Por Arq. Milagros Nanita-Kennett y Dr. Enrique Soldevilla
En un mundo convulsionado por la guerra de Ucrania y por el enfrentamiento armado israelí-
palestino, causantes de grandes preocupaciones y sufrimientos mundiales, surge un diferendo
diplomático domínico-haitiano en el centro del Caribe, en una isla de apenas 76,192 Km² compartida
por un país que batalla por mantener una economía estable y otro que es considerado uno de los
más pobres del planeta. Este diferendo, que puede parecer a primera vista como marginal,
transciende, y en sus muchas aristas convergen temas centrales de discusión que se dirimen en el
mundo de la diplomacia y las políticas multinacionales.
¿Cuáles son los debates fundamentales del diferendo actual domínico-haitiano? Se discute acerca
de la soberanía de dos países en cuanto al derecho del uso de aguas compartidas, la fragilidad del
concepto de buena vecindad que debe prevalecer en las naciones fronterizas, la vigencia y autoridad
de los organismos internacionales para solucionar divergencias entre Estados miembros.
El detonante y los intereses políticos del diferendo
El 12 de septiembre del 2023 el gobierno dominicano solicitó a las autoridades haitianas el cese
inmediato de la construcción de un canal localizado en la llanura de Maribaroux, el cual constituye
un trasvase del río Dajabón/Masacre a los ríos Haití Jassa y Lamatry, en violación al Tratado de Paz
y Amistad Perpetua y Arbitraje de 1929, que rige el uso y distribución de las aguas y ríos
transfronterizos de la Hispaniola. Ante la negativa del país vecino de paralizar la mencionada obra,
el gobierno dominicano ordenó el cierre completo de la frontera domínico-haitiana.
Si bien este asunto gira en torno al derecho de uso de las aguas compartidas, la disputa devela un
trasfondo de juego político por la parte haitiana, ante el cual, a partir del cierre de la frontera, el
gobierno dominicano decidió detener la emisión de visas a ciudadanos haitianos y la suspensión de
visas a personas involucradas directamente en la promoción del diferendo. También ordenó la
instalación de un sistema biométrico en las “Puertas” de los mercados binacionales para establecer
orden en la entrada y salida de los comerciantes que suelen asistir a los mercados binacionales
Dajabón/Ounaminthe, Elías Piña Belladère, Independencia/Malpasse y Pedernales/Anse-à-Pitre, ya
que un gran número de haitianos que visitan estos mercados carecen de pasaporte, de cédula de
identidad o carta de trabajo que ayuden a las autoridades dominicanas a verificar sus identidades.
Además, la captura de datos biométricos es motivada por la necesidad de controlar dichos
movimientos migratorios —en el presente no se sabe a ciencia cierta el número de haitianos que
viven en el país. Es una medida dirigida también a evitar que miembros de las 40 bandas criminales
que operan en Haití penetren la República Dominicana en anticipación al arribo de la misión
multinacional de apoyo a la seguridad para Haití autorizada por el Consejo de Seguridad de la ONU
el 2 de octubre de este año.
A pesar de todo, el gobierno dominicano, motivado por crear un corredor humanitario, anunció la
reapertura parcial de la frontera, con fines exclusivamente comerciales, el 10 de octubre del 2023.
Esta medida, que podría ser el principio de un proceso conciliatorio y de apertura de nuevos diálogos
entre ambas naciones, no ha sido bien recibida por ciertos grupos de intereses haitianos que han
expresado su determinación de continuar con la frontera cerrada hasta que no se cumpla una serie
de condiciones y exigencias, entre ellas la de suspender la captura de datos biométricos en las
puertas hacia los mercados fronterizos. Funcionarios aduanales haitianos incautan y destruyen los
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productos adquiridos en República Dominicana. Esta situación ha tomado proporciones extremas,
como es el caso de un comerciante identificado como Boselin Buasart, que recientemente pisoteó
una gran cantidad de productos que habían sido incautados a pequeños comerciantes haitianos que
se aventuraron a cruzar la frontera el lunes 30 de octubre del 2023. Un pastor haitiano, Jean Calude
Batiste, declaró que con la construcción del canal Haití ha sido capaz “de encontrar algo que nos
une años después de nuestra Independencia en 1804”.
En las redes sociales publican eslóganes ampliamente difundidos, como “El canal o la muerte», “El
canal no se detendrá», apelando a un nacionalismo populista y designando a la República
Dominicana como enemigo común de la causa haitiana, que no es la causa de la mayoría del
empobrecido pueblo haitiano. Otros grupos han expresado públicamente su posición de no
negociar hasta tanto el gobierno dominicano no tenga un nuevo presidente. En ese clima tan volátil,
el gobierno haitiano se negó a recibir una misión de la Organización de Estados Americanos (OEA)
que llegó a la isla el pasado 17 de octubre con el propósito de evaluar técnicamente las
intervenciones de ambos países en el río Dajabón/Masacre. La negativa se basó en que la misión
visitó primero a la República Dominicana y que el vuelo en que viajaron los representantes de la
OEA había incursionado por aire dentro de Haití sin autorización previa.
La situación no puede resultar más difícil. Existen grupos políticos y de poder económico en Haití
que han permanecido casi en completo silencio y anonimato desde el asesinato del expresidente
Jovenel Moïse en el 2021, mientras que bandas fuertemente armadas y organizaciones delictivas
organizadas han aumentado el crimen exponencialmente y se han apoderado de la infraestructura
crítica de ese país, incluyendo el acceso a puertos marítimos, terminales de combustible,
aeropuertos y carreteras claves dentro y fuera de las principales ciudades de amplias zonas del país.
Hoy estos grupos, ondeando una bandera de nacionalismo utilitario, desean recobrar vigencia
política y unificar al pueblo haitiano alrededor de la construcción del canal localizado en la llanura
de Maribaroux, usándolo como pretexto para posicionarse, ante los ojos de la comunidad
internacional, como víctimas y estigmatizando a la República Dominicana como agresor. También
dichos grupos toman ventaja del diferendo para crear presiones y situaciones erráticas, a sabiendas
de que las elecciones dominicanas serán celebradas el próximo año e ilusionados con la idea de
influenciar, de una manera u otra, el proceso eleccionario de nuestro país, quizás con el propósito
de llevar al poder a un gobierno que sea más flexible y favorable a la postura actual haitiana, que es
la de sus intereses particulares y no la del pueblo llano de esa nación vecina.
Un brevísimo balance de la historia política insular
Cabe señalar que la República Dominicana nunca ha agredido a la República Haití o ha intentado
quitarle su soberanía. Por el contrario, Haití, en 1806, incursionó en el país bajo un mantra basado
en su constitución de 1805 de que “la isla es una e indivisible” y envió un ejército bien equipado que
penetró la parte occidental de la isla, matando a cientos de mujeres y niños antes de retirarse de
nuevo hacia Haití, en un acto que la historia recogió como «el degüello de Moca». Doce años más
tarde, un ejército de 12,000 soldados volvió a invadir y ocupó el territorio dominicano por 22 años.
Durante ese periodo se restringieron las libertades individuales, se confiscaron grandes cantidades
de bienes y se impusieron políticas laborales opresivas. Además, se cerró la Universidad de Santo
Tomás de Aquino, así como muchas escuelas e iglesias y se forzaba el uso del idioma francés en
diversas instancias de la vida pública.
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Es pertinente resaltar que las invasiones haitianas no cesaron en 1844 cuando la República
Dominicana declaró su independencia del pueblo haitiano. Las sucesivas incursiones al territorio
dominicano continuaron hasta 1867, cuando finalmente Haití reconoció la soberanía dominicana.
La mayor falta de los dominicanos está enraizada en la dictadura trujillista iniciada en 1930 —
considerada una de las tiranías más sangrientas de América Latina—que en pocos años lanzó el plan
de “dominicanización” de la frontera. Al inicio del régimen Trujillo sintió interés en reforzar las
delimitaciones nacionales y asegurar el control sobre la frontera. Esta concepción lo llevó, entre los
días 2 y 8 de octubre de 1937, a realizar la matanza de miles de ciudadanos haitianos que habían
ocupado los pueblos fronterizos y varias partes del Cibao, lo que puede considerarse como uno de
los sucesos más oscuros de nuestra historia. Este hecho bochornoso y la sangrienta persecución,
apresamiento, tortura y muerte que sistemáticamente también infligía a los dominicanos, fueron
acciones fuertemente repudiadas por el pueblo dominicano, como demuestran los múltiples
atentados y conspiraciones que surgieron década tras década contra Trujillo, quien fue finalmente
ajusticiado en 1960 por un grupo de patriotas.
La causa raíz del problema haitiano
Al momento de cierre de este artículo, el Consejo de Seguridad de la Organización de las Naciones
Unidas autorizó el despliegue de una fuerza armada multinacional en Haití. Esta fuerza fue
autorizada después de que el primer ministro de Haití, Ariel Henry, solicitó asistencia militar a las
Naciones Unidas. La autorización invoca el Capítulo VII: acción en caso de amenazas a la paz,
quebrantamientos de la paz o actos de agresión de la Carta de la ONU. Mientras tanto, hay un
impasse que genera incertidumbre sobre el curso de los acontecimientos en los días venideros.
Es importante entender que la resolución del Consejo de Seguridad responde a la situación
calamitosa que vive el pueblo haitiano debido a la desigualdad social, pobreza extrema y
analfabetismo perpetuo a que lo han sometido las clases empoderadas de ese país, que es en
realidad la causa raíz de su problema nacional, y que la controversia por las aguas compartidas es
convergente con esas circunstancias sociopolíticas que ponen de relieve esa realidad compleja. Esta
realidad se debe a la fórmula de manejo de la economía haitiana. Por ejemplo, Haití recibió
contribuciones de más de 70 países por unos US$5,440 millones de dólares como parte del Plan de
Acción para la Recuperación y el Desarrollo de Haití –después del terremoto que causó 316,000
muertes y dejó a 1.5 millones de personas sin hogar– aprobado en la Conferencia Internacional de
Donantes “Hacia un nuevo futuro para Haití” realizada en Nueva York en marzo del 2010 (Gobierno
de Haití, 2010). Sin embargo, Haití, hasta la fecha, no ha podido recobrarse de ese desastre y todavía
le queda pendiente ejecutar su plan de recuperación. Contrario a lo esperado —que las
contribuciones representaran un estímulo (gran infusión de dinero hacia la economía)— y de
acuerdo con la Organización Panamericana de la Salud, la economía haitiana se contrajo
significativamente después del desastre. Se estima que entre 2011 y el 2015 el PIB descendió de 5.5
% a 1.7 porciento, las exportaciones se redujeron en un 15 %y la tasa de desempleo experimentó
un incremento de 6.4% .
Esto nos lleva a otra pregunta: ¿qué puede esperar la República Dominicana con este escenario que
se les avecina?
La resolución de la ONU de autorizar una fuerza militar en Haití, liderada por Kenia, de manera
directa o indirecta tendrá una influencia en las relaciones e intercambios binacionales de las
provincias fronterizas y en sus actividades comerciales con Haití. En este momento es muy difícil
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prever cómo los hechos se desenvolverán en un futuro inmediato, pero la realidad es que la
situación actual de Haití es insostenible y, con la ayuda internacional, hay esperanza de que ese país
vecino pueda salir del caos en que sus clases dominantes y los grupos criminales han sumido a la
población.
Una solución plausible al diferendo por las aguas compartidas
Aunque la clave para dirimir el diferendo por el desvío del río Masacre reside en última instancia en
la voluntad política que muestre el actual gobierno haitiano, una solución plausible residiría en una
perseverante labor diplomática encaminada, por un lado, a que Haití y República Dominicana firmen
y ratifiquen la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho de los Usos de los Cursos de
Agua Internacionales para Fines Distintos de la Navegación, del 21 de mayo de 1997 (instrumento
que regula y precisa cómo proceder cuando hay recursos hídricos compartidos), y, por otro, igual
gestión diplomática para que el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA)
declare áreas protegidas a las aguas binacionales de la isla Hispaniola, considerando la existencia
del compromiso contraído al integrar la República Dominicana y Haití el Corredor Biológico del
Caribe (CBC),
1 junto a Cuba y Puerto Rico. Cabe anotar que el CBC es una Iniciativa de los ministerios
de medio ambiente de los cuatro países mencionados, por lo que esos grupos haitianos que por
intereses políticos patrocinan el desvío del río Masacre están también vulnerando los compromisos
de Estado suscritos por su propio gobierno bajo esta iniciativa ambiental.
Invitamos a considerar que esas dos líneas de labor diplomática son viables y pudieran contribuir a
la solución de un diferendo creado por intereses espurios de algunos personajes haitianos que
pugnan por permanecer en el escenario político aun a costa del sacrificio de sus propios ciudadanos.
Capitalizan el problema del río Masacre para continuar medrando en un proceso socioeconómico y
político que no les interesa cambiar porque no les conviene.
