Presidente Abinader designa Comisión de Veeduría para supervisar obras deportivas financiadas con fondos recuperados de la corrupción
Santo Domingo, República Dominicana. — El presidente de la República, Luis Abinader, designó la Comisión de Veeduría que tendrá a su cargo el seguimiento y la supervisión del proceso de contratación y ejecución de las obras deportivas que serán financiadas con RD$2,000 millones recuperados de actos de corrupción.
Durante el acto de juramentación de la comisión, el mandatario estuvo acompañado por el ministro de Deportes, Kelvin Cruz, y resaltó que estos recursos han sido recuperados por el Estado dominicano en el marco de procesos judiciales en curso, y que hoy se reinvierten en beneficio del deporte y de la sociedad.
“Quiero dar especial agradecimiento a estos distinguidos dominicanos por haber aceptado esta veeduría, porque ninguna de esas obras que van a tener como fuente el dinero de la recuperación de la corrupción debe carecer de la mayor transparencia, y la presencia de ellos es garantía de eso”, expresó el presidente Abinader.
La Comisión de Veeduría estará encabezada por el periodista y presidente de la Federación Dominicana de Tenis, Persio Maldonado, y la integran además el abogado y expresidente del Tribunal Constitucional, Milton Ray Guevara; Luisín Mejía, expresidente del Comité Olímpico Dominicano; monseñor Héctor Rafael Rodríguez, arzobispo de Santiago; y el doctor José Joaquín Puello.
De su lado, el ministro de Deportes, Kelvin Cruz, destacó la solvencia moral y ética de los miembros de la comisión, lo que permitirá dar seguimiento transparente a cada una de las obras que se ejecutarán para beneficiar a la juventud y la niñez dominicana.
“Estos fondos que fueron recuperados de la corrupción van dirigidos a una necesidad muy sentida, que es el deporte, los jóvenes del país, los amantes del deporte y los niños, quienes lo agradecerán. Siga poniendo su mirada en el deporte de la República Dominicana”, manifestó Cruz.
La comisión velará por la legalidad, transparencia y correcta ejecución de las obras, garantizando el uso responsable de los recursos públicos y fortaleciendo la confianza ciudadana en la gestión gubernamental.
