Por Mayrelin García
Por fin, nuestro país cuenta con una hoja de ruta clara, ambiciosa y consensuada para enfrentar uno de los retos ambientales más complejos y urgentes: la gestión integral de los residuos sólidos. Con la promulgación del Decreto 302-25, que aprueba el Plan Nacional de Gestión Integral de los Residuos Sólidos (PLANGIR) 2025-2035, la República Dominicana no solo cumple con un mandato legal, sino que sienta las bases para un trabajo planificado, escalonado y con visión de Estado que permitirá mostrar resultados concretos en la próxima década.
El PLANGIR surge como el instrumento rector para la implementación de la Ley 225-20, Ley General de Gestión Integral y Coprocesamiento de Residuos Sólidos, una legislación que marcó un antes y un después en la política ambiental del país y que actualmente es objeto de importantes debates en la Cámara de Diputados, el sector empresarial y la municipalidad. Esta ley, aún joven —promulgada en octubre de 2020— estableció un marco jurídico robusto para abordar el problema de los residuos desde una perspectiva de cuidado del medioambiente, de salud pública, sostenibilidad y corresponsabilidad social. Reconoce principios clave como la Responsabilidad Extendida del Productor (REP), el enfoque de economía circular, la posibilidad de mancomunar los servicios de recolección y disposición final, así como la inclusión de los recicladores de base. Además, exige al MIMARENA y a los gobiernos locales la formulación de planes, reglamentos y la adopción de medidas concretas.
En ese contexto, el PLANGIR representa mucho más que un documento técnico. Es una plataforma de articulación nacional que reconoce el papel esencial de los gobiernos locales, el sector privado, la ciudadanía y da espacio a la cooperación internacional en la construcción de un modelo sostenible de gestión de residuos. En lugar de soluciones aisladas o reactivas, el plan propone acciones sistemáticas que abarcan desde la educación ciudadana hasta el fortalecimiento de la infraestructura para la disposición final.
Uno de los aspectos más relevantes es que, por primera vez, el país aborda la gestión de residuos con un enfoque estructurado y metas verificables. Entre ellas: lograr que para el 2035 el 100% de los residuos no valorizados se depositen en sitios debidamente regularizados; clausurar o convertir en rellenos sanitarios los más de 250 vertederos a cielo abierto existentes; y valorizar formalmente al menos el 15% de los residuos sólidos urbanos. Asimismo, se proyecta que al menos el 80% de los residuos peligrosos sean tratados de manera adecuada.
Pero nada de esto será posible sin la participación activa de los ayuntamientos y de las juntas de distritos municipales. El PLANGIR reconoce a las alcaldías como actores fundamentales, por lo que establece como prioridad la formulación e implementación de Planes Municipales de Gestión Integral de Residuos Sólidos (PMGIRS), con el acompañamiento técnico del Ministerio de Medio Ambiente, la Liga Municipal Dominicana y otras entidades colaboradoras. Esta articulación permitirá territorializar la estrategia nacional, respetando la realidad y capacidades de cada demarcación.
La promulgación del PLANGIR también abre la puerta al fortalecimiento institucional, el desarrollo normativo, la creación de instrumentos de política pública y la atracción de inversión pública y privada. Coloca, además, la economía circular como paradigma central para la producción y el consumo, superando el modelo lineal e insostenible de “usar y desechar”.
En suma, el PLANGIR no solo representa una victoria institucional. Aunque es fruto de un esfuerzo que se remonta a la gestión del fenecido ministro Orlando Jorge Mera, y que continuó bajo la dirección de Miguel Ceara Hatton, es bajo la actual conducción del ministro Armando Paíno Henríquez cuando finalmente ve la luz. Este plan constituye una oportunidad histórica —si sabemos aprovecharla e implementarla correctamente— para dar un salto cualitativo hacia una gestión moderna, inclusiva y sostenible de los residuos en nuestro país.
A partir de ahora, queda en manos de todos los sectores —gobierno central, municipalidades, empresas y ciudadanía— pasar del papel a la acción. La meta es ambiciosa, pero el camino está trazado. Lo importante es comenzar, con voluntad y compromiso, a construir desde hoy los resultados que queremos ver en 2035. Todos somos parte del problema, pero, mejor aún, todos podemos ser parte de la solución.
