Hablar de Hannah Arendt en el mundo contemporáneo no constituye un ejercicio académico retrospectivo ni una evocación intelectual del siglo XX. Es, por el contrario, una exigencia moral del presente. Su pensamiento, forjado en medio de las ruinas políticas y éticas de Europa tras el totalitarismo, conserva una vigencia inquietante porque no se limita a describir una época, sino que revela un patrón permanente del comportamiento humano cuando el pensamiento es sustituido por la obediencia, la rutina y la normalización de lo injusto.
Arendt comprendió que los grandes crímenes no siempre son cometidos por fanáticos ni por sujetos dominados por el odio, sino por individuos ordinarios que abdican de su capacidad de pensar. La banalidad del mal, concepto que emerge con fuerza tras el juicio de Adolf Eichmann en Jerusalén, rompe con la imagen tradicional del mal como algo demoníaco o excepcional. Eichmann no era un monstruo moral, sino un burócrata eficiente, obediente y vacío de reflexión ética, incapaz de cuestionar el sentido último de sus actos.
La obediencia acrítica, cuando se disfraza de deber, legalidad o disciplina, se convierte en uno de los mayores peligros para la humanidad. El mal se banaliza cuando el individuo renuncia a su responsabilidad moral y delega su conciencia en la autoridad, en la norma o en la estructura administrativa. En ese punto, la ley deja de ser un límite ético y se transforma en un instrumento de dominación.
Este fenómeno se agrava cuando la crisis de la autoridad se combina con el colapso de la tradición. Arendt advirtió que las sociedades modernas, al romper con los marcos éticos heredados sin sustituirlos por nuevas referencias morales sólidas, generan un vacío que puede ser ocupado por ideologías totalizantes, por la tecnocracia deshumanizada o por la corrupción sistémica. Allí donde nadie piensa, nadie responde; y donde nadie responde, el mal encuentra terreno fértil.
La banalidad del mal no pertenece exclusivamente al pasado. Se manifiesta hoy en funcionarios que normalizan la corrupción, en burócratas que ejecutan políticas inhumanas sin cuestionarlas, en estructuras estatales y privadas que destruyen vidas, ecosistemas y derechos bajo el amparo de la legalidad formal. También emerge en el uso acrítico de la tecnología, cuando la eficiencia sustituye a la ética y el ser humano es reducido a dato, expediente o estadística.
En el ámbito del derecho penal internacional, el pensamiento de Arendt plantea un desafío fundamental. La responsabilidad individual, piedra angular de la justicia internacional, se enfrenta constantemente al argumento de la obediencia debida, del cumplimiento de órdenes o de la neutralidad administrativa. La experiencia histórica demuestra que los crímenes de lesa humanidad no son posibles sin la participación activa o pasiva de miles de actores que “solo cumplían su función”.
La Corte Penal Internacional, como expresión jurídica del consenso moral mínimo de la humanidad, se enfrenta al reto de juzgar no solo a los autores materiales, sino a quienes, desde estructuras de poder, normalizan el mal y lo administran con apariencia de legalidad. Arendt nos recuerda que no pensar es ya una forma de culpa, y que la ausencia de reflexión moral no exime de responsabilidad.
Desde mi perspectiva, el legado de Hannah Arendt interpela directamente a nuestro tiempo y a nuestras instituciones. Pensar no es un lujo intelectual, es un deber moral. Pensar es resistir la corrupción, la indiferencia y la obediencia ciega. Pensar es afirmar la dignidad humana frente a cualquier estructura que pretenda anularla.
En un mundo marcado por guerras, crimen organizado, degradación ambiental y colapso ético, la banalidad del mal se manifiesta cada vez que un servidor público, un militar, un político o un ciudadano renuncia a pensar críticamente. La vigencia de Arendt reside en su advertencia más profunda: el mayor peligro para la humanidad no es el odio, sino la incapacidad de pensar.
Dr. Rafael Guerrero Peralta



