Santo Domingo.– El director de Compras y Contrataciones Públicas, Carlos Pimentel, afirmó que el proceso de licitación realizado por el Instituto Nacional de Bienestar Estudiantil se ejecutó en apego a la normativa vigente, pese a haber sido suspendido tras cuestionamientos públicos.
El funcionario explicó que, desde el punto de vista técnico y legal, el procedimiento cumplió con los requisitos establecidos por la ley que regula las compras públicas, respetando principios fundamentales como la transparencia, la libre competencia y la igualdad de condiciones entre oferentes.
La licitación, valorada en aproximadamente 151 millones de pesos, tenía como objetivo la adquisición de suplementos nutricionales dirigidos a estudiantes del sistema educativo público, como parte de los programas de alimentación escolar impulsados por el Estado.
No obstante, el proceso fue suspendido en medio de críticas y cuestionamientos de distintos sectores, lo que ha generado un debate público sobre su pertinencia y ejecución. Ante esto, Pimentel reiteró que no se han identificado violaciones a la ley, aunque reconoció la necesidad de que el proceso sea revisado dentro del marco institucional.
Asimismo, subrayó la importancia de que este tipo de procedimientos sean evaluados con criterios objetivos, evitando juicios apresurados y garantizando el respeto a las competencias de cada órgano del Estado.
La suspensión de la licitación deja en pausa la compra de los suplementos, mientras las autoridades analizan los próximos pasos en un contexto donde la transparencia y la confianza pública se mantienen como ejes centrales del debate.
