• La coordinadora del Gabinete de Política Social, Geanilda Vásquez, afirma que la inversión social dejó de ser un esquema asistencialista para convertirse en una garantía científica de derechos, movilidad social y desarrollo humano.
SANTO DOMINGO.– El Gobierno dominicano ha reestructurado el modelo de asistencia social del país para convertirlo en un sistema de protección basado en la medición científica y la garantía de derechos fundamentales, logrando que el 70 % de los jóvenes capacitados a través del programa Oportunidad 14-24 se inserten de manera permanente en el mercado laboral tras completar sus pasantías.
Así lo sostuvo la coordinadora del Gabinete de Política Social, doctora Geanilda Vásquez, quien enfatizó que la asignación de recursos y beneficios sociales responde estrictamente a levantamientos territoriales y herramientas multidimensionales de medición socioeconómica, descartando categóricamente el clientelismo político en la selección de las familias vulnerables.
La Dra. Vásquez hizo su aseveración en el programa Matutino 11, de Telesistema, canal 11, producido por Ramón Núñez y Jacqueline Morel.
«La pobreza está difuminada en todo el territorio y la protección social es, ante todo, una garantía de derechos humanos. Nuestro objetivo no es entregar una ayuda temporal, sino dotar a las familias de capacidades reales para sostener sus avances, generar movilidad social y evitar que reincidan en la vulnerabilidad», afirmó Vásquez.
Inclusión laboral, salud integral y alfabetización digital
Dentro de la estrategia integral articulada por el Gabinete de Política Social, Vásquez destacó el fortalecimiento de tres pilares operativos que están transformando la dinámica socioeconómica en las comunidades más vulnerables:
Oportunidad 14-24: Enfocado en la población joven fuera del sistema educativo y laboral, ofrece rutas formativas de seis meses con cobertura de transporte y alimentación, logrando afianzar alianzas con el sector privado para la contratación directa de sus egresados y la afiliación de más de 40 mil participantes a la seguridad social.
CEDI Mujer: Un modelo integral de atención enfocado en la salud física y mental, prevención de violencia de género y acompañamiento a adolescentes embarazadas. Actualmente con presencia en Santo Domingo Norte y Santiago, este programa prioriza la formación técnica de las mujeres para asegurar su autonomía económica.
Centros Tecnológicos Comunitarios (CTC): Una red de 140 centros y 70 emisoras comunitarias distribuidas en todo el territorio nacional, orientadas a la capacitación en ciberseguridad, ofimática y competencias digitales clave, impactando a cerca de 179 mil ciudadanos.
Articulación interinstitucional y alianzas con la sociedad civil
Como parte de esta reestructuración del Estado, la doctora Vásquez enfatizó que la política social ya no opera de forma aislada desde los escritorios gubernamentales, sino mediante una articulación directa en terreno con organizaciones comunitarias, fundaciones y el sector empresarial. Esta convergencia de esfuerzos permite que la inversión pública no solo provea formación técnica y acompañamiento psicosocial, sino que abra canales reales para la inserción laboral directa, consolidando pactos estratégicos con el sector privado que absorben el talento capacitado en las comunidades de mayor vulnerabilidad.
Acompañamiento post-intervención para frenar el retorno a la pobreza
Un pilar diferenciador del nuevo modelo es el seguimiento longitudinal a las familias e individuos asistidos. El Gabinete ha dispuesto que el retiro de los apoyos estatales sea gradual y medido bajo indicadores técnicos de sostenibilidad económica, asegurando que un choque financiero sobreviniente o una eventualidad de salud no haga retroceder a los beneficiarios a los estratos de pobreza extrema. La meta institucional no se limita al egreso de los participantes de los programas de capacitación, sino a la consolidación de capacidades reales de autogestión y movilidad social duradera.
Monitoreo con rigor científico desde el Observatorio
Finalmente, el Gabinete de Política Social reafirmó el compromiso de someter todas sus ejecutorias a la fiscalización de su Observatorio de la Pobreza y la Protección Social, garantizando la trazabilidad y la transparencia en el uso de los fondos públicos. Al medir la eficacia de programas como Oportunidad 14-24, CEDI Mujer y los Centros Tecnológicos Comunitarios a través de metodologías multidimensionales, la gestión estatal se aleja definitivamente de la discrecionalidad política para responder con datos fríos y evidencias concretas de transformación social.
