Aunque la Fiscalía pidió seis meses de cárcel, finalmente la decisión es para retener a la exmandataria durante cuatro meses. Esto no implica su culpabilidad, pues es una medida para prevenir que Áñez salga del país en medio del proceso que enfrenta por el supuesto golpe de Estado contra el Gobierno de Evo Morales. La decisión se toma en medio de un clima de disputa entre quienes consideran que el arresto es legítimo y quienes creen que es una persecución política.
Áñez estará en la cárcel durante cuatro meses de manera preventiva. Esa es la decisión que tomó el domingo en la noche (hora local) la jueza novena de Instrucción en lo Penal de La Paz, Regina Santa Cruz. La expresidenta interina enfrenta un proceso por los cargos de “sedición, conspiración y terrorismo” al ser acusada de un supuesto golpe de Estado en 2019, tras las elecciones que acabaron con la presidencia de Evo Morales y su salida del país. En este sentido, este mismo domingo el exmandatario del MAS afirmó que el esclarecimiento de dichos hechos, de los que fue «víctima», serán una contribución a la democracia de Bolivia y de América Latina.
La investigación también es en contra de sus exministros transitorios, Álvaro Rodrigo Guzmán, de Energía; y Álvaro Eduardo Coímbra Cornejo, de Justicia. La jueza Santa Cruz también ordenó la prisión preventiva para ambos.
Así, la Justicia aceptó la petición de la Fiscalía de prisión preventiva ante el “riesgo de fuga” de los exdirigentes, como alertó el Ente Investigador. Sin embargo, la togada redujo la solicitud de la Fiscalía, que le había pedido seis meses de cárcel. Esta decisión llega después de que la política conservadora y sus dos exministros fueran detenidos este sábado pasado.
A través de su cuenta de Twitter, el expresidente manifestó que no se cansará de solicitar justicia para las personas que murieron y resultaron heridas durante el supuesto golpe de Estado ocurrido en noviembre de 2019. Las declaraciones de Morales se dan mientras decenas de manifestantes han salido a las calles de La Paz en apoyo al anuncio judicial.
Con el objetivo de lograr un cuarto mandato presidencial consecutivo, Morales participó de las elecciones. Una decisión criticada por la oposición del país, que alegaba que su postulación era anticonstitucional. Sin embargo, el dirigente logró ser habilitado para los comicios en lo que se mostraba como favorito, aunque no tuviera asegurada una victoria en primera vuelta.
Un contexto de 2019 que desató una grave crisis política, con denuncias de fraude electoral por un lado, y por otro la defensa del expresidente, y con protestas que se extendieron durante semanas. En medio, la Organización de Estados Americanos (OEA) se inclinó por afirmar que hubo «operaciones dolosas», que alteraron «la voluntad expresada en las urnas». Algo que Evo Morales y sus partidarios han insistido que no hubo ningún tipo de engaño electoral, basándose además en que los últimos resultados electorales dieron la victoria al actual líder Luis Arce.
Por su parte, entes y organismos internacionales como la Unión Europea (EU) o la ONU, anunciaron que están siguiendo de cerca los acontecimientos en Bolivia, sobre los que piden la mayor transparencia de los organismos judiciales y el mayor respeto al proceso de la expresidenta interina y de sus exministros.
«En los últimos días se han dictado órdenes de aprehensión en Bolivia contra la expresidenta Áñez, ministros de su Gobierno interino y otras (antiguas) autoridades. Como resultado, la expresidenta y dos de sus ministros ya fueron detenidos. Estos son acontecimientos preocupantes que seguimos de cerca», declaró una portavoz del Servicio Europeo de Asuntos Exteriores (SEAE).
António Guterres, secretario general de Naciones Unidas, solicitó seguir avanzando en «pasos dados por todos los actores bolivianos hacia la consolidación de la paz» y reiteró el apoyo de la ONU en ese camino. Además, insistió en el diálogo distanciado de motivaciones políticas, y el respeto y la promoción de los derechos humanos en el país sudamericano.
Con EFE y Reuters
