Por Mayrelin García
Desde la teoría institucionalista, el desarrollo de una sociedad no depende exclusivamente de la acumulación de capital económico, sino de la calidad, estabilidad y legitimidad de sus instituciones. Las instituciones —entendidas como el conjunto de reglas formales, normas informales y mecanismos de cumplimiento que estructuran la interacción social— determinan los incentivos, moldean conductas y hacen posible la cooperación colectiva. Bajo esta perspectiva, el éxito de un empresario y el éxito de un funcionario público no solo se diferencian en su naturaleza, sino también en su impacto sistémico.
Nuestro país ha experimentado en los últimos años un desempeño macroeconómico relevante. Sin embargo, el verdadero desafío de toda economía en crecimiento es institucional. El dinamismo empresarial requiere algo más que talento y capital: necesita reglas estables, seguridad jurídica, órganos de control eficaces y una administración pública orientada al interés general. Sin Estado de derecho no hay inversión sostenible; sin instituciones sólidas no hay prosperidad duradera.
El empresario opera bajo la lógica de la maximización de beneficios dentro de un marco normativo. Su éxito se mide, legítimamente, en expansión patrimonial, generación de empleos y creación de valor. Ese dinamismo es indispensable para la competitividad nacional y para la generación de riqueza privada. La acumulación económica, cuando ocurre bajo reglas claras y competencia leal, es una consecuencia natural del sistema de mercado.
El servidor público, en cambio, actúa bajo la lógica de la responsabilidad institucional. Administra recursos que pertenecen a la colectividad y ejerce competencias delegadas por la soberanía popular conforme a la Constitución de la República. Su éxito no se traduce en acumulación de riqueza, sino en fortalecimiento del Estado, mejora de los procesos administrativos, consolidación de controles y ampliación efectiva de derechos.
Aquí radica una diferencia estructural fundamental: mientras el empresario compite dentro del sistema, el funcionario tiene la obligación de garantizar que el sistema sea legítimo, estable y confiable. Cuando el poder público se utiliza para el enriquecimiento personal, no solo se incurre en una falta ética; se produce una distorsión institucional que altera incentivos, incrementa los costos de transacción, desalienta la inversión y erosiona la confianza social. Desde el institucionalismo, la corrupción no es simplemente una desviación individual, sino una falla sistémica que debilita la arquitectura del Estado.
En ese contexto, resulta relevante que en la actual etapa política dominicana se haya colocado el fortalecimiento institucional y la transparencia en el centro del debate público. El énfasis en la independencia del Ministerio Público y en el respeto a los órganos de control, bajo la administración de nuestro señor presidente Luis Abinader, constituye una señal institucional coherente con la necesidad de elevar los costos de la conducta desviada y fortalecer la credibilidad del sistema.
El humanismo político aplicado a la gestión pública implica comprender que las instituciones no son abstracciones jurídicas. Son estructuras que determinan la calidad del gasto público, la eficacia de los servicios, la confianza en los procesos electorales y la equidad en el acceso a oportunidades. La prosperidad no se reduce a cifras de crecimiento; se expresa en reglas que funcionan y en derechos que se garantizan.
Desde esta perspectiva, el liderazgo auténtico no es el que concentra poder ni el que se limita a movilizar simpatías, sino el que consolida normas, reduce discrecionalidad y deja capacidades instaladas. La fortaleza institucional no depende de nombres propios, pero sí de decisiones políticas que prioricen la transparencia, la rendición de cuentas y el respeto al marco constitucional. Estas son prioridades que se continúan demostrando en esta gestión de gobierno.
Las sociedades más prósperas son aquellas donde las instituciones limitan el abuso de poder y generan previsibilidad. En la medida en que la República Dominicana continúe avanzando hacia un modelo donde el éxito público se mida en institucionalidad y no en patrimonio, se consolidará una democracia más madura y un desarrollo más sostenible.
El mercado necesita empresarios exitosos; la democracia necesita funcionarios íntegros. El éxito del primero se mide en capital; el del segundo, en la solidez de las instituciones que deja. El patrimonio puede heredarse; el Estado solo puede construirse. Y construirlo con integridad es el mayor legado que puede dejar quien ejerce el poder. Seguimos construyendo el cambio.
La articulista es experta en Dirección, Planificación Estratégica y Políticas Públicas.
