La reciente propuesta de modificación de la Ley 225-20 sobre Gestión Integral y Coprocesamiento de Residuos Sólidos ha desatado una ola de preocupación en amplios sectores del país. Lo que comenzó como una iniciativa para reforzar el marco legal de los residuos, dotar de mayor financiamiento a los municipios y ampliar los mecanismos de recuperación de materiales, ha terminado generando un intenso debate que ha puesto en entredicho tanto el contenido del proyecto como la manera en que ha sido tramitado.
Aprobada de urgencia por el Senado en lecturas consecutivas en enero, sin vistas públicas ni consultas amplias, la reforma avanzó en su primera etapa legislativa con una celeridad que encendió las alarmas en el sector privado, organizaciones ambientales y asociaciones de micro, pequeñas y medianas empresas. El proyecto plantea aumentos significativos en las contribuciones especiales —en algunos casos de hasta un 3,750 %— sin que haya mediado un análisis técnico o económico que justifique tales montos ni se hayan considerado las consecuencias en la competitividad de sectores clave de la industria nacional.
La Asociación de Industrias de la República Dominicana (AIRD), el Consejo Nacional de la Empresa Privada (CONEP), la Asociación Dominicana de la Industria del Plástico (ADIPLAST), la Asociación Nacional de Jóvenes Empresarios (ANJE) y ECORED, entre otras organizaciones, han expresado su firme rechazo a la forma y el fondo del proyecto aprobado en el Senado. Denuncian que las modificaciones debilitan el equilibrio institucional logrado en la ley original, excluyen actores fundamentales como el Ministerio de Medio Ambiente como rector y protagonista, y el sector privado del fideicomiso para la gestión de residuos, y aumentan de forma desproporcionada las cargas financieras a las empresas.
Especial preocupación ha generado también la imposición de un mínimo obligatorio del 30 % de coprocesamiento con residuos sólidos como combustible alternativo para el sector cementero, sin haber establecido aún ni la infraestructura necesaria ni las normas técnicas que garanticen viabilidad y seguridad ambiental. La Asociación Dominicana de Productores de Cemento Portland (ADOCEM) ha advertido que una medida de esta naturaleza, impuesta sin estudios de impacto, podría comprometer la calidad del cemento, encarecer su producción y afectar gravemente su competitividad frente a mercados internacionales.
En medio de este panorama, pareciera que la Cámara de Diputados ha asumido con mayor responsabilidad el reto de revisar el proyecto. La Comisión de Medio Ambiente ha realizado un proceso de consultas con diversos actores de la sociedad, incluyendo representantes del sector privado, del gobierno central, del municipalismo, y organizaciones ambientalistas. Esta apertura contrasta con el hermetismo del Senado y representa una oportunidad de corregir el rumbo, recuperar el espíritu de consenso que dio origen a la Ley 225-20 y reconstruir la confianza entre los sectores productivos y el Congreso Nacional.
El país necesita una legislación moderna, justa y eficaz para enfrentar el desafío urgente de la gestión de residuos. Pero esa legislación no puede ser fruto de imposiciones ni de negociaciones unilaterales, ni de la defensa de intereses particulares que tal vez a simple vista no se ven. La transición hacia una economía circular debe contar con el compromiso del Estado, pero también con la participación activa del sector privado, los gobiernos locales y la ciudadanía. Imponer cargas fiscales sin criterios técnicos ni gradualidad, aumentando un presupuesto que no está claro cómo y para qué se va a usar, solo generará desincentivos en la sociedad y retrasará los avances que ya se han logrado.
La Cámara de Diputados tiene una responsabilidad histórica. No se trata de bloquear una reforma que tal vez es necesaria, sino de garantizar que cualquier cambio responda al interés colectivo, esté basado en evidencia y preserve los principios de transparencia, participación y gobernanza técnica que dieron legitimidad a la ley original. El futuro de la sostenibilidad en República Dominicana no puede construirse sin diálogo ni respeto a las capacidades reales del país. La Comisión de Medio Ambiente tiene en sus manos no solo una ley, sino una visión de desarrollo que debe ser protegida respetando reiteramos, el bien colectivo, no el particular.
