Dr. Rafael Guerrero Peralta
Una afirmación difundida recientemente sobre la cantidad de jóvenes muertos durante actuaciones policiales nos enfrenta a una pregunta que no deberíamos eludir: ¿dónde comienza realmente la tragedia? Las cifras que circulan en entrevistas y redes sociales, particularmente las referidas a personas de veinte a veinticuatro años, necesitan verificación independiente. Pero aun sin convertir esos números en hechos comprobados, el problema exige una reflexión nacional.
Cada muerte tiene circunstancias propias que deben investigarse. No sabemos, por una estadística aislada, quién atacó, quién se defendió, qué riesgos existieron o si la fuerza utilizada fue legal y estrictamente necesaria. Ninguna generalización reemplaza una investigación seria. Sin embargo, cuando la violencia alcanza reiteradamente a personas que apenas comienzan su vida adulta, la sociedad debe mirar también lo que ocurrió mucho antes del último disparo.
¿Qué oportunidades encontró ese joven durante su infancia? ¿Permaneció en la escuela? ¿Tuvo acceso a formación, orientación, actividades deportivas, espacios culturales y posibilidades reales de empleo? ¿Hubo señales tempranas de violencia, abandono o captación por grupos delictivos que nadie atendió? No se trata de atribuir una misma biografía a todas las víctimas, sino de identificar riesgos prevenibles y responsabilidades que suelen permanecer invisibles.
El narcotráfico y las organizaciones criminales no esperan a que el Estado complete sus programas. Allí donde faltan acompañamiento, expectativas y presencia institucional sostenida, pueden ofrecer dinero, pertenencia y una falsa promesa de poder. Eso no significa que la pobreza produzca delincuentes: innumerables familias de escasos recursos forman ciudadanos honestos y ejemplares. Significa que ciertas condiciones de vulnerabilidad pueden facilitar el reclutamiento criminal cuando no existen suficientes barreras de protección.
Tampoco podemos trasladar toda la responsabilidad a la familia, a la escuela o a la Policía. La seguridad ciudadana es una obligación del Estado en su conjunto. Interior y Policía, Educación, Juventud, Salud Pública, Trabajo, los ayuntamientos, el sistema de justicia y las entidades de protección social deben articular intervenciones territoriales, con metas, responsables, presupuesto, evaluación y continuidad más allá de los cambios administrativos.
La sociedad civil, las iglesias, las juntas de vecinos, las universidades, los clubes deportivos y el empresariado también tienen un papel decisivo. Su participación no sustituye las obligaciones estatales: puede hacerlas más cercanas, eficaces y verificables. Una cancha recuperada no desarticula por sí sola una red criminal, pero puede formar parte de una estrategia que combine educación, prevención, empleo, investigación y aplicación de la ley.
La Policía debe proteger a la ciudadanía y enfrentar a quienes recurren a la violencia. Necesita preparación, respaldo institucional, inteligencia, recursos y autoridad legítima. Pero esa autoridad está sometida al derecho. El uso de la fuerza letal exige justificación conforme a la necesidad, proporcionalidad y las reglas aplicables. Investigar un presunto abuso no equivale a desproteger al agente que actuó legalmente; equivale a defender la credibilidad de la institución y las garantías de todos.
Es imprescindible publicar información verificable y desagregada sobre homicidios, muertes durante intervenciones policiales, edades, circunstancias, investigaciones y resultados judiciales. Sin datos comparables, el debate queda atrapado entre versiones, emociones y cifras imposibles de contrastar. Sin evaluación, tampoco sabemos qué programas previenen realmente el reclutamiento juvenil ni cuáles deben corregirse.
La pregunta no es únicamente cuántos jóvenes han muerto ni cuántos presuntos delincuentes fueron abatidos. Es cuántas trayectorias pudieron cambiar antes de llegar a ese punto, cuántas vidas pudieron protegerse y qué hizo cada institución para impedirlo. Explicar las causas sociales de la violencia no excusa al delincuente; exigir legalidad en la respuesta estatal tampoco debilita la lucha contra el crimen.
Una política de seguridad no puede medirse por el número de cadáveres, sino por la reducción de víctimas, la prevención del delito, el esclarecimiento de los hechos, la sanción judicial de los responsables y la confianza ciudadana. El verdadero desafío es que el Estado llegue primero con educación, oportunidades y protección, y que cuando deba intervenir con la fuerza lo haga siempre dentro de la ley.
Porque la pregunta que debe interpelarnos no es solamente cómo murieron esos jóvenes. Es, sobre todo, qué hicimos —y qué dejamos de hacer— mientras todavía estábamos a tiempo de evitar que sus vidas terminaran de esa manera.
