Por Mayrelin García
La reciente intensificación de los operativos migratorios por parte del Gobierno dominicano ha vuelto a colocar en el debate nacional el tema complejo y sensible de la inmigración haitiana. Las acciones coordinadas por la Dirección General de Migración (DGM) junto a las Fuerzas Armadas, Policía Nacional y otros organismos estatales están generando una respuesta inédita: cientos de ciudadanos haitianos, principalmente en áreas de alta concentración como Friusa y Mata Mosquito, están retornando voluntariamente hacia Haití, anticipándose a las detenciones y deportaciones anunciadas por las autoridades.
El presidente Luis Abinader ha sido enfático y decidido al manifestar que estas medidas no son negociables, destacando que «las bandas criminales haitianas no encontrarán refugio en nuestro territorio». En este sentido, el gobierno dominicano anunció la implementación de quince medidas específicas para proteger la soberanía nacional, la seguridad ciudadana y garantizar el cumplimiento irrestricto de la ley. Estas incluyen desde el refuerzo significativo de la vigilancia fronteriza, la ampliación acelerada del muro fronterizo, hasta la reforma urgente del marco legal migratorio con sanciones más severas para quienes faciliten la migración irregular, y la creación de mecanismos institucionales como la Procuraduría Especializada en Asuntos Migratorios y un Observatorio Ciudadano sobre Políticas Migratorias.
Sin embargo, abordar este fenómeno desde una perspectiva exclusivamente securitaria o legalista sería reducir la complejidad del asunto. Es sabido que sectores clave para la economía dominicana como la agricultura, construcción y el turismo han dependido históricamente de la mano de obra haitiana, muchas veces en condición migratoria irregular. Y aunque recientemente el gobierno dominicano ha impulsado iniciativas orientadas hacia la mecanización agrícola e industrialización de procesos constructivos para reducir esta dependencia, el desafío sigue latente y requiere una solución gradual, ordenada y sostenible.
No podemos negar que durante décadas ciertos sectores económicos han preferido la mano de obra haitiana por razones económicas evidentes: menores costos laborales y la disposición de los inmigrantes a desempeñar tareas que el trabajador dominicano a menudo rechaza. Este fenómeno económico no es exclusivo de República Dominicana, ocurre en múltiples regiones del mundo con características similares. Sin embargo, esta realidad no puede ser excusa para perpetuar la informalidad ni la violación continua del marco legal migratorio del país. El gobierno ha advertido con claridad que aplicará sanciones contundentes contra empleadores que mantengan este tipo de prácticas.
Ahora bien, más allá de estos elementos económicos y legales, como dominicana preocupada por el futuro de mi país, pienso que debemos ir más allá. Haití enfrenta una crisis profunda y multidimensional que no hemos causado, pero cuyas consecuencias padecemos. Hemos dado siempre la mano a Haití, pero no podemos permitir que nos tomen el brazo o peor aún, el cuerpo. Como lo he manifestado antes, podemos ser solidarios sin sacrificar lo que legítimamente corresponde a nuestro pueblo: empleo digno, educación y salud de calidad.
Las recientes decisiones del gobierno de fortalecer los controles migratorios, regular con firmeza el comercio fronterizo y poner límites claros al acceso de servicios públicos gratuitos para migrantes indocumentados, responden al reclamo histórico del pueblo dominicano, cansado de cargar con los costos económicos y sociales que genera la migración irregular desde Haití. Pero también requieren una reflexión profunda sobre nuestra propia coherencia interna: no basta con controles externos; debemos regularizar con determinación a todos los sectores económicos que históricamente se han beneficiado del trabajo irregular de ciudadanos haitianos.
El gobierno del presidente Abinader está mostrando decisión y valentía al enfrentar una problemática histórica que gobiernos anteriores han evadido, y con él vemos por primera vez acciones coordinadas y contundentes en diversos ámbitos: legal, institucional, económico y de seguridad nacional. Pero esta crisis, como él mismo ha reconocido antes y ahora, no puede ser enfrentada únicamente por la República Dominicana. La comunidad internacional debe asumir de una vez por todas su cuota histórica y moral de responsabilidad con Haití. Los países desarrollados, que tanto reclaman solidaridad a naciones en vías de desarrollo como la nuestra, deben ser los primeros en contribuir con acciones concretas, inversiones significativas y compromisos reales para estabilizar a Haití.
Mientras tanto, los dominicanos debemos mantenernos unidos, conscientes de que nuestra responsabilidad primera es proteger nuestra soberanía y garantizar el bienestar de nuestros ciudadanos. No podemos seguir cargando solos con una crisis que no generamos, ni permitir que nuestra generosidad natural como pueblo se transforme en una debilidad aprovechable por quienes no asumen su responsabilidad histórica con Haití.
Este es un tiempo decisivo para República Dominicana. Se necesita unidad nacional, firmeza en las decisiones, responsabilidad empresarial, colaboración internacional efectiva y coherencia en nuestras políticas migratorias. Solo así podremos asegurar un futuro seguro, justo y digno, tanto para los dominicanos como para aquellos inmigrantes que, respetando las leyes, decidan construir aquí su vida.
A Haití siempre le hemos dado la mano; ahora toca poner límites, reglas claras y justicia firme. No podemos retroceder ni ceder en lo que está en juego: nuestra identidad, nuestra soberanía y el bienestar de futuras generaciones.
