Por Mayrelin García
Hablemos de inteligencia urbana. La inteligencia de una ciudad no se mide por la cantidad de sensores instalados ni por la sofisticación de sus plataformas digitales, sino por la capacidad de sus autoridades locales para utilizar los datos, la innovación y la participación ciudadana en favor del bienestar colectivo. Una ciudad inteligente, como plantea UN-Habitat, es aquella que integra la tecnología con la sostenibilidad, la equidad y la eficiencia para mejorar la vida de las personas. En la República Dominicana, esta visión empieza a tomar forma en el ámbito municipal, donde la modernización, la transparencia y la gestión basada en evidencia se convierten en prioridades de la nueva gobernanza local.
La gestión pública local requiere hoy un cambio de paradigma. Contar con información en tiempo real sobre el tránsito, el consumo energético, la gestión de residuos o la contaminación permite tomar decisiones más rápidas, más precisas y más justas. No se trata únicamente de adquirir tecnología, sino de desarrollar capacidades humanas para interpretarla y transformarla en políticas públicas que respondan a los desafíos de cada territorio. En esa línea, varios municipios dominicanos han asumido la innovación digital como motor de transformación institucional, demostrando que la tecnología, cuando se aplica con sentido social, es una herramienta de desarrollo y no un lujo administrativo.
Iniciativas impulsadas por la Oficina Gubernamental de Tecnologías de la Información y Comunicación (OGTIC) y la municipalidad, han permitido que cada vez más ayuntamientos formen parte del programa Municipios Conectados, un esfuerzo que ha llevado servicios en línea a diversas localidades de las diferentes regiones del país. Gracias a estos portales, los ciudadanos pueden solicitar permisos, pagar arbitrios y acceder a información pública desde sus dispositivos, fortaleciendo la transparencia y la confianza en la gestión local.
La ciudad de Santiago de los Caballeros ha sido pionera en la implementación de proyectos de innovación urbana, como el “Santiago Smart City”, una iniciativa que, con el apoyo del Consejo para el Desarrollo Estratégico de Santiago, el INTEC y el Banco Interamericano de Desarrollo, impulsa el uso de datos abiertos, la movilidad sostenible y la planificación urbana inteligente. Este modelo demuestra que la modernización no solo es posible, sino también necesaria para que las ciudades medianas del país gestionen su crecimiento de manera ordenada y sostenible.
En municipios de menor escala, también se observa una transformación tangible. El Ayuntamiento de Constanza, con su programa Mi Municipio Digital, ha combinado la digitalización de servicios con la capacitación tecnológica de las micro y pequeñas empresas locales, ayudándolas a ingresar al comercio electrónico y a fortalecer su competitividad. En Mao, la alcaldía, junto con una empresa local de telecomunicaciones, instaló WiFi gratuito en el Parque Duarte, facilitando el acceso a internet para estudiantes y emprendedores. En Haina, una alianza también con una empresa de telecomunicaciones, permitió instalar puntos de conectividad pública, mientras que en Higüey, el programa Higüey Conectado amplió la cobertura de internet gratuito en parques y espacios comunitarios. Estos avances son ejemplos concretos de cómo la inclusión digital puede reducir desigualdades y fomentar el desarrollo social desde el territorio.
Estas experiencias locales confirman que la construcción de municipios inteligentes no depende del tamaño ni del presupuesto, sino de la voluntad política, la colaboración interinstitucional y la visión de futuro. Sin embargo, también evidencian los desafíos que persisten: brechas de conectividad en zonas rurales, falta de personal técnico capacitado, limitada sostenibilidad financiera de los servicios digitales y escasa alfabetización tecnológica en algunos sectores de la población. No basta con instalar portales o redes de WiFi; es necesario garantizar que la ciudadanía tenga las competencias y los recursos para aprovecharlos plenamente.
Por eso, resulta urgente consolidar una política nacional de digitalización municipal que establezca estándares mínimos de interoperabilidad, transparencia y protección de datos. Es preciso crear fondos de innovación local que incentiven a los municipios a desarrollar proyectos tecnológicos propios, especialmente en los territorios con menores recursos. Y, al mismo tiempo, debe fortalecerse la formación del personal técnico y administrativo de las alcaldías, porque la verdadera transformación no radica en la tecnología, sino en las personas que la gestionan. De igual forma, la inclusión digital requiere acompañamiento social: talleres comunitarios, acceso a dispositivos, microcréditos tecnológicos y programas educativos que empoderen a la ciudadanía para participar en la vida pública desde la era digital.
Si además incorporamos una visión de sostenibilidad ambiental, la tecnología puede servir como aliada para monitorear la calidad del aire, prevenir inundaciones, mejorar la eficiencia energética y optimizar el manejo de residuos. En ese sentido, la apuesta por energías renovables, infraestructura verde y planificación resiliente no debe verse como una opción complementaria, sino como un eje estratégico del desarrollo local. Los municipios dominicanos pueden convertirse en laboratorios de innovación social y ambiental si logran integrar estos componentes en sus agendas de gestión.
La República Dominicana ya avanza por el camino correcto. El reto es mantener el impulso, fortalecer las capacidades institucionales y consolidar una red nacional de municipios inteligentes, sostenibles e inclusivos. Alcanzar ese objetivo requiere continuidad, cooperación y visión compartida. Si logramos que la tecnología esté verdaderamente al servicio de la gente, y no al revés, estaremos construyendo un país donde la innovación se traduzca en bienestar, donde la transparencia sea una práctica cotidiana y donde cada municipio se convierta en un espacio de progreso humano y equidad social. Ese es, en definitiva, el verdadero sentido de la inteligencia urbana, una gestión pública que aprende, se adapta y evoluciona con y para las personas.
