La necesidad de reducir el tamaño del Estado dominicano para propiciar una mayor eficiencia en la administración pública, mejorar el uso de los recursos y promover un entorno económico más competitivo, por años ha sido parte del debate nacional y de las recomendaciones de organismos internacionales.
Desde que inicié mi ejercicio profesional y mis labores como docente universitario, hace más de 20 años, igual que cuando abordé y profundicé sobre el derecho administrativo en mis propios textos, tenía claro que el tamaño actual del Estado dominicano resulta excesivo para un país con apenas 11 millones de habitantes.
Con el transcurrir del tiempo y por la falta de voluntad política en las gestiones anteriores, la estructura de la administración pública fue creciendo sin una visión estratégica provocando que se generen duplicidades y redundancias.
República Dominicana es de los pocos países de la región que cuenta con 24 ministerios, mientras que España, país con más de 45 millones de habitantes, solo cuenta con 22 ministerios y la media de las demás naciones ronda los 15 o 16.
Creo firmemente que, para que el país pueda definitivamente tener una administración pública eficiente, un servicio público de calidad, un mejor uso de los recursos del Estado, que se reduzcan las brechas para el despilfarro y las ineficiencias administrativas, se requiere abordar con seriedad el exceso de estructuras institucionales y la funcionabilidad de estas, ya que estas representan un alto costo para el presupuesto nacional.
Este abordaje debe partir de un análisis riguroso de la misión de cada una de las instituciones y del personal que realmente se requiere, pues uno de los grandes males de los que adolece la administración pública es la duplicidad de funciones, entidades públicas que hacen, en la práctica, la misma función y entran dentro del mismo ámbito de competencia. Esto genera confusión en la ciudadanía y en los propios servidores de esos organismos, además, de un claro exceso de gastos y estructuras, situaciones que al final afectan directamente al usuario que busca directamente esos servicios.
Buscar la eficiencia en el servicio público y reducir los obstáculos que impiden una administración amigable, asequible, moderna, transparente, ha sido una tarea que he asumido desde mucho antes de ostentar un cargo público.
En 2015, cuando trabajábamos en la campaña de la primera candidatura del presidente Luis Abinader, y junto a otros compañeros del partido, comenzamos a trabajar la propuesta “Burocracia Cero”, cuyos componentes principales se enfocan en la simplificación de trámites y la eficiencia de los recursos públicos, tanto humanos como económicos, hacer más con menos.
En ese momento, ya habíamos iniciado el análisis sobre cuál es la estructura de la administración pública, qué funciones realizan las entidades y cómo nosotros podíamos optimizar la administración pública, nuestra pregunta clave ¿Cuál es la estructura de la administración pública que requiere los tiempos modernos? Sobre esas premisas, nos planteamos acciones concretas, entre ellas la fusión de instituciones y la eliminación de las que ya habían alcanzado sus objetivos.
Es sabido que muchas instituciones (comisiones, gabinetes, direcciones) fueron creadas para cubrir ineficiencias de algunos ministerios o de sus incumbentes, y esto fue generando, con el tiempo, una serie de estructuras adicionales que fueron agrandando la estructura del Estado, lo que ha tenido por años un impacto negativo en las cuentas públicas, y en la funcionalidad de los organismos gubernamentales.
Con estas propuestas claras y con la visión y decisión del presidente Luis Abinader, un abanderado de la eficientización del gasto público, se inició la primera ola de la reforma de la estructura del Estado, con la eliminación de la Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales (CDEE), de la Oficina de Ingenieros Supervisores de Obras del Estado (OISOE), la fusión de Bienes Nacionales y el Consejo Estatal del Azúcar (CEA), la eliminación del Despacho de la Primera Dama, y de Pro-Comunidad.
Ahora iniciamos la segunda ola, con la puesta en marcha de la propuesta de Eficientización y Racionalización de la Administración Pública, acciones muy ponderadas, cuyo objetivo es la optimización de los recursos, la mejora en la coordinación interinstitucional, la eliminación de duplicidades, y la reducción de la burocracia.
Es importante aclarar, que la primera y segunda ola de reformas en la administración pública son parte de un proceso y que vendrán otras acciones necesarias para profundizar lo que ya hemos iniciado. Esta transformación no es una tarea sencilla, pues conlleva un análisis y replanteo de las normativas que rigen cada institución, pero en adición, una cuidadosa revisión de todo lo relativo a los servidores públicos involucrados. El objetivo no lo podemos perder de vista, propiciar una modernización de la administración pública que permita eficientizar el gasto.
Con la fusión del Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología (Mescyt) y el Ministerio de Educación nos proponemos que todo lo relacionado con la educación se concentre coherentemente en una misma institución, como en todas partes del mundo, una acción que permitiría visualizar de manera integral la educación desde inicial hasta la universitaria, además eficientizar los recursos destinados al sector en función de los desafíos de cara a la era digital.
Asimismo, con la creación del Ministerio de Economía y Hacienda, buscamos generar sinergia entre la planificación y la inversión, conjugándolas con la realidad financiera y presupuestaria del Estado dominicano, es decir, lograr que toda la estrategia de inversión del Estado dominicano se realice en base a los recursos disponibles, estableciendo una planificación más organizada y a fin con las políticas públicas.
De igual modo, con la supresión del Ministerio Administrativo de la Presidencia y su conversión en Secretariado Administrativo bajo la Presidencia, se podrá lograr una sola coordinación en todas las áreas transversales y de soporte, mejorando los recursos humanos, las finanzas y las comunicaciones.
Todas estas fusiones y supresión de entidades, además de las medidas de contención anunciadas, parten de la visión de hacer un Estado mucho más ágil, eficiente y moderno, que se corresponda al modelo de país que la sociedad está buscando, con mejores servicios públicos y eficiencia en procesos y trámites que incentiven el desarrollo económico y social, asegurando ahorros que permitan destinar mayores recursos a sectores neurálgicos, como seguridad ciudadana, salud, inversión en proyecto de infraestructura como el Sistema Integrado de Transporte y otras necesidades.
Nuestra misión frente al MAP es consolidar una administración pública más acorde al siglo 21, más aterrizada a la realidad de la economía nacional, en la cual lo que se busca es un Estado más regulador, más fiscalizador, y menos concentrador de potestades y competencias que solo generan mayores niveles de burocracia.
Entre nuestras tareas se encuentra la revisión y actualización de la Ley de Función Pública con la finalidad de abordar el tema de la carrera administrativa, la cual no ha sido aplicada de manera eficiente, y con esto, vamos a propiciar una real profesionalización del servicio público y que cada día el Estado sea menos clientelar.
República Dominicana no es el primer país que ha implementado una reforma profunda de la estructura del Estado, ya hemos estudiado experiencias vividas en México, Costa Rica, Chile, y otros países de la región, en los que se ha logrado reducir el tamaño del Estado y hacerlo más eficiente.
Concluyo destacando que, propiciar estas reformas en la estructura del Estado es una acción valiente del Presidente de la República, que ningún otro mandatario se atrevió a hacer, a pesar de que era un reclamo de los distintos sectores que confluyen en la sociedad, y que pueden tener seguro que todas estas acciones comenzarán a rendir sus frutos en poco tiempo y se verán reflejadas en una mayor calidad del servicio público, más inversiones, más proyectos de infraestructuras, saneamiento de la deuda pública, mejores indicadores de competitividad y un crecimiento económico sostenible que se vea reflejado en el bienestar de los dominicanos.
Por Sigmund Freund
