.
El Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) califica de irresponsable, aventurera y perniciosa la denuncia realizada por el señor Miguel Surún Hernández en nombre de la llamada Fundación Primero Justicia y el empresario Manuel García, en contra del ministro, ingeniero Deligne Ascención, con relación a la ejecución del proyecto de ampliación y extensión de la Autopista de San Isidro.
Las declaraciones hechas por el aspirante a alcalde Miguel Surún Hernández tienen un propósito evidentemente politiquero, y desnaturalizan con engañosas afirmaciones y falsedades jurídicas y técnicas el proyecto de mejoramiento de las principales avenidas de Santo Domingo Este, que lleva a cabo el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones.
Ese proyecto de mejoramiento no abarca solo la avenida Rafael Tomás Fernández Domínguez, que conduce a la Base Aérea de San Isidro, sino también la extensión de la avenida Ecológica hasta el Puerto de Caucedo, y la prolongación de la avenida Hípica hasta la carretera Mella.
Al señalar violaciones a la Ley 340-06, de Compras y Contrataciones Públicas y, acusar al ministro de haber otorgado el contrato que sustenta sus construcciones al margen de la legislación vigente, los declarantes incurren en graves alteraciones de la verdad, ya que el original data del año 2001, y fue suscrito bajo el registro marcado con el número 233-2001 y/o 233-2001 (bis).
En base a este contrato se construyeron durante administraciones anteriores la primera etapa de la avenida Ecológica y la avenida Hípica o del Hipódromo mediante este contrato aún en vigencia.
Todas las obras que se ejecutan actualmente, incluyendo la Autopista de San Isidro, están amparadas en el referido contrato original, concertado al amparo de la Ley 105, del año 1967, y posteriormente cedido en distintas fechas a diferentes empresas constructoras, que haciendo uso del Derecho Privado realizaron cesiones de contrato en varios procesos legales, sobre los cuales, la actual administración se limitó solo a dar la “No Objeción”, en su calidad de entidad contratante, para la ratificación o aceptación al acuerdo de cesión suscrito por los contratistas actuales.
En adición a estos procesos legales legítimos, y realizados entre entes privados, el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones consideró prudente modificar y limitar dicho contrato a través de la formalización de una adenda, presentada y aprobada por la Contraloría General de la República, a los fines de definir y finiquitar los alcances del original, consolidando los proyectos viales ya mencionados como necesarios y de interés para satisfacer las necesidades actuales y el desarrollo futuro del municipio de Santo Domingo Este.
En el caso específico de la avenida de San Isidro, los señores Surún y García actúan al margen de la verdad y hacen acopio de declaraciones maliciosas, con el propósito de desinformar con mentiras a la ciudadanía y a las autoridades judiciales, en interés de confundirlas, en vista de que el proyecto ha sido ampliado de dos a ocho carriles.
Ampliación necesaria para sustentar el amplio desarrollo inmobiliario de la zona y poner orden al caos imperante en esa vía, que conservaba el trazado de su construcción original de los años `50.
Además, serán habilitados 21 cruces para peatones, mediante semáforos y pasos peatonales, cuyos diseños finales fueron debidamente presentados a las juntas de vecinos, transportistas, comerciantes y autoridades municipales de los sectores colindantes con el proyecto, lo que se hizo en varias reuniones, así como mediante publicaciones en la prensa nacional.
Contrario a la evidente inquina de la acción de los señores Surún y García, las modificaciones realizadas al diseño original enriquecen sus alcances, debido a que se incluyen las reformas resultantes del diálogo sostenido en varias asambleas comunitarias, brindando más seguridad a conductores y peatones, garantizando el flujo de vehículos y el desenvolvimiento de la actividad comercial en la periferia de la vía.
Afirmar de manera imprudente sobrevaloración de las obras actualmente ejecutadas en este proyecto, sin presentar evidencias peritales, estimaciones realizadas por auditores calificados o sin fundamentar estas afirmaciones en estudios técnicos avalados por especialistas de reconocido renombre, entidades serias o expertos en la materia, resulta no solo un hecho penable, sino un acto de mala fe y de cuestionable valor ético, que afecta la reputación de los funcionarios públicos del Gobierno Dominicano y de las prestigiosas empresas constructoras vinculadas a estas obras.
