– Por Sheila Brito
La muerte de Yosnely Álvarez, de solo 13 años, no puede —ni debe— ser un número más en la crónica roja dominicana. Su historia nos sacude la conciencia y nos deja de cara a una verdad amarga: como sociedad, como familias y como Estado, le fallamos a nuestros niños.
Lo de Yosnely no empezó con su asesinato. Su tragedia comenzó mucho antes. Desde los 11 años, la niña cargaba a espaldas una infancia rota por el abuso sexual, la violencia psicológica, el abandono y la inestabilidad. A esa edad, cuando una niña debería estar jugando, aprendiendo y soñando, Yosnely ya estaba atrapada en una batalla desgastante por sobrevivir.
Y lo que más indigna es que su calvario no era invisible. Las autoridades lo sabían.
En julio de 2024, una alerta anónima puso al Consejo Nacional para la Niñez y la Adolescencia (CONANI) al tanto de los abusos que presuntamente sufría la menor a manos de su padrastro. Hubo intervención del Ministerio Público, evaluaciones médicas y psicológicas, y finalmente fue trasladada a un hogar de paso. En ese momento pareció que el sistema, por fin, activaba sus engranajes para salvarla.
Sin embargo, el amparo duró poco. Yosnely logró escaparse del centro y, tras una evaluación del entorno, fue entregada a la tutela de su abuelo materno.
Es aquí donde el trayecto institucional deja grietas inaceptables que exigen respuestas claras, no para buscar chivos expiatorios antes de tiempo, sino por un deber moral básico de transparencia: ¿Cómo se le escapa una niña de 11 años a una institución creada precisamente para custodiarla? ¿Qué acompañamiento real se le dio tras devolverla a su entorno familiar? ¿Alguien evaluaba de forma continua los riesgos a los que seguía expuesta? ¿Quién cuidaba de ella en el día a día?
Estas interrogantes demuestran que la protección a la niñez no puede ser un asunto de papeleo. La Ley 136-03 deja claro que los menores son sujetos de derechos y que el Estado, la sociedad y la familia tienen el deber de velar por su desarrollo integral. Pero la realidad nos demuestra que entre la ley escrita y la práctica hay un abismo.
No alcanza con levantar un acta, hacer un test psicológico o resguardar a una víctima un par de semanas. Restaurar a una niña violentada exige seguimiento constante, articulación real entre instituciones, terapia seria y garantías de que no volverá al peligro. Una menor traumatizada necesita estabilidad, afecto y adultos responsables que le devuelvan la fe en un mundo que se la robó demasiado pronto.
Paralelamente, este caso expone la fragilidad del núcleo familiar. El hogar debiera ser el refugio más seguro para cualquier niño; cuando la violencia o la complicidad se cuelan ahí dentro, ese refugio se destruye. Ningún vínculo sentimental, ninguna dependencia económica ni ningún conflicto de adultos puede estar por encima de la integridad de un menor. Nada justifica mirar hacia otro lado.
Para colmo de males, tras su trágico final, Yosnely volvió a ser revictimizada. Esta vez por el amarillismo mediático y por los prejuicios sociales que filtraron versiones destinadas a juzgar su comportamiento, como si se buscara atenuar la culpa de quien la violentó.
Como mujer preocupada por el presente y el futuro de nuestra niñez, me duele y me indigna profundamente esta falta de empatía. No podemos permitir que el morbo descalifique a una víctima que ya no puede defenderse, ni que las voces de quienes debieron cuidarla se usen para señalarla. Ningún antecedente ni ninguna circunstancia previa justifican la violencia sexual ni el feminicidio de una niña. Yosnely merece dignidad, aun en la muerte.
Este doloroso hecho debe obligar al Estado dominicano a revisar de fondo sus protocolos. Es urgente transparentar qué falló en el hogar de paso, qué criterios pesaron para su reintegración familiar y qué fallas de coordinación existieron entre el CONANI, la Fiscalía, las escuelas y los centros de salud mental. La seguridad de la infancia no puede dejarse a la buena voluntad de un funcionario de turno; debe ser un sistema blindado y con rendición de cuentas.
¿Cuántas niñas más están viviendo hoy en silencio con sus agresores bajo el mismo techo? ¿Cuántas entran al sistema de protección solo para ser olvidadas después?
No esperemos a la próxima tragedia para indignarnos en redes sociales. Yosnely tenía apenas 13 años. Tenía derecho a estudiar, a reír, a equivocarse, a crecer en paz y a soñar con un futuro. Su vida no puede quedar sepultada en las páginas de sucesos; tiene que transformarse en un reclamo colectivo de justicia y reforma real.
La madurez y decencia de un país no se miden por la cantidad de leyes que aprueba, sino por su capacidad real de defender a quienes no pueden defenderse solos.
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