Por Dr. Rafael Guerrero Peralta
Una sociedad no pierde su estabilidad de un día para otro. El deterioro suele comenzar cuando determinados comportamientos violentos dejan de provocar indignación, las instituciones encuentran dificultades para responder y la ciudadanía comienza a considerar normales situaciones que jamás deberían serlo.
Las tensiones sociales que se manifiestan en distintos países europeos, particularmente Francia, Italia y Reino Unido, así como las expresiones de polarización en Estados Unidos, plantean interrogantes que trascienden los enfrentamientos callejeros. El problema no reside en la protesta ciudadana, expresión legítima de las libertades democráticas, sino en el momento en que la violencia organizada pretende utilizar el descontento social como instrumento de presión, intimidación o desestabilización.
Protestar es un derecho. Saquear establecimientos, incendiar propiedades, agredir ciudadanos y destruir bienes públicos o privados son delitos que ninguna reivindicación política puede justificar. Y cuando esas acciones presentan indicios de planificación, coordinación o financiamiento, corresponde investigar quiénes las organizan, quiénes las ejecutan y qué intereses pueden beneficiarse de sus consecuencias.
No toda violencia constituye jurídicamente terrorismo. Sin embargo, determinadas acciones criminales pueden adquirir esa naturaleza cuando concurren los elementos y las finalidades establecidos por la legislación correspondiente. La gravedad de los hechos exige respuestas firmes, pero también investigaciones rigurosas y respeto al debido proceso.
Existe una interrogante que las autoridades responsables de la seguridad no deberían pasar por alto: ¿hasta qué punto las fracturas sociales pueden ser aprovechadas por organizaciones extremistas, estructuras criminales o actores externos interesados en debilitar las instituciones?
La historia contemporánea demuestra que la instrumentalización del descontento constituye una posibilidad real. Organizaciones de distintas orientaciones ideológicas han recurrido a la violencia, mientras las redes criminales han demostrado capacidad para aprovechar escenarios de inestabilidad. Pero la coincidencia de acontecimientos en diferentes países no demuestra, por sí sola, una conspiración internacional. Las conexiones deben establecerse mediante evidencias financieras, operativas y judiciales.
A este escenario se incorpora una cuestión especialmente delicada: la migración.
Millones de personas abandonan sus países impulsadas por la pobreza, la persecución, los conflictos armados o el legítimo deseo de ofrecer mejores oportunidades a sus familias. Esa realidad humana merece respeto. Sin embargo, sería igualmente imprudente desconocer que las rutas migratorias irregulares y las deficiencias de los sistemas de identificación pueden ser aprovechadas por organizaciones dedicadas al tráfico de personas, la delincuencia transnacional o actividades extremistas.
Es indispensable distinguir entre quien migra buscando oportunidades y quien se desplaza deliberadamente para cumplir objetivos criminales. También debemos reconocer a quienes, siendo migrantes legítimos, terminan convertidos en víctimas de explotación por organizaciones ilícitas.
La diferencia no reside en la nacionalidad, la religión ni la procedencia cultural, sino en las conductas y los vínculos que puedan demostrarse.
Especial atención merecen las organizaciones interpuestas, conocidas en el ámbito estratégico como proxies, mediante las cuales determinados actores pueden perseguir intereses políticos o criminales sin aparecer directamente involucrados. Su identificación requiere investigaciones serias sobre financiamiento, comunicaciones, apoyo logístico y estructuras de coordinación. No corresponde presumir su existencia en cada protesta ni atribuir colectivamente responsabilidades a comunidades migrantes.
El extremismo religioso violento representa otra amenaza que debe examinarse sin confundirlo con la libertad de culto. Las organizaciones yihadistas que promueven el terrorismo no representan al conjunto de los musulmanes, del mismo modo que ninguna comunidad religiosa puede ser considerada responsable de los delitos cometidos por quienes instrumentalizan sus creencias.
El verdadero desafío consiste en proteger simultáneamente la seguridad de los Estados, la libertad religiosa y los derechos fundamentales.
América Latina tampoco permanece ajena a estas preocupaciones. El narcotráfico, el tráfico de armas, el lavado de activos, la corrupción y las organizaciones criminales con capacidad de control territorial han demostrado que la desestabilización no necesita adoptar necesariamente la forma de una guerra convencional.
Las nuevas tecnologías agravan determinados riesgos. La utilización de drones por organizaciones criminales, la expansión de las comunicaciones cifradas y las posibilidades de manipulación informativa permiten que estructuras relativamente pequeñas adquieran capacidades que antes requerían mayores recursos.
La situación de Haití constituye una advertencia particularmente cercana. Las bandas armadas han logrado disputar funciones esenciales del Estado, controlar territorios, extorsionar comunidades y provocar desplazamientos masivos de población. No se trata simplemente de protestas sociales, sino de una crisis profunda de seguridad y autoridad institucional.
Para la República Dominicana, que comparte con Haití una misma isla, esta realidad representa un desafío permanente. Dos Estados soberanos, con historias, idiomas y expresiones culturales diferentes, deben enfrentar las consecuencias de una crisis que trasciende las fronteras.
Nuestro país tiene el legítimo derecho y la responsabilidad de proteger su soberanía, controlar sus fronteras, combatir el tráfico ilícito y garantizar la seguridad de sus habitantes. Esa obligación debe ejercerse dentro del orden constitucional, respetando la dignidad humana y diferenciando a las organizaciones criminales de las poblaciones que sufren sus acciones.
La experiencia internacional también enseña que la seguridad no puede descansar exclusivamente en la fuerza. Requiere instituciones profesionales, inteligencia estratégica, cooperación internacional, investigación financiera, justicia independiente y políticas públicas capaces de preservar la confianza ciudadana.
La confianza ciudadana se fortalece cuando las instituciones actúan con eficacia, transparencia y apego a la ley. Por el contrario, la impunidad y la falta de respuestas oportunas abren espacios que pueden ser aprovechados por quienes buscan imponer sus intereses mediante la intimidación.
La migración legítima busca oportunidades dentro de una sociedad; la infiltración criminal pretende aprovechar sus vulnerabilidades para alcanzar objetivos ilícitos. Confundir ambas realidades perjudica tanto a la seguridad nacional como a millones de personas honestas.
Europa enfrenta desafíos de convivencia e integración. América Latina lucha contra organizaciones criminales que trascienden las fronteras. Haití necesita recuperar las funciones fundamentales de su Estado. Y la República Dominicana debe continuar fortaleciendo sus instituciones para proteger su estabilidad sin renunciar a los principios que sustentan su orden constitucional.
No podemos atribuir todos estos acontecimientos a una misma causa ni anticipar consecuencias inevitables. Pero tampoco debemos esperar a que las amenazas alcancen dimensiones irreversibles para investigarlas y enfrentarlas.
La verdadera fortaleza de una nación no consiste solamente en disponer de medios para responder a la violencia, sino en contar con instituciones capaces de impedir que el desorden se convierta en una forma de poder.
