Una nueva mirada sobre la seguridad hemisférica
La 81.ª Asamblea General de las Naciones Unidas ofreció un escenario revelador para observar la evolución del Escudo de las Américas. Más que la fotografía de sus dirigentes reunidos, interesó comprobar cómo varios gobiernos del hemisferio describieron, desde perspectivas nacionales distintas, un problema común: el crimen organizado ha dejado de actuar dentro de compartimentos territoriales y opera mediante redes que conectan drogas, armas, capitales ilícitos, trata de personas, corrupción y tecnología a través de múltiples jurisdicciones.
La concepción estadounidense colocó a los carteles y a otras organizaciones criminales transnacionales entre las amenazas centrales a la seguridad hemisférica y reclamó una cooperación regional más firme. Sin embargo, la coincidencia en el diagnóstico no supone identidad de criterios sobre los instrumentos. Esa diferencia es fundamental para comprender el Escudo: su importancia no radica en que todos sus integrantes piensen de la misma manera, sino en que comienza a reconocerse que determinadas amenazas han superado la capacidad de respuesta estrictamente nacional.
Ecuador expresó con claridad esa lógica al señalar que ningún Estado puede enfrentar aisladamente organizaciones que mueven armas, dinero y actividades ilícitas entre países. De ahí su énfasis en el seguimiento de activos criminales y en el intercambio de información entre policías, fiscalías y unidades de inteligencia financiera. Perú relacionó igualmente la seguridad interna con redes que combinan narcotráfico, minería ilegal, contrabando, trata, extorsión y violencia. Chile introdujo un matiz necesario: la cooperación puede fortalecer inteligencia, análisis de datos, capacitación y seguridad fronteriza, pero debe preservar la capacidad soberana de decisión de cada Estado. Paraguay insistió en una mayor responsabilidad latinoamericana para enfrentar los problemas de la propia región, mientras Panamá reflejó, desde su particular posición geográfica y comercial, la conexión existente entre narcotráfico, movilidad irregular, trata de personas y seguridad de las rutas internacionales.
No existe, por tanto, una doctrina hemisférica única. Algunos gobiernos emplean conceptos como terrorismo o narcoterrorismo para determinadas organizaciones; otros conservan la categoría tradicional de crimen organizado transnacional. También varía la disposición frente al uso de instrumentos coercitivos. Lo verdaderamente relevante es la convergencia en un punto: las estructuras criminales aprovechan las fronteras con una facilidad que los Estados todavía no han logrado igualar mediante sus mecanismos de cooperación.
El narcotráfico contemporáneo explica bien esa transformación. No se sostiene únicamente sobre la producción y distribución de drogas. Requiere circuitos financieros para ocultar ganancias, armas para controlar territorios, corrupción para penetrar instituciones, tecnología para comunicarse y redes logísticas capaces de utilizar puertos, aeropuertos y rutas terrestres. En algunos escenarios se mezcla con minería ilegal, contrabando, tráfico de armas y trata de personas. Una estrategia que observe cada fenómeno por separado corre el riesgo de perseguir manifestaciones distintas de una misma estructura.
De ahí que el argumento más sólido del Escudo sea la necesidad de conectar capacidades estatales que hasta ahora han funcionado de manera fragmentada. Inteligencia compartida, investigación financiera, cooperación judicial, controles portuarios y fronterizos, persecución del tráfico ilícito de armas y coordinación contra el lavado de activos pueden ofrecer resultados que ningún Estado alcanzaría con igual eficacia actuando solo.
Pero esa cooperación debe tener límites claros. Soberanía, Estado de derecho, debido proceso y derechos fundamentales no son obstáculos para una política de seguridad democrática; forman parte de su legitimidad. Sería contradictorio debilitar la legalidad que se pretende defender para combatir organizaciones cuya principal característica es precisamente desconocerla. El desafío consiste en ser más eficaces sin convertir la excepcionalidad en regla.
También será decisiva la capacidad del Escudo para sobrevivir a las afinidades políticas del momento. Los gobiernos cambian; las redes criminales se adaptan y permanecen. Si la iniciativa aspira a convertirse en una arquitectura duradera, tendrá que traducirse en procedimientos, acuerdos e instituciones capaces de funcionar independientemente de los ciclos electorales. Su medida no será la cantidad de declaraciones conjuntas, sino la velocidad con que pueda compartirse información útil, seguirse el dinero ilícito, identificar rutas, cerrar espacios logísticos y llevar investigaciones coordinadas hasta consecuencias judiciales concretas.
En ese panorama, la República Dominicana merece una consideración particular. Nuestra posición en el Caribe, la importancia de los puertos y aeropuertos, la conexión con rutas comerciales internacionales y la exposición a circuitos de narcotráfico, armas y lavado de activos convierten la cooperación regional en una cuestión práctica de seguridad nacional. A ello se agrega una circunstancia singular: compartir la isla con Haití.
La crisis haitiana introduce para la República Dominicana una dimensión inmediata que no puede analizarse únicamente desde la diplomacia. En su intervención ante la Asamblea, el presidente Luis Abinader describió la expansión de redes criminales, el tráfico de armas y personas y el reclutamiento de menores, y reclamó que los compromisos internacionales para restablecer la seguridad haitiana se traduzcan en capacidades efectivas. Su planteamiento estableció al mismo tiempo un límite inequívoco: la República Dominicana puede cooperar con los esfuerzos de estabilización, pero no sustituir al Estado haitiano ni asumir como propia la solución de una crisis que debe resolverse fundamentalmente en territorio haitiano.
Esa posición permite definir con mayor precisión el interés dominicano. La estabilidad de Haití conviene a la República Dominicana, pero proteger la frontera y las instituciones nacionales constituye una responsabilidad indelegable del Estado dominicano. Ambas ideas pueden coexistir. La proximidad geográfica obliga a prevenir los efectos transfronterizos de la violencia, el tráfico ilícito y los movimientos criminales, mientras la solución sostenible exige que Haití recupere capacidades propias de seguridad, justicia e institucionalidad. El discurso dominicano fue explícito al afirmar que la crisis haitiana afecta de manera particular la seguridad nacional y que la solución debe construirse en Haití. La transcripción oficial confirma también que el país ha contribuido con logística, cooperación con sanciones y apoyo a la misión internacional, a la vez que mantiene su política de protección fronteriza.
Desde esa perspectiva, el Escudo puede adquirir para la República Dominicana un valor concreto si fortalece inteligencia regional, control del tráfico de armas, investigación financiera, vigilancia marítima y cooperación fronteriza. No porque deba convertirse en un mecanismo específicamente haitiano, sino porque una red hemisférica más eficaz reduciría espacios que hoy aprovechan organizaciones capaces de moverse entre países, mercados y jurisdicciones.
Nuestra reflexión final parte precisamente de ahí. El Escudo de las Américas puede quedar reducido a una coincidencia política de este momento o evolucionar hacia una cooperación institucional más estable. No es posible determinar todavía cuál de esos caminos prevalecerá. Lo que sí puede afirmarse es que su utilidad dependerá menos de su retórica que de su capacidad para producir resultados verificables dentro del derecho.
Las organizaciones criminales comprendieron hace tiempo que las fronteras pueden ser utilizadas como oportunidades. Comparten rutas, capitales, armas, información y tecnología. Los Estados, en cambio, continúan condicionados por jurisdicciones, procedimientos y capacidades desiguales. La respuesta no debe ser renunciar a esos límites jurídicos, sino conseguir que la cooperación legítima sea tan rápida y eficaz como las redes que pretende enfrentar.
Para la República Dominicana esa necesidad adquiere una urgencia particular. No observamos la inestabilidad haitiana desde la distancia: vivimos en la misma isla. Tenemos un interés directo en que Haití recupere seguridad y capacidad institucional, del mismo modo que tenemos el deber de preservar nuestra frontera, nuestras instituciones y nuestra población. La cooperación internacional con Haití y la seguridad nacional dominicana no son objetivos incompatibles; correctamente entendidos, pueden reforzarse mutuamente.
Quizás allí se encuentre la verdadera prueba del Escudo de las Américas. No en construir una alianza circunstancial contra un enemigo común, sino en demostrar que democracias y Estados soberanos pueden coordinarse frente a amenazas transnacionales sin renunciar al derecho, a sus instituciones ni a su capacidad de decisión.
Si logra hacerlo, habrá dado un paso hacia una arquitectura hemisférica de seguridad más madura. Si no, será una iniciativa más en la larga historia de declaraciones regionales.
La diferencia la determinarán los resultados.
Dr. Rafael Guerrero Peralta
