Santo Domingo. El ciudadano Ruddy de los Santos sometió al presidente de la República, Luis Abinader, una propuesta para consolidar el entorno de la Plaza de la Bandera como un Distrito Institucional, con el propósito de concentrar en esa zona varias de las altas cortes y órganos constitucionales del Estado dominicano.
La iniciativa, remitida a través del ministro de la Presidencia, José Ignacio Paliza, plantea aprovechar la presencia del Tribunal Constitucional y de la Junta Central Electoral para desarrollar un espacio especializado dedicado a las principales instituciones responsables de la defensa de la Constitución, la democracia y los derechos fundamentales.
Entre las entidades cuya incorporación se propone figuran el Tribunal Superior Electoral, la Cámara de Cuentas y el Defensor del Pueblo, mientras que el Centro de los Héroes continuaría albergando instituciones como el Congreso Nacional, la Suprema Corte de Justicia y la Procuraduría General de la República.
Según la propuesta, la creación de este Distrito Institucional permitiría fortalecer la coordinación entre los órganos constitucionales, facilitar el acceso de la ciudadanía a los servicios públicos, reducir costos operativos y proyectar una imagen de mayor solidez democrática e institucional para la República Dominicana.
El documento también contempla el desarrollo de un espacio urbano integrado por plazas, áreas verdes, senderos peatonales, monumentos y zonas destinadas a la educación constitucional, la participación ciudadana y la preservación de la memoria democrática del país.
Asimismo, destaca que iniciativas similares han sido implementadas en otras democracias mediante la concentración de instituciones constitucionales alrededor de espacios cívicos emblemáticos, contribuyendo al fortalecimiento de la identidad nacional y de la relación entre el Estado y la ciudadanía.
En la comunicación, De los Santos reconoce que la ejecución de una propuesta de esta magnitud requeriría estudios de factibilidad urbanística, vial, ambiental, patrimonial, jurídica y financiera, además de la participación de las instituciones competentes en materia de planificación territorial.
Finalmente, solicita al Poder Ejecutivo evaluar la iniciativa y, de considerarla pertinente, disponer la realización de los estudios técnicos correspondientes para determinar su viabilidad e incorporación a la planificación institucional y urbana del Estado dominicano.
