Para una madre, un padre, un hijo o cualquier familiar, no saber dónde está un ser querido, si está vivo, si necesita ayuda o si volverá a casa es una de las formas más crueles de incertidumbre.
Este 30 de agosto, Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas, no podemos quedarnos únicamente con las estadísticas. Porque detrás de cada cifra hay una familia, una silla vacía, un teléfono que no suena y alguien que sigue esperando.
En República Dominicana, los números deben encender las alarmas. Entre 2022 y febrero de 2026 fueron reportadas 3,313 personas desaparecidas. De ellas, 2,651 fueron localizadas con vida, 397 fueron encontradas fallecidas y 265 permanecían en proceso de búsqueda. Solo en 2025 se registraron 1,310 desapariciones, más del doble que el año anterior.
El país todavía recuerda la angustia provocada por la desaparición del niño Roldany Calderón. Como su caso, existen otros nombres que permanecen en la memoria colectiva y muchos más que corren el riesgo de quedar atrapados en el silencio.
Hay que reconocer que el Estado ha dado un paso importante. En junio de 2026 fue promulgada la Ley 25-26, que crea el sistema nacional Alertas RD, con mecanismos diferenciados como las alertas Amber, Silver, Azul y Rosa, además de un Registro Nacional de Personas Desaparecidas y protocolos de respuesta coordinada. Pero una ley, por sí sola, no encuentra personas.
Y mientras más tiempo pasa, mayor es la desesperación de las familias. Una desesperación que, lamentablemente, también está siendo aprovechada, bajo una nueva modalidad de estafas.
Una investigación periodística realizada por Evelyn Abreu, ha documentado testimonios de 13 familias que aseguran haber recibido solicitudes de dinero relacionadas con la búsqueda de sus seres queridos. En algunos casos, personas se habrían presentado como supuestos oficiales y ofrecido información o diligencias para localizar al desaparecido a cambio de dinero.
Uno de los casos más delicados incluye una solicitud de US$500 para realizar un supuesto allanamiento. En otro, concerniente a la desaparición de Juan Américo Sosa, un familiar recibió contacto de alguien que se identificó como un supuesto “coronel Arias”.
Cuando alguien desaparece, la familia se aferra a cualquier posibilidad. Una llamada, un mensaje o una supuesta pista puede convertirse en un rayo de esperanza. Y precisamente esa esperanza puede ser utilizada para estafar, manipular y revictimizar.
Por eso, la respuesta institucional debe ser rápida, pero también debe existir un mecanismo confiable para que las familias puedan verificar inmediatamente cualquier información que reciban.
También debemos desterrar una idea peligrosa: que hay que esperar 24 o 48 horas para denunciar una desaparición. No hay tiempo que perder. Las primeras horas pueden ser determinantes.
Y hace falta algo más: datos confiables y unificados. Organizaciones de familiares, como ASODOFADE, han reclamado un Registro Nacional Unificado que permita conocer con precisión cuántas personas están desaparecidas, cuáles han sido localizadas y qué casos permanecen abiertos.
Tampoco basta con reaccionar cuando alguien desaparece. Hay que prevenir, proteger a las personas vulnerables, combatir la trata, atender la violencia de género, fortalecer la salud mental y educar a la ciudadanía.
Este 30 de agosto no debería ser solamente una fecha para recordar a quienes faltan.
Debería ser una fecha para preguntarnos qué estamos haciendo para encontrarlos y cómo estamos protegiendo a sus familias mientras los buscan.
