El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, informó al Congreso que el país se encuentra en un “conflicto armado no internacional” contra los carteles de la droga, a los que considera “combatientes legales”. La declaración, contenida en un documento confidencial revelado por varios medios, supone un cambio radical en la forma en que Washington enfrenta el narcotráfico.
El memorando, filtrado a medios estadounidenses como CBS, The New York Times y Reuters y del que se ha hecho eco el mundo, surge después de que fuerzas estadounidenses atacaran tres lanchas en el Caribe presuntamente vinculadas al tráfico de drogas. Los operativos dejaron al menos 17 personas muertas, lo que generó críticas por el uso de fuerza letal en operaciones de interdicción.
Según el texto, Trump instruyó al Departamento de Guerra —nombre con el que prefiere referirse al Departamento de Defensa— a llevar a cabo operaciones militares contra estas organizaciones, que han sido catalogadas como terroristas por su administración.
Venezuela en la mira
El mandatario afirmó además que estudia extender estas acciones contra carteles que “llegan por tierra” a Venezuela, en particular contra el Tren de Aragua y el Cartel de los Soles, este último vinculado por Washington a altos mandos militares y al propio presidente Nicolás Maduro. Caracas rechaza las acusaciones y acusa a Estados Unidos de utilizar el narcotráfico como pretexto para un cambio de régimen.
En paralelo, Estados Unidos mantiene un despliegue militar en el Caribe, cerca de las costas venezolanas, bajo el argumento de reforzar su campaña antinarcóticos.
Debate legal y cuestionamientos
Los ataques en el Caribe han levantado serias dudas sobre su legalidad. Expertos en derecho internacional, como Luke Moffett de la Queen’s University de Belfast, señalan que la fuerza letal solo debería emplearse como último recurso. En su opinión, estas acciones podrían constituir “ejecuciones arbitrarias extrajudiciales” y una grave violación de los derechos humanos.
Otros especialistas, como Geoffrey S. Corn, exasesor del Ejército estadounidense, cuestionan la justificación legal de catalogar a los carteles como actores beligerantes, dado que “traficar drogas no equivale a un ataque armado contra Estados Unidos”.
Poderes de guerra
Para analistas, la decisión de Trump busca consolidar poderes extraordinarios propios de un estado de guerra, lo que le permitiría ordenar operaciones militares directas sin necesidad de pasar por el Congreso. Bajo el derecho internacional, esta clasificación habilitaría a Estados Unidos a eliminar combatientes enemigos, aun si no representan una amenaza inmediata.
Sin embargo, las críticas sobre la proporcionalidad de la respuesta y el riesgo de violar normas humanitarias internacionales ponen en entredicho la legitimidad de esta estrategia, que podría redefinir la guerra contra las drogas en la región.
