Por Orlando Salvador Jorge Villegas
En la República Dominicana, la desaparición de personas sigue siendo un problema sin una respuesta estructurada y eficiente. Una vez más el tema resurge con la desaparición de la joven Sudiksha Konanki, ilustrando la zozobra que experimentan muchas familias que viven en la incertidumbre de no saber qué ha pasado con sus seres queridos.
Es imperativo que el país cuente con un mecanismo legal y operativo que permita una respuesta rápida y coordinada ante estos casos. En su momento estuvo sobre la mesa el proyecto de ley de Alerta Amber, una iniciativa que a pesar de haber sido presentada en dos ocasiones al Congreso Nacional, aún no ha sido aprobada por cuestiones burocráticas.
El Proyecto de Ley para la Prevención y Respuesta Nacional en caso de Ausencia de Población Vulnerable, Alerta Amber, busca la creación de un protocolo de respuesta inmediata para la búsqueda de menores de edad y personas con condiciones de salud mental que se encuentren desaparecidas. Dentro de este protocolo se encuentra la creación de una brigada especializada, compuesta por representantes de cada una de las instituciones gubernamentales a cargo de la seguridad nacional y telecomunicaciones.
El impacto de este modelo ha sido comprobado en múltiples países que lo han implementado con éxito. El mismo cuenta con un reconocimiento internacional, que supone también garantías para extranjeros y turistas en materia de seguridad. Está claro que la rapidez con la que se emite una alerta puede marcar la diferencia entre la vida y la muerte. Mientras más coordinada y ágil sea la reacción de las autoridades, mayores son las probabilidades de encontrar a la persona desaparecida con vida.
A pesar de que el proyecto de ley no prosperó en su momento, el presidente Luis Abinader tomó medidas y mediante decreto creó una brigada especializada para casos de desapariciones. Esta brigada, conformada por diversas instituciones gubernamentales, ha sido clave en la coordinación de esfuerzos para la búsqueda de personas desaparecidas, y ha tenido una alta incidencia en la efectividad de la respuesta y búsqueda de la joven india desaparecida a inicios de mes. El trabajo continuo y evidente de esta brigada, es justamente la razón por la que es necesaria más institucionalidad en estos procesos. Sin una ley que garantice su continuidad y fortalezca su alcance, el sistema actual seguirá siendo vulnerable a los cambios administrativos y a la falta de recursos adecuados.
El caso de Konanki pone nuevamente en el centro del debate la necesidad de contar con un protocolo legalmente respaldado. Si bien la respuesta de las autoridades ha sido efectiva, este es un caso de alta visibilidad mediática. ¿Qué ocurre con las decenas de dominicanos que desaparecen sin que sus casos reciban la misma cobertura? La implementación de un sistema formal de Alerta Amber en nuestro país aseguraría que todas las desapariciones sean atendidas con la misma urgencia y nivel de coordinación.
Es momento de que nuestros legisladores retomen esta discusión y asuman la responsabilidad de aprobar esta ley. La protección de los ciudadanos no debe depender de decretos temporales o de coberturas mediáticas, sino de políticas públicas sólidas que aseguren que ninguna familia tenga que enfrentar sola esta angustia. La institucionalización de este mecanismo permitiría garantizar una respuesta sostenible y efectiva para las familias que viven la tragedia de la desaparición de un ser querido. Esta es una necesidad de la sociedad dominicana.
