Las mujeres representan un segmento amplio donde el autoempleo y las microempresas son la norma
Por: Fabricio Gómez Mazara
Una de las fortalezas que ha sustentado el crecimiento económico de República Dominicana ha sido el poder femenino.
Mujeres decididas, resilientes y solidarias; con poder sobre las decisiones públicas y privadas que han impactado positivamente al ecosistema productivo, así como a las condiciones de vida de sus descendientes.
Las mujeres evidencian un mayor nivel educativo que la de sus pares masculinos. De acuerdo con el Banco Central, respecto de la proporción de la Población en Edad de Trabajar (PET) con nivel educativo universitario o mayor, las mujeres acumulan un porcentaje de 26.1% mientras que los hombres acumulan solo 16.1%.
En 2025, se registraron 74,000 nuevos empleos formales en el Sistema de Registros Laborales. De esta cantidad, 53% de los empleos fueron ocupados por mujeres. lo que refleja una mayor inclusión y participación femenina en la economía.
Es decir, las mujeres dominicanas tienen mayor nivel educativo, así como empleos más estables cerrando históricas brechas laborales y salariales.
Respecto del sector informal, las mujeres representan un segmento amplio donde el autoempleo y las microempresas son la norma. Esta realidad define la naturaleza del microcrédito como un modelo de negocio distinto al de la banca tradicional.
Debido a restricciones regulatorias, los bancos comerciales tienden a priorizar sus créditos en los hombres, ya que estos dirigen negocios de mayor escala y poseen activos tangibles como garantía.
En este contexto, las microfinanzas encuentran su nicho en el mercado informal liderado por mujeres, donde la estructura de los activos y el tamaño de las empresas responden a una lógica financiera distinta.
El ecosistema dominicano de microfinanzas actúa sustituyendo las garantías tradicionales por garantías sociales y confianza, adaptándose a negocios de autoempleo que requieren préstamos pequeños y plazos flexibles.
Bajo esta estructura, es más probable que las mujeres acepten contratos sujetos a condiciones particulares como sesiones de capacitación y esquemas de responsabilidad conjunta.
Esta disposición, se debe a que su demanda de financiamiento está condicionada por mayores restricciones crediticias. Al contar con menos fuentes financieras alternativas, optan por modelos que se ajustan a su necesidad de supervivencia.
Estas restricciones también actúan como un mecanismo de control que termina favoreciendo al prestamista informal. Al carecer de alternativas, la dependencia financiera de la mujer permite al usurero sacar provecho a su vulnerabilidad para neutralizar el riesgo moral, transformando la falta de opciones en ganancias extraordinarias para el prestamista con menores costos de supervisión.
Ante la falta de acceso al empleo formal, las mujeres valoran aún más el autoempleo. Esta carencia refuerza la disposición en el pago de acreencias para preservar su única fuente financiera.
Estas características han guiado el diseño de las políticas de crédito en el Consejo Nacional de Apoyo y Promoción a las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas (Promipyme), junto a dos requisitos esenciales: la inclusión financiera y la diversidad territorial.
Respecto de la inclusión financiera de la mujer, la cartera de créditos de Promipyme tiene la segunda mayor proporción de mujeres en cantidad de créditos del sistema financiero con un 62%. Solo superada por la cartera de créditos del Banco Adopem (65%).
