estatal prolongado. Diezmarlas definitivamente requeriría una operación integral y sostenida que hoy no parece políticamente viable. Por ello, la estrategia dominante apunta más a reducir riesgos que a erradicar el problema.
Para la República Dominicana, esta realidad no es ajena ni distante. El colapso haitiano constituye una amenaza directa a su seguridad nacional. La presión migratoria irregular, el riesgo de derrame criminal, el tráfico de armas, la trata de personas y la presión sobre los servicios públicos son manifestaciones de un mismo fenómeno: un Estado colapsado que proyecta su desorden más allá de sus fronteras.
Ante esta situación, el país no puede permitirse una política reactiva ni una respuesta meramente discursiva. La frontera debe ser gestionada como una zona de seguridad nacional, con control efectivo del territorio, interdicción del tráfico ilícito y persecución de las redes que, desde este lado, se benefician del caos haitiano. La política migratoria debe ser firme y ordenada, jurídicamente sustentada, sin ambigüedades que terminen fortaleciendo a las mafias del tráfico humano.
Al mismo tiempo, es indispensable reforzar el cinturón sanitario y de servicios en la zona fronteriza como medida de autoprotección estratégica, así como mantener una diplomacia activa y exigente frente a Estados Unidos y los organismos internacionales. La comunidad internacional debe ser interpelada no desde la retórica, sino desde la realidad: sin cortar el flujo de armas y financiamiento criminal hacia Haití, cualquier misión o declaración será insuficiente.
Haití no se encamina hacia una solución rápida ni convencional. Estados Unidos probablemente actuará para contener y degradar la amenaza, pero no para reconstruir el Estado haitiano en el corto plazo. En ese vacío prolongado, la República Dominicana está obligada a actuar con claridad, firmeza y sentido de Estado. No se trata de intervenir en Haití, sino de proteger a la nación dominicana. En el tablero geopolítico actual, mirar hacia otro lado también es una decisión, y suele ser la más costosa.
Dr. Rafael Guerrero Peralta
Jurista y analista en seguridad hemisférica
