Por:
Dr. Rafael Guerrero Peralta
La captura y extracción forzada de Nicolás Maduro desde territorio venezolano marca un punto de quiebre en la historia reciente del orden internacional. No se trata únicamente de la aprehensión de un jefe de Estado en ejercicio, sino de un acontecimiento que obliga a replantear los límites entre soberanía, responsabilidad penal y seguridad colectiva en un mundo cada vez más afectado por Estados capturados por el crimen organizado.
Durante décadas, la soberanía fue utilizada como un escudo absoluto. Bajo su amparo, regímenes autoritarios consolidaron sistemas de represión, corrupción y criminalidad sin enfrentar consecuencias reales. El caso venezolano representa la culminación de ese modelo: un Estado degradado, instrumentalizado por redes criminales que operan desde el poder político y militar, con impactos devastadores para su población y efectos desestabilizadores para toda la región.
La captura de Maduro desnuda una contradicción central del sistema internacional contemporáneo. Por un lado, existen normas claras que establecen la responsabilidad penal individual por crímenes de lesa humanidad y la irrelevancia del cargo oficial. Por otro, los mecanismos para hacer cumplir esas normas dependen de la cooperación de los propios Estados investigados.
Es en ese vacío donde surgen los hechos consumados. Acciones unilaterales, jurídicamente incómodas pero políticamente explicables, se convierten en la respuesta práctica frente a la ineficacia del multilateralismo.
Desde el punto de vista geopolítico, la extracción del líder chavista tiene repercusiones inmediatas. Venezuela no es un actor aislado, sino parte de un eje estratégico que ha desafiado el orden liberal internacional.
En el plano hemisférico, las consecuencias son claras: reconfiguración de rutas del narcotráfico, desplazamiento de organizaciones criminales y presión migratoria.
A corto plazo, la captura de Maduro puede ser percibida como una victoria simbólica contra la impunidad. A largo plazo, su impacto dependerá de la reconstrucción institucional.
La captura de Nicolás Maduro envía un mensaje contundente: la impunidad ya no puede ser considerada un derecho inherente al poder.
Dr. Rafael Guerrero Peralta
