El reciente cambio constitucional aprobado en El Salvador para permitir la reelección presidencial indefinida encendió las alarmas en la región. No es la primera vez que un país latinoamericano flexibiliza sus reglas democráticas en nombre del “pueblo” para que un mandatario carismático se mantenga en el poder más allá de los límites previamente establecidos. La historia no se repite, pero sí, como decía Mark Twain, «suele rimar».
Con una mayoría aplastante en la Asamblea Legislativa, el presidente Nayib Bukele no solo eliminó la prohibición de reelección indefinida, sino que también extendió el período presidencial de cinco a seis años y eliminó la segunda vuelta electoral. Una maniobra acelerada que ha despertado inquietudes sobre la salud democrática del país centroamericano.
Pero este patrón no es nuevo en América Latina. Desde Venezuela hasta Nicaragua, pasando por Bolivia y Ecuador, el camino hacia la reelección sin límites ha seguido un guion conocido: presidentes con amplio apoyo popular, mayorías parlamentarias favorables y cortes constitucionales alineadas. Los resultados, sin embargo, han demostrado que esa continuidad en el poder tiene un precio institucional alto.
¿Qué ocurre cuando se habilita la reelección indefinida?
Expertos advierten que esta práctica erosiona los pilares democráticos. Aunque Bukele ha defendido el cambio comparando a El Salvador con países desarrollados donde se permite la reelección (principalmente en sistemas parlamentarios), el argumento pierde fuerza cuando se analiza el contexto institucional latinoamericano. En los regímenes presidenciales, la separación de poderes y los mandatos fijos son esenciales para mantener el equilibrio democrático. La continuidad ilimitada rompe ese principio.
El expresidente venezolano Hugo Chávez, el nicaragüense Daniel Ortega, el boliviano Evo Morales y el ecuatoriano Rafael Correa impulsaron reformas similares, todas con el mismo objetivo: seguir gobernando más allá de los límites constitucionales. En muchos casos, esas decisiones se tomaron a contrarreloj, con procedimientos cuestionables y apelando a la voluntad popular como justificación.
De la popularidad a la concentración del poder
Bukele, quien cuenta con altos niveles de aprobación gracias a su política de seguridad de mano dura, ha replicado el argumento clásico: “El pueblo decide”.
Organismos como Human Rights Watch han alertado que El Salvador podría estar siguiendo el mismo camino que Venezuela: concentración de poder, debilitamiento de los contrapesos institucionales y regresión democrática. La historia de Chávez y su sucesor, Nicolás Maduro, demuestra lo difícil que es revertir esa deriva una vez que se consolida.
¿Hay marcha atrás?
Los casos de Bolivia y Ecuador muestran que sí es posible revertir estas reformas cuando cambia el liderazgo político. Pero también evidencian que el daño institucional es profundo y que recuperar la confianza ciudadana y la estabilidad democrática lleva tiempo.
Por contraste, el caso de Colombia ofrece una lección distinta. En 2010, la Corte Constitucional frenó la intención del entonces presidente Álvaro Uribe de buscar un tercer mandato, alegando la defensa del orden constitucional. Fue una muestra de que cuando las instituciones son fuertes e independientes, pueden resistir la tentación del poder perpetuo.
Más allá de los tecnicismos constitucionales, el debate sobre la reelección indefinida pone sobre la mesa una pregunta fundamental para cualquier democracia: ¿cómo cuidamos el poder para que no se vuelva contra nosotros?
Aquí algunas claves para reflexionar:
- Popularidad no es impunidad: tener altos índices de aprobación no da carta blanca para reescribir las reglas a gusto personal.
- Una constitución es un límite, no un comodín: cambiarla por conveniencia socava su legitimidad y erosiona la confianza en el sistema.
- El pueblo no solo elige, también debe vigilar: sin ciudadanía activa, el poder se acomoda y se aleja del control democrático.
- Sin alternancia no hay democracia sana: la rotación en el poder no solo renueva liderazgos, también previene abusos.
- Las instituciones no se heredan, se construyen: cada país debe fortalecer sus tribunales, congresos y organismos autónomos si quiere evitar la autocracia.
El caso salvadoreño no es aislado. Es una advertencia. Porque cuando el poder no suelta el poder, el precio siempre lo termina pagando la democracia… y su pueblo.
