El presidente Luis Abinader ha propuesto una reforma fiscal que tiene como objetivo principal corregir los desequilibrios financieros del Estado y preparar a la República Dominicana para enfrentar los desafíos económicos del futuro. Esta iniciativa, más que una simple actualización del sistema tributario, se presenta como un imperativo para garantizar la sostenibilidad económica del país y evitar que se siga incrementando el nivel de endeudamiento para cubrir déficits recurrentes.
Actualmente, el endeudamiento público va situándose en más del 60% del Producto Interno Bruto (PIB), según el Banco Central. Esta situación no solo pone en riesgo la capacidad del gobierno para realizar inversiones en sectores críticos, sino que también compromete la estabilidad financiera a largo plazo. Es evidente que se requiere una reestructuración profunda de las finanzas del Estado para reducir la dependencia del crédito y mejorar la capacidad de recaudación.
La propuesta de Abinader, aunque ambiciosa, es necesaria para encauzar a la República Dominicana hacia una senda de crecimiento y estabilidad. Se contempla destinar los futuros recursos generados por la reforma a sectores prioritarios como la seguridad, el transporte, la salud y la modernización del sistema eléctrico. La inversión planificada en seguridad asciende a RD$ 52,170 millones en cuatro años, con proyectos que incluyen la creación de salas de denuncia virtuales, la mejora del tránsito a través de tecnologías avanzadas y la incorporación de 20,000 nuevos agentes a la Policía Nacional. Además, se destinarán RD$ 176,358 millones para mejorar el sistema de transporte, que incluye la expansión de la red del metro y la implementación de un tren de Santo Domingo a San Cristóbal.
Sin embargo, la reforma debe ir más allá de la mera recaudación. Es fundamental que se implemente una reingeniería del gasto público que reduzca el tamaño del Estado, elimine duplicidades y aumente la eficiencia administrativa. La estructura gubernamental actual está caracterizada por una gran cantidad de entidades que muchas veces se superponen en sus funciones y absorben recursos que podrían ser utilizados de manera más productiva. Aunque el gobierno ha manifestado su intención de fusionar ministerios y reducir la cantidad de instituciones estatales, se necesita una estrategia más profunda y un compromiso real para optimizar el uso de los recursos públicos.
Además, la racionalización del gasto debe ir acompañada de un esfuerzo para eliminar exenciones fiscales que históricamente han favorecido a sectores ya consolidados. Estas exenciones, que en muchos casos no generan un retorno significativo para el país, representan una pérdida de ingresos fiscales que podrían ser mejor utilizados en áreas prioritarias como la educación y la infraestructura. La eliminación de estos privilegios, aunque controversial, permitiría una redistribución más equitativa de los recursos y contribuiría a reducir la carga tributaria sobre los sectores menos favorecidos.
Por otro lado, la reforma propuesta busca facilitar la formalización de las micro, pequeñas y medianas empresas (MIPYMES), eliminando el anticipo del Impuesto sobre la Renta para las microempresas y reduciendo este pago en un 40% y 60% para las pequeñas y medianas empresas, respectivamente. Estas medidas son esenciales para fomentar el emprendimiento, crear empleos y fortalecer el tejido empresarial del país, contribuyendo a una mayor estabilidad económica y social a largo plazo.
No obstante, es crucial que la implementación de la reforma fiscal se realice con transparencia y eficiencia. Es imperativo que el gobierno establezca indicadores de desempeño claros y cree un sistema de monitoreo continuo que permita evaluar de manera objetiva el impacto de la reforma en la economía y en la calidad de vida de los ciudadanos. Esto no solo generará confianza en la población, sino que también asegurará que los fondos se utilicen de manera efectiva y no sean absorbidos por un aparato estatal ineficiente y sobredimensionado.
La reforma fiscal no debe ser percibida como una carga adicional sobre los contribuyentes, sino como una oportunidad para redefinir el papel del Estado en la economía y fortalecer su capacidad para promover el desarrollo y la equidad social. El éxito de esta reforma dependerá de la capacidad del gobierno para equilibrar la necesidad de aumentar los ingresos fiscales con una reducción del gasto innecesario y una optimización de los recursos disponibles. Si se logra este equilibrio, la República Dominicana podrá salir fortalecida de este proceso, con un Estado más eficiente y una economía más robusta y competitiva.
La reforma fiscal propuesta por el presidente Luis Abinader no es solo una necesidad, sino una oportunidad para que el país construya una estructura financiera más sólida y sostenible. Asegurar una ejecución efectiva y transparente será fundamental para restaurar la confianza de la ciudadanía y lograr un crecimiento económico que beneficie a todos los dominicanos.
