Por Dr. Rafael Guerrero Peralta
Existe una contradicción que las sociedades suelen pasar por alto. Se exige al policía honestidad absoluta, disciplina permanente, valor frente al peligro y respeto irrestricto por la ley; sin embargo, con demasiada frecuencia se olvida que detrás del uniforme existe un ser humano. Un hombre o una mujer que también tiene familia, hijos, preocupaciones económicas, enfermedades, sueños y legítimas aspiraciones de bienestar.
La democracia impone obligaciones a los cuerpos policiales, pero también impone deberes al Estado respecto de quienes integran esas instituciones. No puede construirse una policía íntegra sobre la base de la precariedad. Tampoco puede consolidarse una cultura de legalidad cuando el propio servidor público percibe incertidumbre respecto de su futuro.
Durante décadas, el debate sobre la reforma policial se ha concentrado en el uso de la fuerza, los mecanismos disciplinarios, la modernización tecnológica, la investigación criminal y la lucha contra la corrupción. Todos esos temas son indispensables. Sin embargo, pocas veces se coloca en el centro una pregunta esencial: ¿cómo trata el Estado a quienes les ha confiado la responsabilidad de proteger a la sociedad?
La experiencia internacional demuestra que las instituciones policiales más respetadas comparten un principio común: comprenden que el bienestar del policía no constituye un privilegio, sino una condición para la calidad del servicio público.
Alemania, Inglaterra, España, Francia y otras democracias consolidadas invierten recursos significativos en la selección, la formación, la estabilidad laboral, la protección social y el desarrollo profesional de sus agentes. No lo hacen únicamente por razones humanitarias. Lo hacen porque entienden que un funcionario bien preparado, justamente remunerado y protegido por un sistema de carrera basado en el mérito posee mayores incentivos para actuar con independencia, resistir la corrupción y mantener un elevado compromiso ético.
La integridad institucional no puede depender exclusivamente de la virtud individual. Debe estar respaldada por un sistema que premie el esfuerzo, proteja la honestidad y ofrezca perspectivas reales de crecimiento profesional.
En la República Dominicana miles de policías cumplen diariamente su deber con una entrega que pocas veces recibe el reconocimiento que merece. Muchos trabajan jornadas prolongadas, enfrentan situaciones de alto riesgo y soportan una enorme presión emocional. Cuando concluye el servicio, regresan a sus hogares con las mismas preocupaciones que cualquier padre o madre de familia: la educación de sus hijos, la salud de sus seres queridos, el costo de la vida y la incertidumbre sobre el futuro.
Por ello, toda reforma policial debe contemplar la dignificación integral de la carrera. No basta con exigir más; es necesario ofrecer mejores condiciones para servir mejor.
La estabilidad salarial, las pensiones justas, el acceso a servicios de salud de calidad, los programas de vivienda, el apoyo psicológico, la capacitación permanente y la protección de la familia policial no representan concesiones. Constituyen inversiones estratégicas en favor de la seguridad ciudadana.
Resulta especialmente importante evitar que las reformas impliquen retrocesos en derechos adquiridos. Una institución no fortalece su disciplina reduciendo injustificadamente las condiciones de retiro o afectando los ingresos familiares mediante sanciones económicas desproporcionadas. La disciplina debe corregir conductas, no empobrecer a quienes dependen del salario del policía para subsistir.
El equilibrio entre autoridad y justicia comienza dentro de la propia organización. Un régimen disciplinario firme debe coexistir con el debido proceso, la proporcionalidad y el respeto a la dignidad humana. La autoridad moral de una institución también se construye en la manera en que trata a sus propios miembros.
La sociedad suele recordar al policía cuando ocurre una tragedia o cuando una actuación incorrecta ocupa los titulares. Mucho menos visible es el agente que, durante décadas, sirve con honestidad, evita conflictos, protege vidas y regresa cada día a su hogar con la satisfacción del deber cumplido. Esa inmensa mayoría silenciosa constituye el verdadero patrimonio de la institución.
Dignificar la función policial no significa disminuir las exigencias. Significa elevarlas sobre bases más sólidas. Un policía mejor preparado, mejor remunerado y protegido por una carrera profesional transparente será también un policía más responsable, más independiente y más comprometido con la Constitución.
El uniforme no elimina la condición humana. La ennoblece mediante el servicio. Precisamente por ello, el Estado tiene la obligación de garantizar que quienes dedican su vida a proteger los derechos de los demás no vean desprotegidos los suyos.
La fortaleza de una policía no se mide únicamente por su capacidad para enfrentar al delincuente. También se mide por la confianza que inspira a sus propios integrantes. Allí donde el policía sabe que la institución lo respeta, lo protege y le ofrece un futuro digno, nace un compromiso mucho más profundo que la simple obediencia: nace el orgullo de servir.
Y cuando una nación logra que sus policías sirvan con orgullo, con profesionalismo y con la certeza de que la ley protege tanto al ciudadano como al agente, la seguridad deja de depender únicamente de la fuerza y comienza a descansar sobre el bien más valioso de toda democracia: la confianza.
