Una visión integral de la seguridad ciudadana, la dignificación policial y la transformación institucional
Dr. Rafael Guerrero Peralta
Santo Domingo, República Dominicana
Actualización: agosto de 2026
La reforma de la Policía Nacional no puede ser entendida como una sucesión de medidas administrativas, cambios de uniformes, adquisiciones de equipos o modificaciones circunstanciales en su estructura. Reformar una institución policial significa intervenir en su cultura, en su doctrina, en la formación de sus miembros, en sus condiciones de vida, en sus mecanismos de supervisión y, sobre todo, en la relación que mantiene con la sociedad a la que está llamada a proteger. Esa convicción, que sostuve años atrás al reflexionar sobre la necesidad de una verdadera reingeniería policial en la República Dominicana, conserva hoy plena vigencia.
Toda sociedad tiene derecho a exigir una Policía eficiente, profesional, respetuosa de la Constitución y de los derechos fundamentales. Pero esa exigencia debe ir acompañada de una comprensión igualmente profunda: ninguna institución puede ofrecer de manera sostenida un servicio de excelencia si quienes la integran trabajan en condiciones que deterioran su estabilidad económica, familiar, emocional y profesional. El policía es, antes que uniforme y autoridad, un ser humano. Sobre él descansan responsabilidades extraordinarias y, con frecuencia, decisiones que deben tomarse en segundos y cuyas consecuencias pueden afectar la vida, la libertad y la seguridad de otras personas.
La seguridad ciudadana constituye uno de los pilares del Estado de derecho. No puede reducirse a patrullas, arrestos o estadísticas delictivas. Se relaciona con la calidad de las instituciones, la eficacia de la justicia, la educación, el empleo, la cohesión familiar, la prevención, la salud, el orden urbano y la capacidad del Estado para estar presente allí donde comienzan a incubarse la violencia, la exclusión y la criminalidad. La Policía ocupa una posición esencial dentro de ese sistema, pero no puede cargar por sí sola con problemas que nacen mucho antes de que se produzca un delito.
Durante décadas hemos cometido el error de evaluar la seguridad casi exclusivamente a partir de la reacción policial. Cuando ocurre un hecho criminal se pregunta dónde estaba la Policía; pocas veces se pregunta qué ocurrió antes en la familia, en la escuela, en el barrio, en el mercado laboral, en los mecanismos de prevención o en las instituciones responsables de atender situaciones de vulnerabilidad. Una política moderna de seguridad debe comprender esa cadena completa. La prevención social y la prevención policial no compiten: se complementan.
La Constitución dominicana atribuye a la Policía Nacional la misión de salvaguardar la seguridad ciudadana, prevenir y controlar los delitos, perseguir e investigar las infracciones penales bajo la dirección de la autoridad competente y mantener el orden público para proteger el libre ejercicio de los derechos y la convivencia pacífica. Esa definición constitucional contiene, en pocas líneas, la esencia de la institución que debemos construir: una Policía al servicio de la persona, subordinada a la ley y dotada de capacidad real para preservar la paz social.
Por ello he insistido en que la transformación policial debe ser gradual, progresiva, medible y sostenida. Las reformas institucionales profundas no se producen por decreto ni se consolidan durante una administración. Requieren continuidad de Estado. Cuando cada gestión comienza nuevamente, sustituye programas que apenas empezaban a madurar o convierte la reforma en una consigna coyuntural, se pierde tiempo, experiencia y confianza pública. La transformación policial debe sobrevivir a los gobiernos, a los funcionarios y a las circunstancias políticas.
En los últimos años la República Dominicana ha mantenido abierto un proceso formal de reforma, modernización y transformación policial. La revisión de la Ley Orgánica núm. 590-16, el fortalecimiento de la formación, la ampliación de capacidades operativas, la incorporación de tecnologías de supervisión, la profesionalización del patrullaje y los esfuerzos dirigidos a mejorar salarios y cobertura social demuestran que algunas de las preocupaciones planteadas originalmente han comenzado a ser reconocidas institucionalmente. En 2026, además, las autoridades han informado avances en el nuevo modelo de servicio y patrullaje, una mayor presencia de agentes en las calles, programas educativos más extensos y la incorporación progresiva de cámaras corporales.
Esos avances deben ser valorados, pero nunca confundidos con la culminación de la reforma. Una transformación institucional no se mide solamente por aquello que se anuncia o se adquiere, sino por lo que cambia de manera verificable en la conducta del agente, en la calidad del servicio, en la investigación criminal, en el tiempo de respuesta, en la reducción de abusos, en la percepción ciudadana y en la capacidad de la propia Policía para detectar, corregir y sancionar sus desviaciones. La reforma verdadera comienza a consolidarse cuando deja de depender de impulsos externos y la propia institución desarrolla una cultura permanente de evaluación y corrección.
La profesionalización constituye uno de sus ejes fundamentales. Un policía moderno necesita mucho más que entrenamiento físico y conocimiento básico del procedimiento. Debe comprender la Constitución, los derechos humanos, el uso proporcional de la fuerza, la mediación de conflictos, la violencia intrafamiliar y de género, la actuación frente a niños y adolescentes, la preservación de la escena del crimen, la comunicación con el ciudadano, la ética pública, las nuevas modalidades delictivas y el uso responsable de la tecnología. Debe aprender a decidir bajo presión sin abandonar la legalidad.
La educación policial tampoco puede terminar con el ingreso a la institución. La formación debe acompañar toda la carrera. Los ascensos han de representar conocimiento, experiencia, liderazgo, disciplina y mérito. Una organización se debilita cuando las posiciones de mando dejan de guardar relación con la capacidad profesional. La interferencia política, el favoritismo y las promociones desvinculadas del mérito lesionan la moral interna, desmotivan al buen policía y terminan afectando la calidad del servicio.
Dentro de la Policía Nacional existen hombres y mujeres preparados, honestos y capaces que durante años han cumplido sus funciones sin recibir suficiente reconocimiento. Una reforma inteligente debe identificarlos, escucharlos y aprovechar su experiencia. La transformación no puede construirse suponiendo que todo lo existente es incorrecto. Debe conservar lo que funciona, corregir lo que falla y retirar aquello que resulte incompatible con la nueva doctrina institucional.
En este punto aparece una cuestión que considero decisiva: el liderazgo. Ninguna reforma sobrevivirá sin mandos que representen con su conducta aquello que la institución pretende exigir a sus subordinados. La ética policial no puede enseñarse únicamente en un aula; debe observarse diariamente en quienes ejercen autoridad. El superior que tolera una irregularidad, protege una inconducta o utiliza su posición para obtener privilegios destruye en minutos lo que un programa educativo intenta construir durante meses.
La supervisión interna, por tanto, debe ser independiente en su actuación, profesional y técnicamente competente. Las investigaciones disciplinarias tienen que responder a estándares objetivos, respetar el debido proceso y producir consecuencias cuando corresponda. No puede existir reforma con impunidad. Pero tampoco puede existir una Policía profesional si el régimen disciplinario se convierte en arbitrariedad. La misma institución que debe respetar los derechos del ciudadano está obligada a respetar los derechos de sus miembros.
El uso de la fuerza merece una atención especial. La sociedad tiene derecho a exigir que todo policía actúe dentro de la ley y que la fuerza sea empleada únicamente cuando resulte necesaria, racional y proporcional. Las actuaciones abusivas deben investigarse y sancionarse con firmeza. Al mismo tiempo, el agente que actúa legítimamente en cumplimiento de su deber debe contar con respaldo institucional, asistencia jurídica y procedimientos claros. Abandonar al policía que actuó correctamente produce inseguridad operativa; proteger al que actuó ilegalmente destruye la legitimidad institucional. La reforma debe ser capaz de distinguir una situación de la otra.
La tecnología ofrece hoy instrumentos que hace pocos años parecían lejanos. Cámaras corporales, sistemas de geolocalización, centros de mando, analítica de datos, comunicaciones seguras, plataformas de denuncia, sistemas de despacho y herramientas modernas de investigación pueden elevar extraordinariamente la capacidad policial. Pero la tecnología no reforma por sí misma una institución. Una cámara corporal apagada, una base de datos mal alimentada o un sistema sofisticado utilizado por personal sin formación producen una apariencia de modernización, no una transformación real.
La tecnificación de la investigación criminal debe ocupar un lugar central. Una Policía que depende excesivamente de la confesión, de la información informal o de métodos tradicionales tendrá dificultades frente a organizaciones criminales que utilizan comunicaciones cifradas, operaciones financieras complejas, activos digitales y estructuras transnacionales. La investigación contemporánea exige inteligencia, criminalística, evidencia científica, análisis financiero, interoperabilidad de bases de datos y coordinación efectiva con el Ministerio Público y las demás instituciones del sistema de justicia.
Sin embargo, la dimensión tecnológica nunca debe hacernos olvidar la proximidad. La Policía obtiene una parte esencial de su legitimidad en la calle, en el barrio y en el contacto cotidiano con el ciudadano. Una comunidad que confía en su Policía comparte información, denuncia, coopera y contribuye a prevenir. Una comunidad que teme o desprecia a su Policía se distancia y deja espacios que terminan siendo ocupados por estructuras delictivas. La confianza no puede imponerse: se conquista mediante conducta, resultados y permanencia.
Por esa razón, la percepción ciudadana debe ser estudiada de manera sistemática. No para convertir la popularidad en criterio policial, sino para identificar debilidades, evaluar prácticas, medir la calidad del servicio y corregir aquello que deteriora la relación entre institución y sociedad. Las estadísticas oficiales son indispensables, pero no cuentan toda la historia. Una reducción del delito puede coexistir con una elevada sensación de inseguridad, y una mejor percepción puede ocultar problemas operativos todavía no resueltos. Ambas dimensiones deben analizarse conjuntamente.
La reforma también exige revisar las condiciones materiales del servicio. Horarios razonables, alimentación durante jornadas prolongadas, uniformes y equipos adecuados, transporte, alojamiento cuando corresponda, cobertura médica efectiva, protección de los dependientes, posibilidades educativas para el agente y su familia, apoyo psicológico, recreación y un sistema de retiro digno no constituyen concesiones. Son componentes de una política seria de profesionalización.
He sostenido desde hace años que el presupuesto destinado a la Policía Nacional debe ser entendido como una inversión. La seguridad genera confianza, facilita la actividad económica, protege el turismo, preserva el patrimonio, mejora la convivencia y permite que el ciudadano ejerza sus derechos. Pero esa inversión debe estar acompañada de transparencia, planificación, controles y resultados. Más recursos sin mejor gestión no garantizan una mejor Policía; pretender una mejor Policía sin proporcionarle recursos suficientes tampoco resulta razonable.
La cuestión salarial sigue siendo particularmente sensible. Un agente sometido a carencias permanentes, preocupado por la alimentación, la vivienda, la educación de sus hijos o la salud de su familia enfrenta una presión incompatible con la responsabilidad que la sociedad deposita en él. Ninguna dificultad económica justifica la corrupción ni el abuso, pero ignorar esas condiciones y limitarse a exigir una conducta impecable constituye una contradicción que el Estado debe resolver. La dignificación reduce vulnerabilidades y fortalece la capacidad institucional para exigir disciplina.
La reforma del régimen de carrera merece igual atención. El ingreso debe ser exigente; la permanencia, evaluada; el ascenso, ganado; y el retiro, digno. Las evaluaciones físicas, psicológicas, académicas, éticas y de desempeño deben formar parte de un sistema permanente y no aparecer únicamente cuando surge una crisis. La institución debe conocer a su propio recurso humano. No se puede administrar adecuadamente aquello que no se evalúa.
A ello se agrega la necesidad de una política integral de salud mental. El policía está expuesto de manera continua a violencia, muerte, accidentes, conflictos familiares, presión social y jornadas de elevada tensión. Pretender que esa exposición no produce consecuencias emocionales es desconocer la naturaleza humana. La asistencia psicológica preventiva, confidencial y profesional debe formar parte normal de la carrera y dejar de ser vista como señal de debilidad.
La seguridad ciudadana, por otra parte, rebasa las fronteras de la Policía. El sistema de justicia debe funcionar con coordinación y equilibrio. Una excelente investigación puede perderse por deficiencias posteriores; una respuesta penal sin prevención puede convertirse en una rueda interminable; un sistema penitenciario incapaz de corregir conductas puede transformarse en reproductor de violencia y criminalidad. Policía, Ministerio Público, tribunales, sistema penitenciario, educación, salud, gobiernos locales y políticas sociales forman partes distintas de un mismo desafío.
También debemos reconocer que la violencia contemporánea ha cambiado. Junto al delito tradicional aparecen criminalidad organizada, tráfico de drogas y armas, ciberdelincuencia, estafas digitales, estructuras financieras ilícitas, violencia social y nuevas formas de coordinación criminal. La Policía del siglo XXI no puede enfrentar esos fenómenos con una estructura mental del siglo pasado. Debe anticiparse, aprender, compartir información y adaptarse con mayor rapidez que las organizaciones a las que combate.
La participación de la sociedad es igualmente necesaria. Empresarios, universidades, organizaciones comunitarias, iglesias, medios de comunicación y ciudadanía pueden contribuir a la prevención, a la formación, al análisis y a la creación de oportunidades. Esto no significa transferir responsabilidades estatales al sector privado, sino comprender que la seguridad es un bien público cuya preservación requiere cooperación. Una alianza responsable entre Policía y comunidad puede convertirse en uno de los instrumentos más poderosos contra la delincuencia.
La transparencia debe acompañar todo el proceso. La sociedad necesita conocer qué se está reformando, cuáles son las metas, cuánto se invierte, qué resultados se obtienen y qué aspectos permanecen pendientes. Una reforma explicada solamente mediante campañas de comunicación corre el riesgo de ser percibida como propaganda. La mejor comunicación institucional es aquella que puede mostrar cambios verificables en la experiencia cotidiana del ciudadano.
En 2026, el proceso dominicano se encuentra en una etapa que obliga a mirar simultáneamente lo alcanzado y lo pendiente. Se han reportado incrementos en la dotación policial y en la presencia de patrullaje, extensión de programas formativos, avances en un nuevo modelo de servicio, incorporación de cámaras corporales y continuidad de la revisión del marco orgánico. Son pasos importantes. Pero los episodios recientes de actuaciones policiales cuestionadas recuerdan que la transformación cultural, el control del uso de la fuerza, la supervisión efectiva y la confianza ciudadana continúan siendo pruebas decisivas.
No debemos caer en dos extremos igualmente perjudiciales. El primero consiste en negar todo avance y presentar a la institución como irremediablemente incapaz de transformarse. El segundo consiste en considerar que las medidas adoptadas significan que la reforma ya está conseguida. Ninguna de esas posiciones ayuda. La Policía Nacional posee recursos humanos valiosos y ha experimentado cambios importantes, pero continúa enfrentando debilidades estructurales que requieren perseverancia, evaluación independiente y voluntad de corregir.
La verdadera pregunta, por tanto, no es si necesitamos reformar la Policía. Esa discusión está superada. La pregunta es si seremos capaces de convertir la reforma en una política de Estado sostenida durante el tiempo necesario para modificar definitivamente la cultura institucional. Eso exige liderazgo, recursos, educación, tecnología, disciplina, bienestar, controles y participación ciudadana, pero sobre todo exige coherencia.
Una Policía respetada no se construye mediante temor. Se construye mediante legitimidad. El ciudadano debe saber que cuando se encuentra frente a un policía está frente a un representante de la ley, preparado para protegerlo y consciente de los límites de su autoridad. El policía, a su vez, debe sentir que pertenece a una institución que lo forma, lo equipa, lo protege, lo evalúa justamente y reconoce su sacrificio.
Al final, toda reingeniería policial desemboca en el mismo punto: el ser humano. Podemos modificar leyes, reorganizar direcciones, adquirir vehículos, instalar sistemas tecnológicos y diseñar nuevos protocolos, pero serán hombres y mujeres quienes deban convertir esas herramientas en servicio público. Por eso el recurso humano continúa siendo el principal activo de la Policía Nacional.
La República Dominicana necesita una Policía moderna, civil, profesional, cercana, tecnificada y firme frente al delito; una Policía que respete los derechos humanos sin renunciar a su autoridad legítima; una Policía capaz de utilizar la fuerza cuando la ley lo exige y de contenerla cuando no es necesaria; una Policía que investigue con ciencia, patrulle con inteligencia y dialogue con la comunidad; una Policía cuyos miembros puedan sentirse orgullosos de servir y cuyos ciudadanos puedan sentirse seguros al encontrarlos.
Esa Policía no es una aspiración imposible. Pero tampoco nacerá de una medida aislada ni de una etapa política determinada. Será el resultado de años de continuidad, corrección y compromiso. Reformar la Policía es reformar una parte esencial del Estado. Dignificar al policía es fortalecer la seguridad del ciudadano. Y comprender que la seguridad es una inversión en convivencia, libertad y desarrollo constituye, a mi juicio, el punto de partida para que la transformación deje de ser una promesa recurrente y se convierta definitivamente en una realidad institucional.
