La democracia occidental moderna se enfrenta a una antinomia: más estatismo en nombre del igualitarismo y los derechos sociales, u optamos por desburocratizar el Estado, eliminar regulaciones, abonar el libre mercado y renovar formas sociales y políticas que den al traste muchos elementos que restringen la libertad de acción, incluso en la cotidianidad ciudadana. Son los dos polos opuestos, entre un Estado benefactor, paternalista, igualitario, con todas las consecuencias que ello conlleva o todo lo contrario, con la carga inversa del planteamiento neoliberal. Veamos
Usualmente hablamos del Estado de bienestar como una consecuencia de las políticas keynesianas aplicadas en la reconstrucción de Europa luego de la Segunda Guerra Mundial. Pero el Estado benefactor tiene sus antecedentes directos en la política del new deal aplicada por el presidente Franklin Delano Roosevelt a partir de 1933, con el fin de sacar a los Estados Unidos de la recesión. Otra referencia la tenemos en Suecia, donde en 1932 ganó las elecciones el Partido Socialdemócrata e implanto una política que procuró un programa de crecimiento equitativo, promoción del empleo y protección social a través de la implantación de pensiones estatales, subsidios a la infancia, seguro de salud, control de tarifas de arrendamiento, regulación de las condiciones de contratación laboral y otras medidas destinadas a proteger a los sectores de menores ingresos.
La idea central del Estado benefactor es, sobre la base de las ideas keynesianas, estimular las fuerzas del crecimiento económico, prevenir las recesiones pronunciadas, alentar la inversión y estabilizar la demanda. Para ello utiliza como herramienta fundamental los incentivos fiscales y monetarios a la inversión, un programa de seguridad social, transferencias a los más necesitados, servicios públicos para los trabajadores, gasto público en obras, atención al débil social, entre otras políticas que buscan en lo económico altas tasas de crecimiento, pleno empleo y baja inflación. Todo en el marco conceptual de la “compensación” para lograr el “equilibrio” entre la mano de obra y el capital con el fin de reducir los conflictos de clase.
Tras la Segunda Guerra Mundial todo parecía marchar bien hasta que, a partir de 1971, se inició una serie de hechos que determinaron la aparición de la estanflación, concepto que designa la combinación de estancamiento con inflación en un sistema económico.
El 15 de agosto de 1971, Richard Nixon anunciaba el fin de la convertibilidad entre el dólar y el oro después de 26 años en los que estaba vigente el patrón oro surgido a raíz de los acuerdos de Bretton Woods. En 1973 estalla la Guerra del Yom Kipur y la decisión de los países árabes exportadores de petróleo de no suministrar el carburante a los EE UU y países europeos aliados de Israel. Las consecuencias fue un fuerte efecto inflacionista y una reducción de la actividad económica. Esta crisis afecto a todos los países del mundo con un ingrediente desconocido: recesión con inflación.
El Estado de bienestar recibió su primer gran embate desencadenándose todo un menú de acusaciones entre las que destacan las siguientes: primero, las políticas benefactoras conducen a un desincentivo para invertir y trabajar lo que se traduce en una gran amenaza, especialmente para la clase media independiente. Segundo, Las políticas regulatoria y fiscales imponen una carga al capital que contribuyen a una disminución de las tasas de crecimiento. Aunado a lo anterior, la presión de los sindicatos para obtener mejoras salariales y otras reivindicaciones que en su conjunto merman la capacidad competitiva de las empresas. Tercero, la política social que incluye seguros de desempleo, incentiva al trabajador a evitar empleos poco deseables e incluso, muchos trabajadores buscan ser clientes asiduos del Estado benefactor, lacerando la ética del trabajo. Finalmente, se estimula el crecimiento de una “nueva clase media” que, entre las altas tasas de impuestos y la inflación, busca posiciones burocráticas de alto nivel en el servicio civil, quienes a su vez están interesados en el crecimiento de las políticas asistenciales que son fuente principal para prestar sus servicios profesionales en el Estado benefactor.
El enfoque señalado, de claro corte neoliberal, indica que las políticas económicas del Estado benefactor que busca estimular la demanda debilitan la inversión, desestimulan el trabajo y generan efectos en el mercado por la presencia de un Estado considerablemente grande, costoso y, en general, improductivo.
En el orden político y social, la cantidad de regulaciones que buscan garantizar derechos sociales en muchos casos promueven la gestación de nuevos conflictos que afectan el mercado liberal, la propiedad privada y, finalmente, la libertad de algunos para beneficiar a otros. Los neoliberales señalan que el estado benefactor recompensa el fracaso y pecha el éxito. El Estado benefactor cada día se exige más, incrementa su tamaño incorporando nuevos servicios a la par de aumentar los existentes, en la mayoría de los casos con calidades discutibles, lo que puede atentar la libertad, la vida privada y la autonomía.
Adicional a lo señalado, las expectativas que crea el Estado benefactor y el nivel de exigencia de una población-cliente cada vez mayor, hace tensionar el sistema político ante la imposibilidad de atender con respuestas de calidad a las exigencias planteadas, estableciendo mecanismos cada vez mas engorrosos, aumentando la burocracia que en si misma se constituye como una meta y no para lo que fue creada y, inexcusablemente, se crea un circulo vicioso donde el Estado se hace receptor de recursos materiales y financieros que sustraen de la sociedad, mediante impuestos y otras contribuciones legales, que a su vez desestimulan el emprendimiento privado.
El punto neoliberal es reducir el Estado a su condición de vigilante de la seguridad, interna y externa, y garantizar los servicios mínimos para que la sociedad y el mercado funcionen “armónicamente”. Para ello, es necesaria la eliminación de los apoyos socioeconómicos para los trabajadores, los pobres y las capas bajas de la clase media, además de desregularizar la economía y con ello se fortalecerá la ética de trabajo y se motivará al mercado para fomentar sus vías de crecimiento sobre el falso presupuesto, al menos hoy en día, de que hay un potencial de crecimiento ilimitado para los bienes y servicios y esto solamente se logrará si el Estado se reduce a su terreno natural mínimo, se emprende una política de privatización y desregulación que
promoverán la competencia, se terminará con la inflación y se neutralizaran las demandas políticas. Lo que no plantean de manera clara, es la forma en afrontaran con las injusticias burdas, el descontento, la inestabilidad y las confrontaciones de clase que caracterizaron las economías capitalistas antes de la institucionalización de las políticas del Estado benefactor.
De su lado, las distintas capas de la clase media se han visto beneficiada tanto con el sistema de ingeniería social como de libre mercado. Lo importante es investigar donde se encuentra el justo punto de equilibrio desde el cual, una sólida mayoría se vea beneficiada y quizás la mejor demostración es la reducción de la pobreza y el engrandecimiento de la clase media.
@isidrotoro1
