Por Rafael Guerrero Peralta.
La migración masiva se ha convertido en uno de los fenómenos más determinantes del siglo XXI. Millones de personas se desplazan cada año no solo por razones económicas, sino empujadas por guerras, colapsos institucionales, persecuciones políticas, violencia del crimen organizado, narcotráfico, hambrunas y desastres ambientales. Este movimiento humano de grandes proporciones ha dejado de ser un simple fenómeno social para convertirse en un componente directo de la seguridad nacional de los Estados receptores.
Contrario a ciertas percepciones simplistas, la migración por sí sola no genera automáticamente criminalidad. La evidencia internacional demuestra que el verdadero riesgo surge cuando los flujos migratorios se producen de manera desordenada, sin control institucional y sin procesos de integración social. En esos vacíos, el crimen organizado encuentra terreno fértil para operar: trata de personas, tráfico de migrantes, explotación laboral, narcotráfico y lavado de activos.
Las fronteras se han convertido así en espacios de alta tensión estratégica. No solo representan la puerta de entrada de poblaciones vulnerables, sino también posibles corredores de penetración de redes criminales transnacionales. La pérdida de control fronterizo no solo debilita la soberanía, sino que compromete la capacidad del Estado para identificar amenazas reales contra su seguridad.
Igualmente, la migración masiva impacta de forma directa sobre los servicios públicos: salud, educación, vivienda, transporte, agua, energía y seguridad ciudadana. Cuando estas presiones superan la capacidad del Estado, surgen conflictos sociales, brotes de xenofobia, radicalización política e inestabilidad institucional.
En el plano geopolítico, ha pasado a ser utilizada incluso como un instrumento de presión internacional. Los flujos humanos pueden convertirse en armas no convencionales de desestabilización política, afectando la gobernabilidad de países enteros.
En el Caribe, y de manera muy especial en la República Dominicana, se entrelaza con factores de alto riesgo: la proximidad a rutas del narcotráfico, la fragilidad institucional del entorno regional, la presión migratoria permanente desde Haití y el creciente interés de estructuras criminales transnacionales. Aquí la migración deja de ser solo un fenómeno humanitario para convertirse en un tema estratégico de seguridad nacional.
Las experiencias internacionales más exitosas demuestran que las políticas eficaces son aquellas que combinan control fronterizo inteligente, canales legales de migración, integración socioeconómica, cooperación internacional y combate directo a las causas estructurales que obligan a las personas a huir de sus países. La represión sin integración genera clandestinidad; la integración sin control debilita la soberanía.
Cuando es mal gestionada no solo desborda los servicios públicos, sino que termina erosionando la confianza en las instituciones, debilitando el Estado de derecho y abriendo espacio al crimen organizado, la corrupción y la violencia.
Para finalizar, La migración no es el verdadero problema del mundo actual, el problema real es la incapacidad de muchos Estados para garantizar condiciones mínimas de vida, seguridad, libertad y justicia a sus pueblos. Cuando un ser humano se ve obligado a abandonar su tierra, su familia y su identidad, no estamos frente a un acto voluntario, sino ante un fracaso colectivo de las naciones.
Un Estado que defiende su soberanía sin proteger la dignidad humana pierde su autoridad moral. Pero un Estado que protege la dignidad humana sin proteger su soberanía termina perdiendo su capacidad de existir. El equilibrio entre ambas es hoy uno de los mayores desafíos de la seguridad nacional contemporánea.
La República Dominicana tiene el deber histórico de proteger su territorio, sus instituciones y su pueblo, sin renunciar nunca a los valores humanitarios que han definido nuestra identidad como nación. Control con legalidad, firmeza con humanidad y soberanía con justicia: ese es el verdadero camino responsable.
