Santo Domingo.– La Junta Central Electoral (JCE) emitió la Resolución núm. 01-2026, mediante la cual establece los montos y criterios de distribución de la contribución económica del Estado a los partidos, agrupaciones y movimientos políticos reconocidos, correspondientes al año 2026.
De acuerdo con la certificación oficial, la asignación de los recursos se realiza en cumplimiento de lo dispuesto por la Constitución de la República, la Ley núm. 33-18 de Partidos, Agrupaciones y Movimientos Políticos y la Ley núm. 20-23 del Régimen Electoral, garantizando los principios de legalidad, equidad y transparencia en el financiamiento público de las organizaciones políticas.
La resolución define la distribución de los fondos conforme a los resultados obtenidos por las organizaciones políticas en las últimas elecciones, diferenciando entre partidos mayoritarios, organizaciones con representación electoral y aquellas que alcanzaron el umbral mínimo establecido por la ley para acceder a la contribución estatal.
El documento establece que la contribución económica se distribuirá de la siguiente manera:
- El 80 % del monto total será asignado a los partidos políticos que hayan obtenido más del 5 % de los votos válidos emitidos en las últimas elecciones ordinarias generales.
- El 12 % corresponderá a los partidos que hayan alcanzado entre el 1 % y menos del 5 % de los votos válidos.
- El 8 % restante será distribuido entre los partidos, agrupaciones y movimientos políticos que hayan obtenido menos del 1 % de los votos válidos, pero que mantienen su reconocimiento legal.
Asimismo, la JCE precisa que los recursos asignados deberán ser utilizados exclusivamente para fines institucionales, de formación, educación política, funcionamiento ordinario y fortalecimiento organizativo, conforme a los límites y obligaciones de rendición de cuentas establecidos en la normativa vigente.
El órgano electoral reiteró que el uso de estos fondos estará sujeto a mecanismos de supervisión, fiscalización y control, y que las organizaciones políticas beneficiarias deberán cumplir con los procesos de transparencia y reporte financiero ante la JCE y los órganos competentes.
Con esta resolución, la Junta Central Electoral reafirma su rol como garante del sistema democrático, asegurando reglas claras y previsibles en materia de financiamiento público de los partidos políticos de cara al ejercicio político y electoral del año 2026.
