La Asociación de Industrias de la República Dominicana (AIRD) ha expresado su profunda preocupación por la reciente aprobación en el Senado de la República del proyecto de modificación de la Ley General de Gestión Integral y Coprocesamiento de Residuos Sólidos (Ley 225-20). Según la organización, esta reforma incrementa significativamente la contribución especial para las empresas, pero se realizó sin la debida consulta a los actores clave del sector.
Mario Pujols, vicepresidente ejecutivo de la AIRD, lamentó la falta de diálogo en el proceso legislativo:
“El proyecto aprobado no es resultado de un proceso de consulta inclusivo, esencial en una legislación tan técnica. Este enfoque unilateral ha generado desequilibrios que afectan de manera desproporcionada a las mipymes”.
Impacto económico significativo
De acuerdo con la AIRD, los cambios propuestos implican incrementos en la contribución especial que oscilan entre un 140 % y un 3,750 %. Esta medida, aseguran, podría impactar negativamente no solo a las grandes empresas, sino también a las micro, pequeñas y medianas empresas, que constituyen un pilar importante de la economía nacional.
Además, la organización criticó que ni el Ministerio de Medio Ambiente ni el Fideicomiso Público-Privado para la Gestión Integral de Residuos Sólidos, actores clave en la implementación de la ley, fueran incluidos en las discusiones previas.
Preocupación por la implementación
La AIRD advirtió que esta falta de consulta podría generar problemas significativos durante la implementación de la ley. Recordó que, en el pasado, el Senado ha mostrado apertura y diálogo en temas legislativos complejos, como ocurrió con el Proyecto de Ley de Centros Logísticos, un ejemplo positivo de interacción entre los sectores público y privado.
Llamado al consenso
La AIRD exhortó al Congreso Nacional a reconsiderar la reforma y a abrir un espacio de diálogo con los sectores afectados. “Es crucial garantizar que las políticas públicas sean equilibradas, justas y sostenibles para todos los actores involucrados”, señaló Pujols.
El sector empresarial espera una respuesta que permita mitigar los efectos adversos de esta reforma, con el objetivo de preservar la competitividad y la estabilidad económica del país.
