Elaborado por: Charlotte Marzouka
Uno de los temas que ha cobrado mayor relevancia en la administración pública dominicana en los últimos años es el uso de los fideicomisos públicos. Estos instrumentos permiten canalizar y administrar recursos destinados al cumplimiento de una finalidad determinada y han adquirido especial importancia como mecanismos para ejecutar proyectos de interés público.
Mi interés por este tema no parte únicamente de su estudio jurídico. Como asesora en materia de fideicomisos públicos y, posteriormente, como directora legal de un fideicomiso público, he tenido la oportunidad de conocer de cerca la forma en que estos instrumentos operan en la práctica, así como las decisiones, responsabilidades y riesgos que acompañan su gestión. Esa experiencia me ha llevado a plantearme una pregunta que trasciende la estructura formal del fideicomiso: ¿qué ocurre cuando un fideicomiso público contrae deudas u otras obligaciones y, eventualmente, esas obligaciones pueden tener algún impacto sobre las finanzas del Estado?
En la República Dominicana, el fideicomiso encuentra su marco general en la Ley núm. 189-11 para el Desarrollo del Mercado Hipotecario y el Fideicomiso, cuyo artículo 3 define el fideicomiso como el acto mediante el cual una o varias personas transfieren derechos de propiedad u otros derechos a una entidad fiduciaria para constituir un patrimonio separado, denominado patrimonio fideicomitido. La propia ley establece que los bienes y derechos que integran ese patrimonio constituyen un patrimonio autónomo e independiente de los bienes personales del fideicomitente, del fiduciario y del fideicomisario.
En el ámbito específicamente público, esta figura fue objeto de una regulación particular mediante la Ley núm. 28-23 sobre Fideicomiso Público, que establece reglas sobre su constitución, administración, supervisión, transparencia y control.
