El Índice de Capacidad para Combatir la Corrupción (CCC) 2023
Índice de Capacidad para Combatir la Corrupción 2023 La quinta edición del Índice CCC de AS/COA y Control Risks explora la capacidad de 15 países de América Latina para detectar, sancionar y prevenir la corrupción. La edición 2023 del Índice de Capacidad para Combatir la Corrupción (CCC) refleja un entorno anticorrupción bajo presión en toda América Latina. Con democracias e instituciones críticas bajo presión en muchos países, el Índice registró una disminución en el puntaje promedio regional por primera vez desde 2020. Los puntajes cayeron en diversos grados en 10 de los 15 países estudiados. Dos de los 15 países, Guatemala y Venezuela, experimentaron disminuciones significativas en sus puntajes en 2023, y un país, Panamá, experimentó una mejora sustancial. Guatemala y México son los dos únicos países cuyos puntajes generales han disminuido cada año desde que se publicó el Índice en 2019. La quinta edición del Índice CCC cubre 15 países, que juntos representan el 96 por ciento del PIB de América Latina. En lugar de medir los niveles percibidos de corrupción, el Índice CCC evalúa y clasifica a los países en función de la eficacia con la que pueden combatir la corrupción. Se considera que los países con una puntuación más alta tienen más probabilidades de ver a los actores corruptos procesados y castigados. Leer el informe La clasificación es: Uruguay (6,99 sobre 10) Costa Rica (6,76) Chile (6,67) Perú (5.53) República Dominicana (5.42) Panamá (5.39) Argentina (5.07) Brasil (4,83) Colombia (4,78) Ecuador (4,68) Paraguay (4,61) México (3.87) Guatemala (2.86) Bolivia (2,56) Venezuela (1.46) El Índice CCC es una herramienta analítica basada en datos que analiza 14 variables clave, incluida la independencia de las instituciones judiciales, la solidez del periodismo de investigación y el nivel de recursos disponibles para combatir los delitos de cuello blanco. Estas variables se dividen en tres categorías: capacidad jurídica, democracia e instituciones políticas, y sociedad civil y medios de comunicación. Los puntajes generales de los países son un agregado ponderado de estas tres categorías. El índice se basa en una gran cantidad de datos y en una encuesta patentada realizada entre los principales expertos en anticorrupción de Control Risks, la academia, la sociedad civil, los medios de comunicación y el sector privado.
La República Dominicana ha mantenido su progreso en la lucha contra la corrupción, lo cual se refleja en una mejora del 4% que ha permitido al país conservar el quinto puesto en el Índice. La mayoría de los avances
se registraron en la categoría de capacidad legal, que mejoró un 11% desde 2022, impulsado por avances significativos en las variables que evalúan a
los instrumentos de delación premiada y a las agencias anticorrupción. Las variables que miden la independencia judicial y la independencia de la fiscalía general también experimentaron avances moderados.
Sin embargo, el país tuvo retrocesos en la categoría de sociedad civil y medios de comunicación. La República Dominicana tiene pocas organizaciones no gu- bernamentales dedicadas a la transparencia y la lucha contra la corrupción, y está por debajo del promedio regional en la variable que evalúa la movilización de la sociedad civil contra la corrupción. Desde que asumió el cargo en 2020, el presidente Luis Abinader ha hecho hincapié en la lucha contra la corrupción, lo que ha contribuido a un progreso constante en términos generales. En julio de 2022, Abinader promulgó una ley de extinción de dominio. No obstante, es probable que se necesiten más recursos para los organismos anticorrupción, así como recursos para hacer cumplir activamente la legislación anticorrup- ción en todos los ámbitos, que según los analistas siguen siendo limitados.
La Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA) ha continuado varias investigaciones anticorrupción de alto perfil durante el año pasado, por ejemplo la Operación Coral, Operación Coral 5G, Operación Antipulpo, Operación Medusa y Operación Calamar. Estas investigaciones se han centrado principalmente en funcionarios del gobierno anterior del Partido de la Liberación Dominicana (PLD). Los funcionarios del gobierno actual que han sido asociados con presunta corrupción han sido despedidos o han renunciado.
